Puntos
de Vista
Análisis y opinión sobre energía
y política
Del
mercadismo al populismo hidrocarburífero:
El caso boliviano
Por
Federico Bernal
El
gas natural se ha convertido en un recurso sumamente estratégico
pues explica el 23% de las necesidades energéticas mundiales.
Especialistas del pasado XVIII World Petroleum Congress, estimaron
para los próximos años un 50% de aumento en la demanda
de energía con un incremento del 70% sólo para el
gas natural. Ninguna novedad desde que su consumo mundial creció
sin pausa alrededor de un 75% durante el último cuarto
de siglo.
Las
mayores reservas de este recurso se concentran en países
miembros de la OPEP (49,1%). Entre los cinco mayores reservorios
mundiales, se destacan: Rusia (26,7%), Irán (15,3%), Qatar
(14,4%), Arabia Saudita (3,8%) y Emiratos Árabes Unidos
(3,4%). Por su parte, América latina sólo cuenta
con el 4% de las reservas mundiales.
En
Sudamérica los países con las mayores reservas son
dos: Venezuela, con el 2,3% de las reservas mundiales, seguida
por Bolivia, con apenas el 0,4%. Más detalladamente, las
últimas disponen de 48,7 trillones de pies cúbicos
(TCF); de ese volumen 26,74 TCF son probados y 22,02 son probables
(certificación al 31 de diciembre del 2004). De las probadas,
8 TCF están comprometidos con Brasil y otros 8 TCF sumará
el contrato que se firme con la Argentina. Los restantes 10 TCF
deberán ser empleados en la industrialización y
en las negociaciones del “gas por mar” con Chile.
Llegado
a este punto, podríamos reflexionar lo siguiente: si bien
Bolivia cuenta con una apreciable capacidad gasífera, no
es la potencia que se solía creer. Entonces, ¿por
qué los recursos hidrocarburíferos en ese país
son motivo de tan elevada conflictividad social? ¿Por qué
en su campaña presidencial Evo Morales utiliza al gas natural
como factor de aglutinación política y unidad social?
¿Por qué la nacionalización? Sencillo. El
neoliberalismo instaurado a partir de 1985 se dedicó a
enajenar los beneficios económicos derivados de los hidrocarburos,
imposibilitando su uso como base de reindustrialización
y desarrollo bolivianos. Permitió, asimismo, la proliferación
de innumerables negocios espurios, protegidos por un manto de
absoluta ilegitimidad jurídica e inconstitucionalidad,
olvidando que el verdadero dueño de esos recursos, es justamente
quien quedaba excluido del banquete: 9 millones de bolivianos.
La reacción lógica y justa –además
de proclamada y anticipada– fue la recuperación de
la renta petrolera. En pocas palabras: la nacionalización
de los hidrocarburos.
En
efecto, el 97% de la población carece de acceso al gas
natural por redes. Para calefaccionarse y cocinar, el 60% de ese
porcentaje emplea gas licuado de petróleo (GLP) envasado
en garrafas y el 40% restante quema plásticos, leña,
residuos orgánicos e inorgánicos. Si discriminamos
entre zonas urbanas y rurales, estás últimas utilizan
leña como principal energético en un 75% de los
hogares revelados (Instituto Nacional de Estadísticas,
Bolivia – IDICSO-USAL, Argentina). Para variar, el gas licuado
de petróleo (GLP) envasado en garrafas era comercializado
por las petroleras a precios internacionales: 35 dólares
por barril en 2003. Como se advierte, un absurdo aplicado sin
pausa desde aproximadamente dos décadas y que rinde culto
al aforismo del ex presidente Carlos Blanco Galindo (1930): “somos
un país pobre, debemos vivir pobremente”.
¿Bolivia,
país pobre?
