La
renta petrolera y los problemas energéticos
de la Argentina
Por
Félix Herrero y Diego Mansilla
En esta nota de la revista Desafíos de noviembre
de 2006, Eduardo Vaianella sintetiza los principales
conceptos vertidos por los integrantes del MORENO,
en una exposición brindada en el Centro Cultural
Enrique Santos Discépolo, sobre la propiedad
de los recursos energéticos, la renta petrolera,
el modelo de privatización, la crisis energética,
el estado de las reservas y el papel de Enarsa.
EL
CONFLICTO ENTRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
Los
hidrocarburos en general, y el petróleo en
particular, son insumos económica y tecnológica-
mente estratégicos por ser recursos naturales
no renovables y extremadamente usados en la vida
diaria (combustibles, electricidad, calefacción,
productos plásticos, abonos, asfaltos, etc.).
Existe una permanente puja por la distribución
despareja de las reservas mundiales de hidrocarburos,
ya que por un lado se concentran los grandes propietarios
y por el otro los grandes consumidores, lo que ha
generado, durante el siglo XX y lo que va del actual,
numerosas guerras por su dominio. La denominada
Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia
y Paraguay en la tercera década del siglo
XX, es un ejemplo paradigmático, así
como el despojo mediante el cual Perú, representando
a la Standard Oil , arrebató una y parte
del territorio ecuatoriano donde tenía influencia
la Shell.
El
petróleo es un recurso no renovable. Por
eso, se incurre en un error conceptual al hablar
de "producción" de petróleo
cuando lo correcto sería decir "extracción",ya
que el petróleo es el mismo que primero está
bajo tierra y luego, una vez extraído, es
quemado. Y ya nunca más podrá ser
utilizado. La fijación de su precio internacional
se basa en criterios políticos, ya que resulta
de la negociación entre las fuerzas que operan
en un mercado oligopólico: existen una pocos
países con muchas reservas, unas pocas empresas
que las manejan y un conjunto de grandes consumidores
muy concentrados. Por ello, el precio de venta no
guarda relación alguna con su costo.
LA
RENTA PETROLERA
La
renta corresponde al propietario del recurso, ya
se trate de un campo, una mina o un pozo petrolero.
En nuestro caso el propietario del recurso es el
pueblo argentino, encarnado en el Estado Nacional
y los estados provinciales. Nada tiene que ver esto
con la utilidad normal que, dentro del sistema capitalista,
corresponde a un inversor y que, por otra parte,
las petroleras descuentan para calcular sus costos.
Según
datos extraídos del balance de Repsol, el
costo por barril en el 2005 fue de U$S 5,85(1);
el petróleo argentino se vendió, en
promedio, a U$S 56 el barril, lo que deja una renta
unitaria aproximada de U$S 49. Con lo que se extrajo
en ese año el cálculo de la renta
total alcanza a U$S 12 mil millones y se distribuyó
del siguiente modo:
Nación
(retenciones e impuestos): 3.100 millones de dólares
(26%).
Provincias (regalías): 700 millones de dólares
(6%).
Empresas: 3.200 millones de dólares (27%).
El
40 % restante va en una escasa proporción
a los consumidores, que pagan las naftas a un precio
inferior al internacional, pero la mayor parte es
retenida por las refinerías -que son las
propias petroleras- al adquirir el producto a un
precio mucho más barato que el internacional.
Además, la mitad de la nafta que se obtiene
con petróleo barato, es exportada por estas
empresas. A esto se suman los subsidios, directos
e indirectos, que reciben del Estado. En definitiva,
quien maneja propiedad, renta, gestión y
derechos del petróleo, es quien en realidad
fija la política petrolera.
UN
POCO DE HISTORIA
La
Argentina descubrió petróleo el 13
de diciembre de 1907, en Comodoro Rivadavia. Era
el noveno o décimo de los países del
mundo que descubría petróleo por entonces
y fue el primero en establecer una empresa petrolera
y hacer una reserva del recurso. Se trató
de una política de Estado que se mantuvo
a través de los años y los gobiernos.
El pensamiento señero de Mosconi fue tomado
como ejemplo por Uruguay, México y Venezuela
que crearon sus empresas estatales e hicieron la
reserva de su petróleo. Buscaban con ello
defenderse de la guerra entre los dos grandes monopolios
mundiales de la época, Standard Oil y Shell,
que respondían a EEUU e Inglaterra, respectivamente.
En
nuestro país, YPF se desarrolló en
los Territorios Nacionales. Esto obedeció
al histórico conflicto planteado entre la
gestión empresaria estatal, monopólica
y centralizada, y las viejas oligarquías
provinciales (salteña y mendocina, en aquel
momento), que entregaban concesiones a las multinacionales.
Cuando las provincias petroleras, ya en nuestros
días y como parte del proceso privatizador,
recibieron el 12% de las acciones de Y.P.F., las
vendieron de inmediato. De no haberlo hecho, contarían
con una posición mayoritaria en Repsol. Pero
no había en los gobiernos provinciales vocación
petrolera, sino que había vocación
financiera del petróleo. Mientras que la
Nación tardó de 1907 a 1992 en concretar
la traición de la venta de Y.P.F., las oligarquías
provinciales tardaron menos de un año.
