Puntos
de Vista
Análisis
y opinión sobre energía y política
Reflexiones
sobre la crisis política boliviana
Bolivia
y el recurso del gas: Oportunidad historica y desafio presente
URS
Gasoducto
Transboliviano
Por
Gustavo Lahoud y
Felicitas Torrecilla
Introducción
El objeto del presente informe es describir, comprender e
interpretar el escenario de crisis político-institucional
y económico-social en Bolivia en relación a
la intensificación de la puja por la apropiación,
manejo, control y acceso a los recursos gasíferos.
En efecto, la llamada cuestión del gas constituye,
en la presente coyuntura, no sólo un instrumento de
poder en virtud del cual un conjunto de organizaciones políticas
y sociales conforman su agenda política, económica
y social, sino también, el verdadero eje vertebrador
de las disputas socio-políticas que -desde hace por
lo menos dos años, después de la caída
de Gonzalo Sánchez de Losada- se han intensificado,
con el consecuente deterioro de la institucionalidad democrática
y la mayor activación y radicalización política
de importantes sectores sociales que reclaman participación
activa en la definición de intereses que hacen, en
sí mismos, al futuro de Bolivia entendida en términos
de comunidad incluyente .
En tal sentido, a través de una metodología
descriptiva-explicativa, intentamos comprender el por qué
y el para qué de las acciones y motivaciones de los
actores políticos y sociales que, de hecho, son los
protagonistas ineludibles del proceso político boliviano,
en cuyo centro estratégico está la puja por
el gas como recurso natural vital pero, junto a ello, se cruzan
una serie de intereses que están vinculados al estado
de crisis institucional crónica que el país
está sufriendo desde hace décadas, todo lo cual
se ha expresado en la emergencia de fuertes fracturas étnico-territoriales
que han terminado por exacerbar viejos y no resueltos clivajes
en torno a la distribución espacial-territorial del
poder, el grado de desarrollo relativo de las distintas regiones
geográficas del país, la asignación de
recursos financieros y económicos en el marco de una
estructura de poder centralista y unitaria y, finalmente,
las propias capacidades extractivas y regulativas del Estado
como representante, articulador y combinador de las demandas
efectivas de las distintas comunidades regionales del país.
Por todo ello, se estima necesario encarar un cuidadoso trabajo
de descripción e interpretación que ponga en
juego las múltiples dimensiones del problema que es
objeto de estudio, lo cual conlleva, en sí mismo, un
esfuerzo metodológico y gnoseológico en términos
de reconstrucción de sentido del proceso político
y social boliviano en torno al acceso, control y explotación
del recurso estratégico del gas.
1.
Breve resumen descriptivo de la crisis política boliviana
Frente a la creciente complejidad y dinamismo de la situación
interna boliviana resulta difícil tener una perspectiva
comprensiva del panorama social y político y de la
red de intereses, de formas de concepción del poder
y de legitimidades cruzadas y superpuestas.
Un breve análisis del cambiante y multifacético
momento por el que está transcurriendo Bolivia podría
ser enmarcado en el contexto del proceso político que
se inició con la renuncia de Gonzalo Sánchez
de Losada en octubre de 2003.
El ex presidente había resultado victorioso en las
elecciones realizadas en junio de 2002, en las cuales se presentó
con un partido histórico de Bolivia, el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), cuya trayectoria se remonta
a la Revolución Boliviana de 1952. Carlos Mesa Gisbert,
quien contaba con una larga carrera como periodista, completó
la fórmula presidencial en 2002 por fuera del MNR,
es decir, sin una estructura partidaria propia.
Antes de las elecciones, Gonzalo Sánchez de Losada
se había desempeñado como Ministro de Planeamiento
durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, un tradicional
líder del MNR, aunque con un perfil diferente al que
encarnaría su sucesor. Posteriormente accedió
a la presidencia entre 1993 y 1997, período en el que
completaría y consolidaría el proceso de profunda
liberalización y reestructuración de la economía
que tuvo comienzo con el paradigmático Decreto Supremo
Nº 21060, emitido por Paz Estenssoro en 1985.
Las políticas que comenzaron a implementarse en 1985
y que terminarían de consolidarse entre 1993 y 1997,
entre las cuales se encuentra la privatización de las
empresas públicas y la transferencia al sector privado
de la gestión de las áreas de servicios públicos,
afectarían profundamente los sectores estratégicos
de la economía, constituyendo la industria hidrocarburífera
uno de los más notables ejemplos. La reestructuración
de dicho sector fue articulada a partir de dos importantes
leyes: la Ley Nº 1544 de Capitalización, que afectó
a las seis principales empresas estatales bolivianas, y la
Ley Nº 1689 de Hidrocarburos. La política gasífera
desarrollada desde 1997 al 2003, es decir durante el gobierno
de Banzer-Quiroga y el segundo mandato de Sánchez de
Losada, se caracterizó por una clara orientación
exportadora, reflejada en el paradigmático proyecto
de posible exportación de gas natural licuado (GNL)
a la Costa del Pacífico de México y los Estados
Unidos (Estado de California).
