Puntos
de Vista
Análisis y opinión sobre energía
y política
Bolivia:
El rugido del ratón
Por
Gustavo Coronel
No
se que está pasando en el mundo pero las mayores frivolidades
son tomadas como noticias de la mayor importancia o como precursoras
del apocalipsis. El bebé de Tom Cruise y su esposa o el
de Angelina Jolie y su marido son materia de suspenso mundial:
que si los unos se van para Namibia, que si el nombre de la niña
de los otros es de origen judío. Parece ridículo
prestarle tanta atención a estas pequeñas ocurrencias
cuando el planeta Tierra está en caos político,
social y ambiental.
La escena política mundial es rica en lo grotesco. En Zimbabue,
la tierra que oprime Mugabe, el papel toilette se cotiza en $469
el rollo (moneda nacional), lo cuál ha causado un estreñimiento
colectivo. En Venezuela, personajes de segunda y tercera categoría,
quizás alentados por la presencia de numerosos patanes
en la mas altas posiciones de gobierno, se auto-postulan para
la presidencia de la república. Ellos y ellas pensarán
que, en un país donde Hugo Chávez es presidente
e Isaías Rodríguez ha sido Vicepresidente, cualquiera
puede aspirar.
Y en Bolivia ruge el ratón. Evo Morales acaba de decretar
la nacionalización de los hidrocarburos. Asombrosamente,
el mundo se ha estremecido con esta noticia. Los gobiernos de
países afectados la censuran con indignación, mientras
las empresas extranjeras radicadas en aquél país
expresan su consternación ante una decisión que,
al fin de cuentas, tiene tanta significación global como
el bebé de Tom Cruise.
Tengamos, por favor, un poco de perspectiva histórica y
económica. Los recursos de hidrocarburos de Bolivia son
muy modestos, casi todos representados por gas natural. La producción
de petróleo de Bolivia ni siquiera satisface los requerimientos
internos y la producción de gas natural se exporta casi
en su totalidad a dos países: Brasil y Argentina. Un intento
del Presidente Gonzalo Sanchez de Losada de exportar gas a los
Estados Unidos provocó su salida del poder. En términos
globales, la industria de los hidrocarburos de Bolivia es de escasa
importancia.
Bolivia ya ha nacionalizado y privatizado esa industria tres veces.
En 1916 la nacionalizó y en 1920 la privatizó. En
1936 la volvió a nacionalizar y la privatizó en
1989. En 1952 le permitió a las empresas extranjeras operar
en paralelo con la empresa del estado, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos. Cuando el gobierno advirtió que una
empresa privada era demasiado exitosa (Gulf) la nacionalizó.
La industria fue privatizada de nuevo en 1989 y ahora, en 2006,
Evo Morales la ha re- nacionalizado, quien sabe hasta cuando.
El movimiento ha sido pendular, un pallá y pacá.
Mientras la industria boliviana de los hidrocarburos ha estado
nacionalizada ha sido manejada por la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Esta empresa ha sido
siempre ineficiente y, con frecuencia, muy corrupta. En 1968 tenía
4.200 empleados y producía 8.000 barriles diarios mientras,
a su lado, Gulf producía 33.000 barriles por dia con 200
empleados. Por eso esta empresa extranjera fué nacionalizada
cuando lo lógico hubiera sido privatizar a la empresa estatal.
Todos los avances en actividad exploratoria y en el aumento de
las reservas de hidrocarburos de Bolivia se deben a las empresas
extranjeras. En especial las reservas de gas se han multiplicado
por doce durante el último período de privatización.
De allí que el rugido del ratón haya sido desconsiderado.
Evo Morales dijo, al anunciar la nacionalización, que ya
las empresas “no robarían mas a Bolivia”, un
lenguaje de matón de barrio aprendido de Hugo Chávez.
La decisión de Morales fué acordada en la reciente
reunión de La Habana, donde Chávez y Castro le cantaron
la cartilla. Para respaldar la decisión Chávez dejó
en Bolivia, como si fueran soldados en una guerra, a 28 técnicos
de PDVSA, para que “apoyaran a Yacimientos durante los primeros
diás de transición”. Añadió
Chávez que los técnicos de PDVSA sustitutirían
a los extranjeros, en caso de que estos se negaran a operar. Además
le prometió a Morales todo el combustible requerido por
Bolivia en el futuro, unos 200.000 barriles de diesel al mes.
Estas promesas de Chávez constituyen otra violación
abierta de las leyes venezolanas, las cuáles penalizan
actos contra el patrimonio público. El apoyo que Chávez
le promete a Bolivia, en gente y combutible, lo pagará
la nación venezolana, no Hugo Chávez, lo cuál
constituye peculado de uso.