Las estadísticas e informes del PNUD y el Banco Mundial
–entre muchos otros– que señalan a Bolivia
como el país más pobre de Sudamérica, afianzan
dicha máxima y le otorgan carácter de sentencia
eterna e irreversible. Pues bien, Bolivia no es un país
pobre sino que ha sido empobrecido. Desde un estricto punto de
vista economicista, se estima que el valor de sus reservas gasíferas
y petroleras superan los 150 mil millones de dólares. Cuenta
además con una de las mayores reservas minerales de estaño,
hierro y magnesio. Por ejemplo, la mina de Huanuni (Oruro) es
una de las principales reservas mundiales de estaño calculadas
en 6 millones de toneladas (Universidad Técnica de Oruro
(UTO) – Comibol). Con la cotización del mineral a
9.542,5 dólares/tonelada, el valor de las mismas equivale
a 57.255 millones de dólares. Ahora bien, si el gobierno
de Evo Morales profundiza su decisión de industrializar
los sectores mineros y energéticos, transformando la paupérrima
matriz energética interna en una técnica e industrialmente
avanzada (plantas de Petroquímica, de GLP, GTL, termoeléctricas,
entre otras iniciativas), entonces las cifras anteriores tranquilamente
se duplicarán o triplicarán. Consecuentemente, Bolivia
no es un país pobre sino todo lo contrario. Es un país
rico vendido al exterior como tal, aunque propuesto internamente
(y gobernado) como pobre. Rico hacia fuera y pobre hacia adentro,
la clave del éxito radicará en invertir dichas riquezas
en el desarrollo socioeconómico endógeno; esto es,
sentirse ricos para enriquecer a la nación.
Y
fue el proceso iniciado en 1985 el que empobreció a Bolivia
a niveles incalculables. Destruyó y privatizó las
empresas públicas bolivianas, transfiriendo al sector privado
la gestión de las áreas de servicios públicos.
Un proceso que alcanzó su cenit entre 1993 y 1997, a través
de la Ley Nº 1544 de Capitalización (que afectó
a las seis principales empresas estatales bolivianas) y la Ley
Nº 1689 de Hidrocarburos. Igual suerte corrió casi
simultáneamente la Argentina, con las leyes nacionales
23.696 y 23.697 (de Reforma del Estado y de Emergencia Económica
-1989). En ambos países, la industria minera e hidrocarburífera
resultarían las presas más codiciadas como los más
notables ejemplos planetarios de reestructuración. Estaba
en juego el control de la renta petrolera y minera.
La renta enajenada
El flamante embajador boliviano en la Argentina, Dr. Roger Ortiz
Mercado, publicó en 2005 el artículo titulado “Renta
petrolera y seguridad jurídica”, donde expresaba
que “el tema central es no permitir que la renta petrolera
esté en manos del Estado Nacional, y constituye un acto
de bloqueo - económico, social, cultural y tecnológico-
dado que inviabiliza el desarrollo nacional”. La nacionalización
de los hidrocarburos decretada por la gestión del presidente
Morales se propone corregir dicha aberración.
Veamos
algunos ejemplos. La explotación de las minas de plomo,
plata y zinc en San Bartolomé y San Cristóbal, en
el departamento de Potosí, producirán en la próxima
década un rédito de U$S 10 mil millones, con una
inversión total de apenas 570 millones. Como consecuencia
de la privatización de la Corporación Minera de
Bolivia (Comibol) y la reestructuración del Código
de Minería promovidos durante la década del 90,
el proyecto le dejará al Estado Boliviano sólo 20
millones, es decir, un 0,2% de las utilidades.
En
relación al gas natural, los dos megacampos con los que
cuenta el país producen alrededor de 940 millones de dólares
anuales. De 1996 a 2005, las compañías que explotaban
estos yacimientos retuvieron el 82% (771 millones) y el Estado
apenas 18% (169 millones). Iguales cifras se replican para los
restantes campos, que totalizan el 95% de las reservas certificadas.
No obstante, las inversiones realizadas por las petroleras no
superaron los 100 millones anuales (derrumbándose a 10
millones o inversiones nulas, según los años). Para
el Banco Mundial, a pesar de las nuevas condiciones favorables
implantadas por el neoliberalismo, entre 1991 y 2000 los volúmenes
de las nuevas inversiones fueron prácticamente similares
a las existentes.