La elección política por la cual el desarrollo
del sector gasífero se ha orientado al incremento de
las exportaciones en el ámbito regional y extra-regional,
ha implicado la postergación de una promoción
planificada del consumo interno del gas, por una parte, y
de un plan de industrialización del recurso en territorio
nacional, por la otra. Esta situación se ve claramente
reflejada en el sistema de transporte y distribución
de gas natural al interior del país, en comparación
con los gasoductos de exportación. Como bien señala
el Dr. Andrés Soliz Rada, en “El Mapa Vacío”
, mientras el gasoducto al Brasil tiene una capacidad máxima
de 30 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d),
la cual se piensa ampliar a más del doble de su capacidad,
el que conecta a las ciudades de La Paz y Oruro, puede transportar
un máximo de 0.4 MMm3/d.
Esta política extractiva y exportadora -que se manifestó
tan claramente con la promoción del proyecto de exportación
de GNL mencionado anteriormente durante la presidencia de
Sánchez de Losada en la cual se iniciaron negociaciones
con los gobiernos de Chile y Perú por la construcción
del gasoducto de exportación y la planta de licuefacción-
actuó como desencadenante de una cada vez más
deteriorada situación social que en las regiones rurales
del departamento de Cochabamba alcanzó su punto de
mayor tensión con la campaña de erradicación
de los cultivos de coca que constituían la fuente de
subsistencia de una gran cantidad de familias campesinas y
luego la concesión de los servicios de agua y alcantarillado
de la ciudad de Cochabamba a la empresa Aguas del Tunari,
cuyos manejos provocaron lo que se conoció como la
“guerra del agua”.
Las masivas manifestaciones sociales de septiembre y octubre
de 2003, que provocaron la renuncia de Sánchez de Losada
el 17 de octubre de ese año, constituyeron el contexto
del surgimiento de nuevas “prioridades políticas”,
que Carlos Mesa debería atender una vez devenido presidente.
Esta agenda incluía una serie de cuestiones que aún
permanecen irresueltas, algunas por falta de acciones concretas
y otras por la ausencia de un consenso respecto a las resoluciones
tomadas. Entre las más importantes podemos mencionar
la realización de un referendum vinculante sobre la
futura política gasífera (recuperación
de los recursos hidrocarburíferos, comercialización
interna y externa del gas, industrialización del gas
natural en territorio boliviano, abrogación del marco
jurídico vigente), la convocatoria a una Asamblea Constituyente,
la demanda por mayor autonomía departamental y la elección
directa de prefectos, que se realizará por primera
vez el 4 de diciembre de 2005.
Si bien Carlos Mesa pareció demostrar un compromiso
con los ejes políticos que surgieron de la crisis de
septiembre-octubre de 2003 -posiblemente por la necesidad
de generar un consenso mínimo ante la heterogeneidad
de las fuerzas sociales interactuantes- con el tiempo las
políticas fueron cada vez menos consecuentes con los
propósitos y lineamientos establecidos entonces. En
línea con ello, los sectores liderados por Evo Morales,
así como otras organizaciones más radicales
tales como la COB dirigida por Jaime Solares, la CSUTCB (Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia)
con Felipe Quispe y la FEJUVE (Federación de Juntas
Vecinales), entre otras, acusaron al gobierno de estar dando
continuidad a los aspectos fundamentales de la política
liberal de Sánchez de Losada y de no manifestar, asimismo,
voluntad política de afectar los derechos adquiridos
y las condiciones favorables reconocidas a las empresas en
los años noventa durante el proceso la reestructuración
del sector.
A pesar de la relativa irresolución de las cuestiones
planteadas, en lo referido a la política hidrocarburífera
se han tomado una serie de decisiones concretas que no cuentan
con un consenso interno general. El 18 de julio de 2004, finalmente,
se realizó un referendum que ya formaba parte del debate
público durante la fallida gestión de Sánchez
de Losada.
