Puntos
de Vista
Análisis y opinión sobre energía
y política
Interconexión
energética sin integración política
Por
Gerardo Honty
Si bien desde fines de la década del ochenta América
Latina ha sufrido
la influencia de los centros de pensamiento neoliberales que
promovieron
la privatización del sector energético, los últimos
años han marcado un giro en procura de un reposicionamiento
del Estado. Así hemos visto cómo la pretensión
de volver a nacionalizar el petróleo hizo renunciar a
un presidente boliviano, cómo un presidente argentino
resolvió la creación de una nueva empresa estatal
de energía o cómo los uruguayos decidieron en
un plebiscito que no permitirían la participación
privada en la empresa estatal de petróleo. En general,
la región está “de vuelta” del impulso
liberalizador que se vivió en la década pasada.
A pesar de que las crisis económicas de los primeros años
de este nuevo
siglo abatieron la tendencia al crecimiento constante del consumo
de
energía, los países del Mercosur no pudieron evitar
que les faltara suministro
energético. En diferentes momentos y de diferentes maneras,
Brasil,
Argentina, Chile y Uruguay se vieron enfrentados a problemas serios
de abastecimiento y debieron recurrir a distintas medidas para
reducir el
consumo o diversificar las fuentes de suministro.
Especialmente la crisis de producción de gas natural, que
se suscitó en
Argentina en el otoño de 2004 y que arrastró a Chile
y Uruguay, puso en
evidencia las debilidades de la integración energética
regional. Argentina
tenía contratos de provisión de gas natural a Chile
y de electricidad a
Uruguay,
los que no pudo cumplir debido a problemas internos. Ambos
compradores perjudicados salieron de la crisis con la clara convicción
de
que Argentina no es un socio confiable.
En el caso uruguayo se comenzó a especular con importar
electricidad
desde Paraguay, además de aumentar el parque térmico
propio. En
Chile empezaron a pensar en fuentes autóctonas como la
geotermia, y
aún se expresa perplejidad ante la negativa de Bolivia
de abastecerlo de
gas natural debido al histórico y más que centenario
conflicto entre los
dos países, relativo a la salida boliviana al mar.
Brasil, por su parte, tiene el mayor consumo del Mercosur y ha
echado
mano a todo lo que pudo. El país apuesta a construir grandes
centrales
hidroeléctricas y el propio gobierno intenta eximir a estas
obras de estudios
de impacto ambiental, para que así puedan hacerse y en
el plazo más
breve. Se apuesta también a la importación de gas
natural desde Bolivia y
Venezuela, a la explotación de las reservas propias de
petróleo y gas existentes
bajo el mar territorial, a fuentes renovables como la energía
eólica
y especialmente las biomasas. También, y con una dedicación
destacable
en la región, se impulsan el ahorro y la eficiencia energética.
Brasil acaba
de anunciar en forma contundente que ha alcanzado la autosuficiencia
en materia petrolera.
En general todos los países, apuestan de una u otra manera
a que el
gas natural llegue desde alguna de las reservas más importantes
existentes
(Perú, Bolivia o Venezuela) a precios baratos y en abundancia.
Esto ha generado una proliferación de planes de gasoductos
que veremos
más adelante.
El papel de la banca multilateral
América
Latina se embarcó durante la década del noventa
en un modelo de desarrollo energético común basado
en la integración regional, la extensión del uso
del gas natural y el ingreso de compañías privadas
en todas las áreas del negocio energético. Este
fenómeno no fue casual, sino que respondió a las
nuevas condiciones establecidas por la banca multilateral de desarrollo
para financiar las necesidades del sector. La banca multilateral
de desarrollo era la encargada de suministrar los fondos para
los grandes emprendimientos del sector energético. Pero
dos factores parecen haber influido para operar un cambio de timón
en su orientación.