El decreto Supremo No. 28701 de Evo Morales Ayma, nacionalizando
los hidrocarburos, sub-titulado II EROES DEL CHACO (héroes?)
es una buena muestra de subdesarrollo. El lenguaje es pomposo:
“en históricas jornadas de lucha, el pueblo ha conquistado
a costa de su sangre, el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera
vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio
del país…” . Nos recuerda a Cipriano Castro
con aquello de la “planta insolente del extranjero”
etc. El decreto habla de “pueblos originarios, del derecho
de los pueblos a tener sus propios medios de subsistencia, de
la lucha histórica de las naciones”.. en fin, una
serie de clichés que revelan lo que esta decisión
representa, es decir, una acción política producto
del persistente complejo de inferioridad que mantiene a nuestros
pueblos en el atraso. La verdad es que esto no será una
verdadera nacionalización, como no la fué la que
así llamamos aquí en Venezuela, sino un pase de
la industria al control del gobierno, léase el líder
de turno. Así como el dueño del petróleo
venezolano es Hugo Chávez, así el dueño del
gas boliviano va a ser Evo Morales. Los ingresos de esas industrias
estarán al servicio de un proyecto político, no
al servicio de los pueblos.
El decreto de Morales establece (Artículo 2) que los hidrocarburos
producidos por las empresas extranjeras deben ser entregados en
propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,
empresa que se encargará de comercializarlos. Y en el Artículo
3 estipula que las empresas que no estén conformes se van
a tener que ir. En el Artículo 4 se establece que a las
compañias le corresponderá el 18% del valor de la
producción y el 82% irá para el gobierno, durante
el período de transición de 180 dias previo a la
firma de nuevos contratos. La compensación a las empresas
se hará en base a una auditoría llevada a cabo por
el gobierno, la cuál aún no ha comenzado. El texto
es tan vago que es probable que se presenten grandes problemas
entre el gobierno y las empresas como resultado de esta disposición
gubernamental sobre los mecanismos de compensación. En
el artículo 6 se le quitan a los bolivianos las acciones
que estos poseían en dos empresas petroleras, Chaco y Transredes,
las cuales se traspasan al gobierno.
Esto me suena a desnacionalización, como lo que ocurrió
aquí con Mito Juan.
En el artículo 8 se habla de una misión imposible:
“dentro del proceso de refundación de YPFB, se procederá
a su reestructuración integral, convirtiéndola en
una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control
social”. Esta es una misión imposible porque la transformación
radical de una cultura corporativa no se lleva a cabo por decreto
sino que tiene que ser el producto de un proceso sistemático,
el cuál corresponda a las mas íntimas convicciones
de los actores. Es evidente que una empresa que aspire a ser eficiente
no puede estar al servicio de fines sociales. Esa es la tragedia
de la actual PDVSA y de las empresas del laborismo Inglés
de hace 40 años. La confusión de objetivos las mata.
Una empresa es para generar óptimos ingresos, no es un
Instituto de beneficiencia o de repartición de limosnas.
La empresa eficiente genera ingresos y el gobierno los procesa
honestamente para el beneficio del pueblo. Una empresa petrolera
no maneja hospitales, ni restaurantes, ni programas de vivienda,
ni subsidios para los pobres de USA (como Chávez ha ordenado
hacer a CITGO).
Un aspecto particularmente grotesco de la acción “nacionalizadora”
de Bolivia, inspirada en el estilo de Hugo Chávez, es la
acusación de ladrones y malhechores que se le hacen a las
empresas a quienes se pretende retener bajo nuevas condiciones
contractuales. El caso de REPSOL es ilustrativo. A REPSOL se le
acusó de contrabandista. El denunciante, por cierto, es
el actual presidente de YPFB. Se le dictó orden de captura
al Presidente de la empresa en Bolivia, Julio Gavito. La fiscalía
boliviana allanó las oficinas de REPSOL y apresó
a los dos principales gerentes de la empresa, privándolos
del recurso de “Habeas corpus”. Dos días después
se les liberó mediante fianza. El gobierno boliviano consideró
“demostrados” los cargos contra REPSOL. Después
de todas estas acciones en contra de REPSOL Morales ha dicho que
el desearía retenerla en el país. Morales ha destacado
en su visita a España el carácter “fundamental”
de las inversiones españolas para Bolivia. Esta naturaleza
esquizofrénica de las relaciones que Morales pretende establecer
en Bolivia con los inversionistas extranjeros es calcada de la
actitud de Hugo Chávez, quién todos los domingos
insulta por TV a su cliente principal. Como estrategia comercial
no creo que ello de resultados positivos. La reacción de
PETROBRAS y de la misma REPSOL no se han hecho esperar. La empresa
brasileña ha congelado sus actividades en Bolivia y REPSOL
niega haber aceptado la nacionalización de sus activos.
En Bolivia ruge el ratón. Y el mundo tiembla!
Gustavo
Coronel
es un veterano geólogo de la industría petrolera,
miembro director de la primera junta directiva de PDVSA (1975-1979).
Actualmente Coronel colabora en Petroleumworld como asesor editorial.
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