Antaño
las "guerras petroleras" se libraban en
procura del dominio de los mercados. Hoy, en
cambio, asistimos a una enconada lucha por el dominio
de las reservas. Según las proyecciones de
distintos grupos que estudian el tema, éstas
se agotarán en 25 ó 30 años,
o tal vez un poco más. Lo cierto es que no
se agotarán en todos los países a
la vez; pero sí se puede afirmar que aquellos
que carezcan de petróleo tendrán muchas
dificultades para seguir siendo naciones en el futuro.
Esto hace que la provincialización actual
sea muy riesgosa. Si se piensa que la venta anual
de la Exxon Mobil cuadruplica el PIB nacional, se
advierte que fragmentar el subsuelo debilita mucho
la posibilidad del país para enfrentar a
estas potencias petroleras mundiales.
Otro
elemento que sirvió eficazmente para despojar
a los países de su petróleo -tal como
lo ha experimentado la Argentina- ha sido el endeudamiento
externo. La empresa estatal YPF fue obligada a tomar
decenas de créditos internacionales que no
necesitaba, ya que sólo tenía una
deuda operativa (no de capital) anual de 300 millones.
EL
PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
En
1989, mediante tres decretos, se privatizó
el "régimen petrolero". El status
jurídico de este primer tramo de la privatización
es de crucial importancia ya que estos decretos
podrían ser derogados por otros, sin intervención
ni del Congreso Nacional, ni de la Corte Suprema
de Justicia, ni de la Procuraduría General
de la Nación.
Dos
años después se privatizaron los yacimientos
a través de la Ley de Emergencia Económica
y, al año siguiente, se hizo lo propio -también
por ley- con la gestión de YPF y Gas del
Estado.
Hoy
se levantan voces interesadas en preservar los privilegios
de las empresas concesionarias, diciendo que no
se puede "renacionalizar" porque están
de por medio los contratos. Se pretende hacer primar
el derecho anglosajón, en el que los contratos
prevalecen sobre la ley y la justicia estable se
logra cuando las dos partes pueden negociar libremente
entre sí. El derecho romano (también
el hispano y el latinoamericano), algo más
sabio, sostiene que cuando contrata un débil
con un fuerte no se logra la justicia, sino que
ésta sólo resulta garantizada por
una legislación que tenga como objetivo el
bienestar general: la ley prima, pues, por sobre
los contratos. Hoy en Argentina tenemos leyes que
no se han cumplido y contratos que se quieren cumplir
contra la ley.
¿CRISIS
ENERGÉTICA O CRISIS DE MODELO?
Lo
que está en crisis es el modelo privatizador
que, en lugar de conducirnos, como lo habían
prometido sus impulsores, a una economía
energética moderna de tipo tecnológico
postindustrial y postservicios, nos ha retrotraído
a una economía primaria: cuando no llueve
no hay electricidad en los embalses, cuando hace
frío no tenemos gas natural en las viviendas,
cuando hay cosecha no alcanza el gasoil, cuando
aprieta el calor hay cortes de energía eléctrica,
etc. Se trata de una economía primaria regida
por el clima.
Lo
que debe cuestionarse es el modelo neoliberal de
privatización energética y no las
medidas de un gobierno en particular.
Pues
la crisis obedece a la falta de inversión,
a la carencia de exploración, a la falta
de nuevas destilerías y de ampliación
de las existentes. Se trata de un modelo que permite
no invertir e igualmente mantener la concesión.
¿Cómo
se logra la inversión en un sistema donde
la decisión de hacerlo no está en
el Estado concedente sino en la empresa concesionaria,
en función de sus utilidades y remesas? Es
preciso recuperar la renta petrolera y con ella
llevar a cabo las inversiones, dentro de una política
de largo plazo. En el corto plazo, mientras tanto,
se hacen remiendos: importar gasoil de Venezuela,
vender menos gas a Chile, importar más gas
de Bolivia, etc. Pero la crisis persiste porque
atañe al modelo. Es el sistema neoliberal
que en materia energética ha fracasado en
la Argentina y a nivel mundial: ha fracasado también
en Rusia, donde se vuelve a nacionalizar el crudo;
fracasó en Venezuela, donde se retoma la
renta petrolera; fracasó en Bolivia, donde
se renacionalizaron el petróleo y el gas.
PRIVATIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
Toda
la información disponible en materia energética
se basa en los números que brindan las empresas
del sector, ya que, junto a la privatización
de YPF, también se privatizó el dominio
de esta información. Cuando YPF era una empresa
estatal, la Secretaría de Energía
publicaba un informe mensual donde figuraban los
costos de extracción cuenca por cuenca. Argentina
es hoy el único país del mundo donde
las estadísticas petroleras están
privatizadas. Asimismo la estadística de
reservas disponibles surge de una simple declaración
jurada por parte de las empresas. El MORENO ha insistido
-sin lograrlo- en la necesidad de que se realice
una auditoría de costos y de reservas absolutamente
independiente, llevada a cabo por profesionales
argentinos, que se cuentan entre los más
competentes del mundo.