Una de ellas fue la corrupción instalada en muchos gobiernos
de la región,
que hizo ineficientes y excesivamente costosos todos los proyectos
energéticos. Un ejemplo paradigmático de esto fue
la represa Yaciretá,
complejo hidroeléctrico binacional argentino-paraguayo
cuyo costo estaba
previsto en menos de dos mil millones de dólares y terminó
costando
más de diez mil millones. Pero por otro lado, la banca
multilateral de
desarrollo percibió que las necesidades energéticas
del Tercer Mundo
eran crecientes y que las grandes empresas de la energía
encontrarían
excelentes oportunidades de ganancia, lo que las llevaría
a invertir en
esos países.
La lógica de los bancos fue cortar el estilo de financiamiento
impulsado
hasta entonces y que tenía a las monopólicas empresas
estatales de la
energía como destinatarias de sus proyectos y promover
una reforma del
sector que fuera atractiva para las grandes empresas de la energía.
En 1992 el Banco Mundial lanzó su nueva estrategia energética
en
un documento llamado “El rol del Banco Mundial en el sector
electricidad”.
Allí se sentaron las bases del nuevo orden para la energía
mundial:
fomento de la inversión privada, orientación comercial
de las empresas
estatales, nuevos marcos regulatorios e integración regional.
El
Banco Mundial, además, advertía expresamente que
no otorgaría préstamos
a los países que no se ajustaran a su nueva política
(Banco Mundial,
1993).
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, siguió
los
mismos lineamientos, aunque su documento de estrategia recién
se publicó
en 2000 (BID, 2000). Sus metas fundamentales son: la consolidación
de las reformas estructurales y reguladoras, la integración
de los mercados energéticos de la región, acceso
de toda la población a las fuentes de energía modernas
y preservación del ambiente.
Consumo
de energía en el Mercosur 2002, expresado en BEP
(Barriles equivalentes de petróleo)
|
País |
Total
x 103 |
Per
capita |
Intensidad
energética bep/PBI |
| Argentina |
290.042 |
7,6 |
1,3 |
| Bolivia |
18.285 |
2,1 |
2,2 |
| Brasil |
1.168.403 |
6,7 |
1,5 |
| Chile
|
144.491
|
9,3 |
1,6 |
| Paraguay
|
26.431
|
4,6 |
3,1 |
| Uruguay
|
16.213 |
4,8 |
1,0 |
Fuente
Olade, 2002
El desafío era –y aún es– grande para
los países de América Latina.
Los gobiernos de todo el mundo invierten sus fondos en organismos
como
el Banco Mundial y el BID. Los intereses que reciben por sus depósitos
son menores que los que recibirían en cualquier otro banco
comercial,
pero el riesgo es menor. Esto, a su vez, le permite a estos bancos
otorgar
préstamos a los países pobres con menores intereses
que los bancos comunes
y por eso se denominan “bancos de desarrollo”. Pero
el Banco
Mundial y el BID decidieron no seguir sustentando las inversiones
energéticas
en América Latina, por lo que los países de la región
debieron
atraer fondos privados para financiar las obras en el sector.
El centro de las preocupaciones de los jerarcas gubernamentales
dejó
de ser el aumento de viviendas con servicio eléctrico o
la autosuficiencia
energética y pasó a concentrarse en la atracción
de la inversión privada.
Cada uno de los países procura ofrecer las mejores condiciones
para captar
esos fondos que le permitan construir centrales eléctricas,
buscar petróleo
o explotar gas natural.
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional
Suramericana
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional
Suramericana (IIRSA) es un foro de diálogo entre las autoridades
responsables
de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones
en los doce países sudamericanos. Como marco orientador
para el trabajo, el Comité de Dirección Ejecutiva
(CDE) de IIRSA definió
un conjunto de siete Principios Orientadores para la formulación
de la Visión Estratégica: regionalismo abierto;
ejes de integración
y desarrollo; sostenibilidad económica, social, ambiental
y político-
institucional; aumento del valor agregado de la producción;
tecnologías
de la información; convergencia normativa; y coordinación
público-privada.