La
renta petrolera, parte sustancial del PBI, del presupuesto nacional
y del ingreso de divisas le dejó a Bolivia entre 1998 y
2002 unos 1.410 millones de dólares. En contraste, las
compañías transnacionales cosecharon como mínimo
6.423 millones, el 82% de la renta total .
Del
populismo al mercadismo hidrocarburífero
Según el diccionario de la Real Academia, populismo significa:
“perteneciente o relativo al pueblo”, simple y justa
definición que ha perecido a la impuesta por los expertos
de la PNUD y a la encumbrada de Gino Germani, como un “modo
de dominación autoritario bajo un liderazgo carismático
asociado a las clases populares”. Si analizamos América
latina desde sí misma, veremos la acuciante necesidad de
dar vida a un nuevo término, inédito aún
por la Real Academia y omitido por sociólogos europeizados
o norteamericanizados, nativos o extranjeros. Esa novel expresión
la denominaremos “mercadismo”, y que para sintetizar
su descripción, bien podríamos parafrasear al “populismo”
de Germani. Así, mercadismo atañe a todo “modo
de dominación autoritaria y antijurídica bajo un
liderazgo carismático asociado a los mercados”.
En
Bolivia –como en la Argentina–, la planificación,
gestión y control del modelo energético, como sus
excedentes diferenciales, se trasladaron de manos estatales a
privadas, en su inmensa mayoría extranjeras.
El sistema político, económico y jurídico
que permitió semejante transferencia no fue otro que el
mercadismo en el poder. Para ello, las fuerzas dominantes se valieron,
en primer lugar, de una masiva campaña de desprestigio
hacia lo estatal acompañado de un sabotaje permanente a
las empresas estratégicas del sector. Debían dar
pérdidas para justificar el latrocinio. Yacimientos Petrolíferos
Bolivianos (YPFB) aportaba antes de 1993 entre un 50 a un 60%
de lo recaudado al Tesoro General Nacional (TGN). A partir de
entonces comienza a ser deficitaria y a aportar entre un 30 a
un 15% al TGN. Luego con la privatización, las compañías
extranjeras se transformaron en las principales contribuyentes.
Repsol, una de las primeras en activos, aportó en 2002
un 0,14% al TGN.
Pero
como el mercadismo no sobrevive sin inconstitucionalidad ni inseguridad
jurídica popular –puesto que se enriquece en base
al sometimiento de los intereses nacionales–, debió
generar un ambiente de “seguridad jurídica”
hacia los inversores extranjeros. El primer paso fue beneficiar
a los recién llegados con las instalaciones y los yacimientos
en producción de las empresas petroleras estatales. En
el caso de Bolivia, la mayor parte de la producción de
gas natural (75%) provenía de los yacimientos de YPFB en
el Departamento de Santa Cruz En la Argentina, un 95% de las concesiones
transferidas al capital privado y en actual producción
fueron descubiertos y promovidos por YPF estatal.
En
segundo lugar, el mercadismo boliviano violó sistemáticamente
las leyes nacionales de hidrocarburos y la Constitución
vigentes. El Estado de Derecho, determina que el proceso administrativo
necesita de una ley, pero esa ley debe sujetarse a lo contenido
por la Constitución para otorgar “seguridad jurídica”.
Las compañías que hoy lamentan el fin de la “seguridad
jurídica”, invirtieron fundamentándose en
la Ley de Hidrocarburos 1.689 impulsada por Sánchez de
Lozada (SL) que reconocía a los concesionarios el derecho
a la libre comercialización interna y externa de los hidrocarburos,
otorgándoles la propiedad del concesionario sobre los hidrocarburos
extraídos en boca de pozo. Dicha ley contraviene la Constitución
Política del Estado (art. 139), según la cual el
Estado es el propietario directo, inalienable e imprescriptible
de los recursos del subsuelo, especificando además que
ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad
de los yacimientos de hidrocarburos.