El referendum incluyó cinco preguntas referidas a la
abrogación de la Ley Nº 1689 de Hidrocarburos,
la recuperación de los derechos de propiedad de los
hidrocarburos a boca de pozo para el Estado boliviano, la
refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y la recuperación estatal de las
acciones de los ciudadanos bolivianos, la utilización
del gas como un recurso estratégico para la negociación
de una salida al Océano Pacífico -perdida en
1879 en la Guerra del Pacífico-, el apoyo a una política
de exportación de gas natural que cubriera el consumo
interno, fomentara la industrialización del recurso
gasífero en territorio boliviano y cobrara impuestos
por un valor no menor al 50% de la producción de los
hidrocarburos. El “Sí” fue mayoritario
en cada una de las preguntas, en especial las tres primeras,
y si bien es preciso destacar que no existió un consenso
general sobre las características y potencial efectividad
de esta medida, algunas organizaciones apoyaron el referendum
bajo el supuesto de que el resultado favorable conduciría
concretamente a la nacionalización de los hidrocarburos.
En mayo de 2005, fue aprobada luego de un largo debate la
Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, lo que a su vez conllevó
la abrogación de la ley anterior cumpliendo así
uno de los mandatos del referendum. La extensa discusión
en el Congreso en torno al proyecto de ley sumó un
elemento de complejidad a la ya difícil situación
interna. El surgimiento de una serie de proyectos, entre los
cuales se destacaron la propuesta oficial, la del Movimiento
al Socialismo y la de la Cámara de Diputados, dieron
cuenta de los intereses diversos de sectores en pugna, los
cuales fueron además vinculados estratégicamente
con la demanda autonomista de los comités cívicos
de Santa Cruz y Tarija y los reclamos de la Federación
de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC).
Una vez acordados los puntos relacionados a la declaración
del gas como recurso estratégico, la refundación
de YPFB, el fomento de la industrialización en territorio
nacional, entre otros, la discusión pública
se centró en los aspectos impositivos de la nueva ley
y en la forma de imposición a la producción
hidrocarburífera en términos del porcentaje
de regalías y de impuestos y de la naturaleza de estos
gravámenes.
Cabe mencionar asimismo que antes que la Cámara de
Senadores del Congreso diera por aprobada la mencionada ley,
el presidente Mesa dejó sin efecto el Decreto Supremo
Nº 24806, emitido en los últimos días de
la primera gestión presidencial de Sánchez de
Losada, por el cual se transfería la propiedad de los
hidrocarburos a boca de pozo a las empresas operadoras. Es
preciso destacar, sin embargo, que como indica Andrés
Soliz Rada esta medida no tiene efecto retroactivo y no afecta,
en consecuencia, a los 78 contratos de riesgo compartido en
su período de vigencia de 40 años. En forma
paralela a la discusión sobre el proyecto de ley, el
Congreso planteó la necesidad de revisar estos 78 contratos
suscriptos por decreto del Poder Ejecutivo sin la previa aprobación
del Congreso, bajo el marco jurídico de la Ley Nº
1689. El propio proyecto abrió una amplia discusión
sobre la conversión obligatoria de los mismos a las
nuevas modalidades de contratación, de acuerdo a lo
indicado en el artículo 5 de la nueva Ley Nº 3058.
La actual ley de hidrocarburos finalmente aprobada no satisfizo
ni las expectativas del gobierno, que se opuso firmemente
al proyecto presentado en la Cámara de Diputados, ni
las de los distintos grupos sociales. El nuevo sistema impositivo,
que -como se comentó anteriormente- fue uno de los
temas centrales del debate, finalmente se resolvió
estableciendo un 32% de impuestos y un 18% de regalías
(contra el 32% propuesto en el proyecto de la Cámara
de Diputados). Estas diferencias se vieron reflejadas en el
mecanismo de aprobación de esta legislación,
la cual luego de ser elevada al Poder Ejecutivo para su ratificación,
fue aprobada por la Cámara de Senadores tras mediar
un plazo de tiempo en el que el presidente no realizó
ninguna clase de observaciones.
Mientras esta discusión se desarrollaba, se perfilaba
un panorama socio-político interno de características
crecientemente complejas. Por una parte, se reinstaló
la demanda planteada por distintos grupos sociales de origen
indígena, campesino y obrero relativa a la nacionalización
de los hidrocarburos, la expropiación a las empresas
extranjeras instaladas en el país y la reformulación
de la política de exportaciones. Por otra, un movimiento
que tiene su núcleo en los Comités Cívicos
de Santa Cruz y Tarija vinculó estratégicamente
la discusión sobre el futuro del sector hidrocarburífero
en Bolivia y particularmente los lineamientos de la nueva
política gasífera en el contexto del renovado
marco jurídico, con el reclamo autonómico y
la solicitud de un referendum que ya se había planteado
con firmeza a fines de 2004.