En noviembre de 2004, el Comité de Dirección Ejecutiva
del IIRSA
aprobó una “Agenda de Implementación Consensuada
2005-2010” que
contiene treinta y un proyectos de integración acordados
por los países
sudamericanos. La mayoría están relacionados con
la construcción o
mejoramiento de carreteras y puentes.
Se incluyen procesos sectoriales (transporte, comunicaciones,
etc.),
donde en el caso de energía se sostiene que su objetivo
principal “es promover
acciones tendientes a crear las condiciones necesarias para que
se
desarrollen eficientes interconexiones energéticas regionales,
bajo un
marco regulatorio que promueva la competencia y el libre comercio”.
El
proceso está orientado a suscribir una “agenda de
consensos entre los
gobiernos que permita la optimización de las interconexiones
existentes
y la integración energética regional”. El
IIRSA identifica varios “ejes” que
se corresponden con corredores comerciales de alta movilidad que
generalmente
conectan los diferentes centros productivos con los puertos de
la región. El eje del IIRSA que se corresponde con la integración
energética
del Mercosur es el eje “Mercosur-Chile”.
Este eje abarca todo el Uruguay, el centro de Chile, el centro
y noreste
de Argentina, el sur de Brasil y el sudeste del Paraguay. Como
puede
apreciarse, es un área que comprende regiones económicamente
muy
significativas como San Pablo, la Región Metropolitana
de Chile y Buenos
Aires. El producto interno bruto de este eje en su conjunto se
estima
en quinientos mil millones de dólares, contiene a la mitad
de la población
y genera cerca de setenta por ciento de la actividad económica
de
América del Sur.
Pero este tipo de iniciativas incrementa la deuda externa pública
de
los países de la región en megaproyectos de infraestructura
(las organizaciones
sociales ya están llamando al IIRSA “giga-proyecto”)
que van a
servir a los intereses de las grandes compañías
constructoras pero que
no tienen un vínculo claro con el objetivo de la reducción
de la pobreza
y la mejora de la calidad de vida de la población. Se asume
que la
conectividad entre las regiones centrales y metropolitanas con
los puertos
va a resultar de por sí en un desarrollo humano sustentable.
Se asume
también que sacar más fácilmente la producción
primaria (soja,
productos forestales, mineros, etc.) supone una mejora para los
países.
En general puede observarse que es poca la ganancia nacional de
estos
productos, es pobre la cantidad y calidad de los empleos y son
capitales
extranjeros los que explotan cada vez mayores extensiones de tierra
o
explotaciones mineras.
“Los arquitectos del IIRSA plantean que la industria, los
gobiernos,
los ecosistemas, y la gente se beneficiarán equitativamente
del desarrollo
de la infraestructura regional. Este planteamiento está
basado en el supuesto
de que el «regionalismo abierto» –una combinación
de liberalización
de comercio, la inserción en el mercado global y la infraestructura
masiva– conducirá automáticamente al desarrollo
sostenible. No obstante,
hasta el ex presidente del BID Enrique Iglesias admite que la
fuerza
detrás del financiamiento para los nuevos grandes proyectos
de infraes-
tructura es “el exceso de liquidez” y no como plantea
IIRSA el sueño bolivariano de integración regional.
La solución fácil al problema de “demasiada
plata con nada que comprar” está en financiar grandes
proyectos de infraestructura. Así que mientras el discurso
IIRSA es integracionista, su lógica es mayormente financiera
(Bank Information Center: “La iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional en Sur América. www.bicusa.org;
2006).
En este sentido, en el marco de la Comunidad Sudamericana de
Naciones se firmó el Acuerdo de Complementación
Energética Regional,
con un texto muy general donde el motor de la integración
sigue siendo facilitar la infraestructura para lograr el mayor
suministro
de energía al precio más bajo, aumentando la deuda
externa de
los países y sin llegar a los sectores que hoy no tienen
–o tienen muy
escaso– acceso a la energía.