Esta
necesidad surge de la posibilidad real de que las
empresas brinden datos falsos en cuanto a sus reservas,
ya que esto está directamente vinculado al
valor de sus acciones. El petróleo está
en concesión -ya que nos pertenece a los
argentinos- pero Repsol, en Bolivia y en Argentina,
hace figurar en sus activos propios las reservas
de Loma de La Lata y todas sus reservas en territorio
boliviano.
RESERVAS,
¿QUÉ RESERVAS?
Un
problema crucial se relaciona con la caída
sustancial de las reservas. El último dato
oficial nos dice que, a diciembre del 2005, se contaba
con ocho años de reservas para el actual
nivel de extracción, consumo y exportación.
No obstante, esto no significa que en el 2014 el
petróleo se acabe indefectiblemente. Por
un lado porque no existe la certeza de que el mismo
dato sea veraz, pero aun aceptando que lo fuera,
hay que separar lo que serían reservas comprobadas
- sabemos cuánto petróleo hay y dónde
está- y las reservas potenciales. Las empresas
hablan de ocho años porque desde que se privatizó
YPF se dejó de buscar petróleo, única
manera de hallarlo. Mientras YPF estatal perforaba
100 pozos por año, en 2004 se perforaron
entre 10 y 15, y hubo años en los que no
se hizo ninguno. La caída de las reservas
argentinas no se debe a que nuestra riqueza se esté
agotando, sino a que no se está buscando
nuevo petróleo, a pesar de que existen muchos
datos que indican que hay aún mucha riqueza
por descubrir.
Existen
motivos que pueden llevar a una empresa como Repsol
a no explorar. Uno de ellos sería evitar
gastos y aumentar así las utilidades y los
dividendos. Otro es que, como se trata de una empresa
multinacional, la preferencia de inversión
puede estar situada en Argelia, en Rusia o en el
norte de Noruega y no en las necesidades de los
argentinos. Habría una tercera posibilidad
que no puede desdeñarse, sin adherir a concepciones
conspirativas: que se busque dejar al país
sin reservas para exigir, desde una posición
de fuerza, nuevos y mayores privilegios: reducciones
impositivas, aumento de precios, eliminación
del riesgo empresario y/o minero, etc.
Por
otra parte, hay datos que indican que Repsol es
la empresa que menos explora en el mundo. El Departamento
de Energía de los EEUU publica semestralmente
lo que se llama "tasa de reposición",
es decir cuánto se repone sobre la base de
lo extraído. Esta reposición puede
hacerse explorando y encontrando nuevos yacimientos
o bien comprando otros pozos o empresas. La tasa
de reposición de Exxon Mobil, por ejemplo,
es de 120%, la de Repsol es del 18%. Esto indica
que Repsol ha decidido, como política empresaria,
no invertir en exploración.
ENARSA:
LOS RIESGOS DEL MODELO SONANGOL
Enarsa
recibió el 100% del mar y del territorio
no concesionado en la Argentina. Pero el MORENO
alerta sobre la posible réplica del "modelo
SONANGOL". En Angola existe la Empresa Nacional
de Petróleo (SONANGOL) que recibió
también del gobierno el 100% del mar y del
territorio. Esta empresa constituyó una UTE
(unión transitoria de empresas) con la Chevron
Texaco y con la Total y ha entregado todo el mar,
sin licitación, quedando con una participación
de poco más del 10%.
Por
esta razón, el MORENO sostiene la necesidad
de que haya licitación ya que, aunque éstas
puedan amañarse, siempre es mejor conocer
previamente las propuestas. Además, este
sistema de concesión de una sola vez es muy
peligroso, por las prácticas corruptas a
las que se presta. Hoy por hoy, Enarsa es más
bien una oficina de contratos que una petrolera
o una empresa energética.
Enarsa
también firmó convenios con Repsol,
Petrobrás y PetroUruguay, para hacer exploración
marítima en el litoral de la provincia de
Río Negro y de la ciudad de Mar del Plata.
En ambos casos la empresa participaría con
el 35%. A su vez Enarsa tiene el 35% de capital
privado. Si por ejemplo, Repsol comprara ese porcentaje,
tendría una posición mayoritaria y
se reduciría la participación de nuestra
empresa al 25%. El MORENO critica esta modalidad
de desarrollo en materia energética y no
acuerda tampoco con la participación privada.
(1)
De este valor sólo U$S 2,45 es el costo de
extracción, el resto corresponde al "costo
de descubrimiento" (estudios, perforación,
infraestructura, etc.). En el 2005 Repsol no sólo
no descubrió una sola gota de petróleo,
sino que el nivel de reservas bajó un 15%
Félix Herrero
es Abogado y economista, Vicepresidente del MORENO
y Diego Mansilla
es Economista especializado en energía. Miembro
de la Cátedra Nacional de Economía
“Arturo Jauretche”. Sus puntos de vista
no necesariamente son los de Petroleumworld.