Efectivamente,
tal como fuera oportunamente denunciado por el actual ministro
de hidrocarburos Dr. Andrés Soliz Rada, el mercadismo permitió
que empresas como Repsol y Total cometieran el delito de defraudación
al inscribir como propios los depósitos del subsuelo y
las reservas de hidrocarburos del país en la Bolsa de Valores
de Nueva York. Dicho acto, además de considerarse un delito
federal en Estados Unidos, viola lo establecido en la Constitución
boliviana. Asimismo, constituyó otro ilícito lo
sucedido con el mayor pozo gasífero de Bolivia, San Alberto,
descubierto y entregado a la producción por Jaime Paz Zamora
(1989-2003) que rendía un 50% de regalías. Por orden
presidencial de SL, fue declarado “nuevo” para que
la imposición tributaria baje a 18%. Igual sucedió
con el megacampo “Margarita”, que luego de su reclasificación
(1996), pasaría a tributar sólo el 6 % al TGN, en
lugar del 38 % vigente en la Ley de 1990.
Fue
además el ex presidente mercadista quien entregó
a “título gratuito” el 50 por ciento de las
acciones de concesiones con reservas certificadas a Repsol, Petrobras,
Amoco y Pan American. Del mismo modo, fue durante su gestión
que se adjudicó a Transredes –empresa integrada por
la sociedad Enron-Shell, las dos compañías con los
mayores escándalos de corrupción y falsificación
de activos del sector energético mundial–, el manejo
de casi todos los oleoductos, gasoductos y poliductos del país.
Mercadismo y empobrecimiento
El referido modelo energético de mercado, tiene la particularidad
de actuar simbióticamente con un modelo interno de empobrecimiento
socioeconómico. De esta manera, surte efecto la típica
y poco estudiada “retroalimentación mercadista”:
objetivo exportador de la política energética con
destrucción del mercado interno (demanda negativa) y desmantelamiento
del sector industrial. El resultado en Bolivia: endeudamiento
externo equivalente al 56% del PBI y mayor en un 6% al de 1996;
67,3% de la población por debajo de la línea de
la pobreza, alcanzando un 80% en áreas rurales y un 60%
en centros urbanos (INE, Bolivia – 2003-2005).
El
empobrecimiento del mercado interno es piedra angular del mercadismo.
El ex presidente Mesa lo sabía muy bien. En 2004 afirmó
que Bolivia tenía una reserva de gas calculada en 55 trillones
de pies cúbicos (TPC) –ahora reducida a 48–,
y como utilizaba internamente sólo 2 TCP, entonces no quedaba
otra salida que exportar. Y fue con este objetivo –el más
rentable para los inversionistas– que se destinaron las
operaciones de las transnacionales, por lo menos desde 1997 a
la fecha. El mercado interno, por ser poco rentable, fue desechado
casi por completo. Por ejemplo, en febrero de 2005, el volumen
destinado al consumo interno constituyó un 15.27% respecto
del exportado. Valores que no han variado mucho, dado que actualmente
Bolivia produce diariamente alrededor de 35 millones de metros
cúbicos de gas, de los cuales exporta a Brasil y Argentina
cerca de un 90%.
Inversiones
extranjeras y populismo
Si desde 1996 a 2005 las inversiones extranjeras en Bolivia totalizaron
unos 3.500 millones de dólares, con el populista e ignoto
Evo Morales se cuecen cinco nuevas alianzas estratégicas
mixtas por un valor superior a los 6.320 millones de dólares
(compañías bolivianas GTL- Bolivia y Petroleum Synergy,
World Business (WB), Franklin Oil and Gas, Shaw Group y Predatos
Technologies). Solamente WB planea invertir 5.000 millones de
dólares en la industrialización del gas y transporte
del excedente a EE.UU. a través de un proyecto LNG.
Pero
además, el populismo, al nacionalizar el control, la gestión
y planificación de la política energética,
genera el ámbito apropiado para la negociación y
la firma de convenios interestatales, convocando la presencia
de empresas nacionales de energía. Un dato nada menor puesto
que, por ejemplo, los dueños de las actuales reservas de
gas natural a nivel mundial son las compañías públicas
con un 64% (las privadas un 36%). A diferencia de los objetivos
perseguidos por las compañías privadas, las empresas
estatales se guían por intereses nacionales (y no empresariales),
planificando en el largo plazo, consolidando las relaciones bilaterales
y contribuyendo al equilibrio entre lo países vecinos.