La integración energética en el Sur
Los Proyectos Energéticos del Eje Mercosur-Chile en el
Marco del IIRSA
son los siguientes: Sistema Itaipu; Hidroelétrica Corpus
Christi; Hidroeléctrica
Garabí; Yaciretá a cota 83; Gasoducto Aldea Brasilera-Uruguayana-
Porto Alegre; Línea Transmisión Itaipú-Londrina-Araraquara;
Línea Transmisión
Yaciretá-Ayolas-Carabao; Línea Transmisión
Yaciretá-Buenos
Aires; Central Térmica de ciclo combinado de San José
(Uruguay);
Hidroeléctrica de Iguazú; Gasoducto Noreste Argentino
(único incluido
en la Agenda 2005-2010).
Estos y otros proyectos no sólo son financiados por la
banca multilateral
de desarrollo, sino que están tomando más relevancia
las empresas regionales
latinoamericanas, con los casos más claros de las petroleras
estatales
de Venezuela y Brasil –PDVSA y Petrobras, respectivamente–,
junto a
los bancos nacionales de desarrollo, el venezolano BANDES y el
brasileño
BNDES.
La información sobre el total de los proyectos financiados
o en estudio
de estos bancos está todavía dispersa. Pero a modo
de ejemplo, BNDES
está participando en un proyecto hidroeléctrico
en la República Dominicana,
una represa en Venezuela (La Vueltosa), otra en Ecuador (San Francisco),
financió turbinas en el proyecto Tres Gargantas en China
y aportó
mil millones de dólares para la represa de Capanda en Angola.
Además,
tiene en proyecto una represa en Vietnam y también se interesa
en el
gasoducto sudamericano y otros proyectos dentro del IIRSA. BANDES,
en tanto, también ha prometido inversiones en varios países
de la región
como Bolivia, Argentina y Uruguay.
Paralelamente, los acuerdos binacionales de integración
eléctrica entre
los países del Mercosur son muy importantes. Muchos convenios
tienen una larga historia, como el Acuerdo de Interconexión
Energética
firmado entre Argentina y Uruguay, que entró en vigor en
1974, o el
Convenio de Interconexión Energética entre Uruguay
y Brasil de 1968.
Entre Brasil y Argentina, el primer Memorandum de Entendimiento
sobre Desarrollo de Intercambios Eléctricos y Futura Integración
Eléctrica
data de 1997.
Pero como acuerdo regional, además de los documentos generales
como
el Tratado de Asunción (1991) y Protocolo de Ouro Preto
(1994), el documento
básico para iniciar el proceso de integración eléctrica
en el Mercosur
lo constituyó el Memorando 10/98. En él los países
se comprometen a:
Abrir
la competencia en el mercado de generación.
Declarar sujetas a reglas de libre comercio las transacciones
que realicen
los agentes de mercado reconocidos de los distintos países.
Como parte de esas reglas, asegurar la reciprocidad y no discriminación
de la demanda u oferta que provenga de otro país firmante
del
acuerdo.
Prever la libertad para el tránsito, transporte y distribución
de la energía
de/para terceros países.
Prever la institucionalidad para: la coordinación de los
despachos, la
prospectiva de la red de transmisión regional y la resolución
de las
controversias entre agentes o Estados.
Perfeccionar las herramientas para la defensa de la competencia
en el
marco de la nueva economía.
Asegurar el acceso a la información relevante para el funcionamiento
del mercado.
En la actualidad, las interconexiones eléctricas existentes
son las siguientes:
Argentina y Brasil (Rincón de Santa María-Garabí).
Argentina y Uruguay, con la represa de Salto Grande (Central
Hidroelécrica, 1900 MW), y la conexión San Javier-Colonia
Elía;
Uruguay y Brasil en Rivera-Livramento.
La integración gasífera
A esto se ha sumado más recientemente la integración
gasífera. El documento
de base en el Mercosur es el Memorando 10/99 aprobado en diciembre
de 1999 en el Consejo del Mercado Común. Allí los
países miembros
del bloque acordaron las siguientes acciones:
Fomentar
la competitividad del mercado de producción de gas natural,
sin la imposición de políticas que puedan alterar
las condiciones normales de competencia.
Asegurar que los precios y tarifas de los servicios asociados
a la compra
y venta de gas natural, tales como transporte, distribución
y almacenaje,
respondan en sus respectivos mercados a costos económicos,
sin subsidios directos o indirectos que puedan afectar la competitividad
de los bienes exportables y el libre comercio de los Estados
Partes.
Asegurar que los precios y tarifas incluyan todos los costos,
particularmente los ambientales y sociales, de forma tal que
tiendan a maximizar un desarrollo sustentable.
Permitir a los distribuidores, comercializadores y grandes demandantes
de gas natural contratar libremente sus fuentes de provisión
en el
ámbito del Mercosur, de conformidad con la legislación
vigente en
cada Estado Parte y con los tratados vigentes entre los Estados
Partes.
Respetar el acceso a la capacidad remanente de las instalaciones
de
transporte y distribución, incluyendo también
el acceso a las
interconexiones internacionales.
Poner en práctica mecanismos de acceso a la información
relevante
de los sistemas gasíferos, de los mercados y sus transacciones
en materia de gas natural.
Los programas de integración gasífera se presentan
recientemente como
proyectos de futuros gasoductos, y hay varios de ellos en consideración.
Anillo
energético del Cono Sur
En octubre de 2005 los jerarcas de Energía de Argentina,
Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay acordaron trabajar el proyecto
Gasoducto
del Sur, que insumiría dos mil quinientos millones de dólares
y un
acuerdo de integración energética regional. Actualmente
ya están conectados
para la circulación de gas natural Bolivia con Brasil y
Argentina, así
como Argentina con Uruguay y Chile, faltando sumar al circuito
a Perú y
Paraguay. El proyecto consistía en construir un ducto de
mil doscientos
kilómetros desde el puerto peruano de Pisco –conectado
al yacimiento
de gas en Camisea– hasta la chilena Tocopilla, donde se
conectaría con la red existente en el Cono Sur.
Pero las reservas peruanas de Camisea y Pagoreni se estiman en
el
orden de los once millones de pies cúbicos. En los próximos
veinte años
se espera que su propio mercado interno consuma cuatro millones
y otros
cinco millones sean exportados a México. De manera que
poco llegaría a
los países del Cono Sur, salvo que nuevas exploraciones
aumentaran el
volumen de reservas hoy conocido. Sin embargo, la construcción
del tramo
Pisco-Tocopilla podría asegurar la entrada de gas natural
a Chile, liberando
el gas boliviano con destino a los demás países.
Gasoducto Venezuela-San Pablo-Buenos Aires
Durante la cumbre del Mercosur desarrollada en Montevideo el 9
de diciembre
de 2005, los ministros de Energía de Brasil, Argentina
y Venezuela
decidieron darle mayor vuelo al “anillo energético”
y acordaron un
nuevo memorando de entendimiento sobre interconexión gasífera.
La
nueva idea resultaba en un ambicioso gasoducto que llevaría
gas natural
desde Venezuela –cuyas reservas son las más importantes
de América del
Sur– hacia los países del sur, particularmente las
áreas metropolitanas de
Buenos Aires y San Pablo. Poco más de un mes después,
el 12 de enero de
2006, se realizaba en Caracas la primera reunión del Comité
Multilateral
de Trabajo previsto en el memorando mencionado.