Al
respecto, tenemos el caso de la venezolana PDVSA, que planea una
inversión de US$1.500 millones en exploración, producción,
industrialización y comercialización. PDVSA será
además la encargada de certificar las reservas de gas natural
de Bolivia, sobredimensionadas por la anterior consultora. En
igual sentido, Bolivia y Paraguay impulsarán un ambicioso
proyecto de integración energética binacional, con
un gasoducto y plantas industriales derivadas que requerirían
inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares.
Por último, las negociaciones con la Argentina y Brasil
por el precio del gas y los nuevos volúmenes de abastecimiento,
que a pesar de la complejidad, llegarán a buen puerto y
harán más equitativa –y por ende confiable–
la provisión del energético.
Finalmente,
YPFB y la empresa estatal rusa Gazprom planean armar una sociedad
conjunta, con una inversión superior a los 3.000 millones
de dólares. El objetivo de la alianza radicará en
la búsqueda de nuevos campos para viabilizar la exportación
de LNG (gas natural licuado) a México o a Estados Unidos
y la construcción de gasoductos hacia Paraguay y Uruguay.
Las
ricas lecciones de los más “pobres”
Un 92% del pueblo boliviano apoyó la nacionalización.
En Mayo de 2006, el ya vapuleado mercadismo sucumbió al
populismo. De ahora en adelante, YPFB controlará cerca
del 15% de las reservas de gas del país y se convertirá
en la tercera petrolera local, por detrás Repsol-YPF y
Petrobras. La política hidrocarburífera será
dictaminada por el Estado quien gestionará toda la cadena,
es decir, la extracción, el transporte, la refinación
de petróleo, el fraccionamiento de gas, la comercialización
interna y externa. Será YPFB quien obtenga directamente
la renta petrolera calculada en 600 a 800 millones de dólares
anuales.
A modo de breve conclusión, la lección que el actual
proceso boliviano brinda al civilizado occidente es la siguiente:
1) En tiempos de mercadismo, las altas tasas de ganancia privadas
son inviables en el tiempo (10 a 15 años como máximo),
con elevadísimas posibilidades de perder tanto lo invertido
como lo embolsado, puesto que todo período mercadista finaliza
con su antítesis: un proceso populista o neopopulista.
2) Las compañías privadas en tiempos de populismo
obtendrán menores tasas de retorno que durante el mercadismo,
aunque compensadas por su extensión en el mediano o largo
plazo. Asimismo, si el populismo es destituido, el mercadismo
será incapaz de expropiar o nacionalizar, es decir, no
existirá la incertidumbre a futuro de malograr la inversión
original ni dañar sus activos.
3) Desde un enfoque jurídico y legal, el populismo a través
del Estado y sus empresas, gestionará, controlará
y regulará las inversiones extranjeras, y lo hará
acorde a las leyes y la Constitución Nacional. Contrariamente,
el mercadismo se fundamenta en la violación sistemática
a los marcos regulatorios, leyes y constituciones locales, debiendo
consecuentemente, erigir una pirámide jurídica y
legislativa antagónica a los intereses populares y nacionales.
4) El populismo, al contar con el beneplácito de las clases
más postergadas, resulta más seguro en términos
de conflictividad social que el mercadismo, donde la conflictividad
prolifera exponencialmente.
Señores
accionistas y empresarios, en América latina es más
seguro y lícito invertir durante gestiones populistas.
Federico
Bernal
es bioquímico y biotecnólogo (UBA), autor del libro
“Petróleo, Estado y Soberanía: hacia la empresa
multiestatal latinoamericana de hidrocarburos” (Biblos,
Mayo 2005). Investigador del Instituto de Investigación
en Ciencias Sociales (IDICSO-USAL). Sus puntos de vista no necesariamente
son los de Petroleumworld.
Nota
del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por Red
Voltaire Org, el 25 de mayo de 2006 (www.voltairenet.org ). Petroleumworld
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publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión
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