En esa reunión se estimó que el costo del proyecto
estaría entre siete
mil millones y veinticinco mil millones de dólares y se
organizaron seis
grupos de trabajo para dar seguimiento al tema: mercado, recursos
y
comercialización; diseño de tarifa; planeamiento
de ingeniería, aspectos
tecnológicos, investigación y desarrollo; financiamiento
y modelo de negocios;
autorizaciones gubernamentales, medio ambiente y aspectos sociales;
aspectos regulatorios, legales, fiscales e institucionales.
El gasoducto, que sería administrado por una empresa formada
por la
estatal argentina Enarsa, la brasileña Petrobras y la venezolana
PDVSA,
Exportaciones gasíferas intra-Mercosur en millones de m3
(2004)
Fuente: BP 2005 desde Argentina Bolivia Brasil 510 7.110 hacia
Chile 7.200 - Otros 120 800 20 § Revista del Sur Nº
165 | Mayo / Junio 2006 Revista del Sur Nº 165 | Mayo / Junio
2006 § 21 partiría de la ciudad venezolana de Puerto
Ordaz a la brasileña de Manaos, donde se dividiría
en dos ramas, una hacia el noreste brasileño y otra hacia
Brasilia y Río de Janeiro, desde donde seguiría
hacia Uruguay y Argentina. A pesar del fuerte impulso inicial
se esperaba que el proyecto
de construcción de esta nueva versión del Gasoducto
del Sur no comenzara
antes de 2012, debido a problemas de suministro, rentabilidad
e impacto ambiental.
Dudas sobre el proyecto
Para algunos analistas, un gasoducto de más de tres mil
kilómetros (éste
es de diez mil) deja de ser rentable ante la alternativa de transportar
gas
licuado en buques cisterna. Y en el Cono Sur, “los mercados
del gas natural
están regulados, mientras que los precios requeridos para
justificar la
inversión de veinticinco mil millones de dólares
excederían los veinte
dólares por millón de BTU, que no paga ni el mercado
abierto”, según
Luis Giusti, ex presidente del gigante estatal Petróleos
de Venezuela (Brecha,
Montevideo, 3 de marzo de 2006). Pero además, las reservas
de gas
natural venezolano son reservas de gas asociado, es decir que
debe ser
extraído junto al petróleo, lo que hace que los
niveles de extracción no
sean suficientemente grandes y no irían a cubrir las necesidades
del proyecto.
Venezuela llegó incluso a firmar un contrato con Colombia
en 2002
para que este país le suministrara gas, pues no podía
cubrir ni su propio
consumo interno.
Guillermo Torres Orías, ex ministro de Hidrocarburos y
ex Superintendente
de Hidrocarburos de Bolivia, considera que este proyecto es
imposible: “Primero. Porque no existen mercados para el
gas a lo largo
de la ruta del gasoducto, y los mercados importantes están
muy alejados,
ubicados al extremo sur (San Pablo y Buenos Aires). Por lo tanto,
todo el
‘excesivo’ costo de transporte tendría que
ser absorbido por las ciudades
del sur del Brasil y por Buenos Aires; las provincias del noreste
de Argentina
no son mercados importantes. Además, atravesar por un área
ecológicamente sensible como es la Amazonia, considerada
el pulmón
del planeta, y recorrer 10.000 kilómetros con una inversión
de 7.000 a
20.000 millones de dólares para 150 millones de metros
cúbicos por día
–5.300 millones de pies cúbicos– sería
incoherente, se produciría el gas
más caro del mundo por el costo de transporte. En tal caso,
Brasil y Argentina
tendrían que estar dispuestos a pagar un precio del gas
muy por
encima de lo que pagarían por importar gas natural licuado
(GNL) de
ultramar, ya que las instalaciones de la cadena para el abastecimiento
de
GNL (misma capacidad) requerirían de una inversión
menor a la mitad
de lo que se invertiría en el Gasoducto del Sur. La inversión
en la planta de
licuefacción para 150 millones de metros cúbicos
por día sería de 3.000
millones de dólares. Si estimamos, en exceso, entre treinta
y cuarenta
barcos metaneros para el transporte, cada uno a 150 millones de
dólares,
daría una inversión para el transporte entre 5.000
y 6.000 millones de
dólares; a esto se agregarían las plantas de regasificación,
con una inversión
total de mil millones de dólares. La inversión total
en la cadena de
provisión de GNL estaría entre 9.000 y 10.000 millones
de dólares, la mitad
de la inversión requerida para la construcción del
Gasoducto del Sur”
(La Prensa, La Paz, 22 de enero de 2006).
En cambio Ildo Sauer, director de gas y energía de Petrobras,
argumenta
que con este proyecto su país podría ahorrar once
mil millones de
dólares anuales en importaciones de gas, al comprar el
combustible con
precios equivalentes a veintiséis dólares por barril
gracias a una oferta
venezolana de venderle gas a precio subsidiado para garantizar
su adhesión
al proyecto. Sin embargo esta versión fue rápidamente
desmentida
por el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo a la prensa que no
se podía
pensar que, con semejante inversión, el gas de Venezuela
pueda costar
más barato en Brasil: “Es algo absurdo que no se
puede creer”. Para los
bolivianos esta idea de construir un gasoducto desde Venezuela
hasta
Buenos Aires es un “globo de ensayo de las transnacionales”,
creado exclusivamente para presionar a Bolivia a negociar a menores
precios su
gas. Con la llegada de Evo Morales al poder se comenzaron a renegociar
todos los contratos de exportación de gas natural y esto
sería una maniobra,
sobre todo impulsada por Brasil, para mejorar sus posibilidades
de
obtener precios más convenientes para sus crecientes importaciones
de
gas natural.
Como puede apreciarse la información es por ahora contradictoria
y
no parece haber un proyecto viable y creíble.
Gasoducto
“UruParaBol”
La última novedad la aportaron los presidentes de Bolivia,
Evo Morales,
y de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando acordaron a
principios de abril
de 2006 iniciar estudios para la construcción de un gasoducto
entre
ambos países e invitaron a Paraguay a sumarse al proyecto.
De esta manera
se intentaba retomar el memorandum de entendimiento original
establecido en 2004 sobre el “anillo energético”.
Como los dos países
no tienen una frontera común, el gas debería pasar
por territorio argentino,
con lo cual lo más probable es que se amplíen los
volúmenes de exportación de gas a Argentina y desde
allí se pase a abastecer a Uruguay y Paraguay. Sin embargo,
esto también dependerá de cómo evolucione
el conflicto entre Argentina y Uruguay por el tema de las plantas
de celulosa sobre el río Uruguay.
Bolivia posee reservas por 48,7 billones de pies cúbicos
de gas natural,
la mayor parte en campos ubicados en el sudeste de su territorio,
fronterizo
con Argentina y Paraguay. Exporta actualmente al mercado argentino
7,2 millones de metros cúbicos diarios de gas y desde hace
dos años el
gobierno y empresas petroleras de Argentina estudian la construcción
del Gasoducto del Noreste para adquirir una mayor cantidad del
energético,
que ha sido incluido en la Agenda de Implementación Consensuada
2005-2010 del IIRSA.
Perspectivas
Todos los pronósticos auguran un aumento del consumo energético
para
la región y en particular para el Mercosur. A pesar de
los anuncios de
aumento de los precios del petróleo, de la capacidad de
extracción decreciente,
de la crisis climática y la necesidad de reducir emisiones
provenientes
del sector energía, a pesar de todo ello, América
Latina estaría
más que duplicando su consumo hacia el año 2020.
En el caso del Mercosur, los desafíos son diferentes para
los seis países:
unos son exportadores netos de energía mientras otros son
deficitarios,
tienen tasas diferentes de crecimiento y economías de dimensiones
también
diferentes. Las políticas energéticas en algunos
casos han sido
erráticas y no han mantenido un rumbo claro, como lo han
demostrado las
crisis de Argentina, Bolivia y Uruguay. La participación
creciente de las
empresas privadas y la falta de un Estado regulador con normas
claras
puede ser uno de los factores. La sucesión de gobiernos
de signo contrario
que no operan bajo una lógica de largo plazo sino por la
inmediatez
de los ciclos gubernativos puede ser otro. Los ejemplos de Chile
y Brasil,
en cambio, parecen dar cuenta de políticas energéticas
de Estado. A pesar
de ello han vivido también sus crisis y tanto en un caso
como en el
otro la responsabilidad se le ha adjudicado a “la falta
de inversión”.
Un fenómeno que se advierte en todos los países
es la presión de los
inversores por lograr que el Estado les otorgue una serie de beneficios
para decidir la inversión, además de asegurar un
margen respetable de
ganancia y un rápido retorno. Es probable que la falta
de inversión provenga,
por un lado, de la falta de seguridad del negocio energético
y, por
otro, de la desconfianza en los pronósticos de desarrollo
económico. En
cualquier caso es claro que los inversores están presionando
a los gobiernos
para obtener mejores condiciones para su inversión con
la amenaza
del desabastecimiento.
En un análisis reciente (Honty y colaboradores, 2005),
delineamos
un par de escenarios de crecimiento económico en el Mercosur,
uno
tendencial y otro alternativo, suponiendo varias restricciones
ambientales.
Los resultados obtenidos muestran un agotamiento total de los
recursos hidrocarburíferos y una presión extenuante
sobre los
ecosistemas agrícolas y los bosques. Puede ser que una
integración energética
regional mejore la eficiencia global del bloque, pero no será
suficiente
para cambiar el signo de la ecuación, considerando además
las
exportaciones de energía hacia fuera del bloque: Brasil
de
biocombustible hacia Japón y Bolivia de gas natural en
forma de gas
licuado hacia países fuera de la región. ??
Bibliografía
Banco Mundial, 1993: La función del Banco Mundial en el
sector de la electricidad: Políticas para efectuar una
reforma institucional, regulatoria y financiera eficaz.
Washington: Banco Mundial.
BID, 2000: Departamento de Desarrollo Sostenible. División
de Medio Ambiente. Estrategia para el sector energía: Informe
de estrategia del BID. Washington: BID.
CEPAL, 2004: “La industria el gas natural en América
del Sur: situación y posibilidades de la integración
de los mercados”. Roberto Kozulj. Santiago de Chile, CEPAL,
diciembre de 2004.
Honty, G. 2002: Energía, ambiente y desarrollo en el Mercosur.
Montevideo, Editorial Coscoroba.
Gas Natural en algunos países sudamericanos (miles de millones
de m3)
Fuente: BP 2005
Honty, G.; Lobato, V. y Mattos, J.: Energía 2025: Escenarios
Energéticos para el Mercosur. Montevideo, Editorial Coscoroba,
2005.
IPCC, 2001: “Working Group I. Intergovernmental Panel on
Climate Change”; WMO; UNEP,
2001: “Climate change 2001: The scientific basis: Summary
for poliymakers and technical summary of the Working Group I Report”.
Ginebra, IPCC.
OLADE, 2000: Informe energético de América Latina
y el Caribe 1999 y prospectiva 2000– 2020. Quito.
OLADE, 1996: Energía y Desarrollo Sustentable: una propuesta
conceptual para América Latina y el Caribe. Quito, OLADE.
Procel, s/f. En: www.eletrobras.gov.br/EM_Programas_Procel/default.asp
ReLuz, s/f. En: www.eletrobras.gov.br/EM_Programas_Reluz/default.asp.
UNFCCC, 2005: “Greenhouse Gas Emissions Data for 1990-2003
submitted to the UNFCCC”, Alemania, 2005. 26