Las demandas por la autonomía regional y la realización
de dicho referendum autonómico realizadas inicialmente
por Santa Cruz y Tarija, fueron luego apoyadas por las dirigencias
de Beni y Pando, que constituyen la zona más rezagada
del país y menos integrada infraestructural y energéticamente.
Al tiempo, se comenzaba a manifestar con claridad una falta
de consenso interno en cada uno de estos departamentos respecto
a los citados reclamos, que surgía en parte de la situación
de marginación de las poblaciones indígenas
del oriente.
De esta manera podemos observar que mientras el interés
de algunos sectores de Tarija y Santa Cruz en las autonomías
departamentales no es independiente del hecho de que estas
dos circunscripciones concentren en su territorio el 85% de
las reservas probadas de gas, el vínculo de este reclamo
con los departamentos del norte posiblemente responda a un
frente de conflicto interno diferente relacionado con la discusión
sobre la propiedad de la tierra y la situación del
Movimiento Sin Tierra (MST) y de las comunidades indígenas
de origen quechua.
De esta forma, se ve que existe una compleja trama de intereses
que parecen estar asociados en la prosecución de objetivos
similares. De hecho, los Comités Cívicos están
fuertemente vinculados con las federaciones empresarias Santa
Cruz y Tarija, y éstas, a su vez, con las empresas
petroleras a través de la Cámara de Hidrocarburos
(CBH). En tal sentido el Dr. Andrés Soliz Rada también
asocia estos intereses con los de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO) cuyo presidente, José Céspedes,
apoyó concretamente la demanda autonómica contra
la corrupción y las adquisiciones de tierras .
Asimismo, este escenario retroalimenta una de las vertientes
más radicalizadas de las propuestas autonómicas
que parecen girar, en sus expectativas de máxima, en
torno a una posible desmembración del territorio nacional.
Aunque también, es importante señalar que no
han habido declaraciones que abonaran directamente posturas
maximalistas respecto a una cuestión tan estratégica
para la soberanía del país como es la preservación
de la integridad territorial.
Por otra parte, lo paradójico de esta situación
es que sectores políticos y sociales que están
diametralmente enfrentados en términos ideológicos,
parecen coincidir en la formulación de posturas radicalizadas
que atacan por igual la esencia misma de la “bolivianeidad”,
entendida como proyecto compartido de Nación y, a la
vez, la estabilidad institucional del país en el orden
de las garantías que aseguren criterios eficientes
y efectivos de gobernabilidad.
En este sentido, puede pensarse en los reclamos de los sectores
empresariales cruceños ya concernidos y, por otro lado,
en la reivindicación de movimientos como el liderado
por Felipe Quispe, quien se ha referido, en no pocas ocasiones,
a la “nación aymara” como una verdadera
identidad político-social percibida como ajena y extraña
al resto del territorio nacional. Ciertamente, no puede pensarse
-racionalmente- en la existencia de una “alianza pragmática”
entre estos sectores radicalizados en términos de distancia
e intensidad ideológica, aunque, en los hechos, con
sus posiciones maximalistas actúan erosionando el ya
delicado equilibrio institucional del país.
En este contexto, las manifestaciones públicas recrudecieron
en el mes de mayo, centrando las críticas no sólo
en la legislación hidrocarburífera recientemente
aprobada, sino también en la política de Mesa
y en su forma de conducción. Asimismo, se reavivaron
las demandas por una política de nacionalización
de los hidrocarburos, mientras, al mismo tiempo, el Movimiento
al Socialismo pedía a Mesa que se retirara.
Simultáneamente, dos importantes funcionarios de las
Fuerzas Armadas aparecían en un programa televisivo
instando al presidente a dar un paso al costado. Estas declaraciones
generaron rumores y sospechas sobre la posibilidad de que
se estuviera gestando en Bolivia un golpe de Estado, si bien
es poco lo que se conoce efectivamente sobre la existencia
de supuestas diferencias al interior de las Fuerzas Armadas
en relación al modo de gestionar la crisis político-institucional
del país. No obstante, podemos afirmar que las fuerzas
militares se han pronunciado formalmente a favor de la continuidad
democrática instando a la implementación de
los mecanismos de sucesión establecidos en la Constitución
Política del Estado.
En efecto, el presidente Mesa finalmente presentó su
renuncia al Poder Legislativo, y, ante la presión de
las organizaciones sociales, hicieron lo propio tanto el presidente
de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez,
como el presidente de la de Diputados, Mario Cossío
-quienes seguían en la línea de sucesión
institucional de acuerdo a la Constitución- a fin de
garantizar la gobernabilidad política del Estado. Finalmente,
el 09 de junio asumió Eduardo Rodríguez Veltzé,
presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se comprometió
a encabezar un gobierno de transición, que tendría
como prioridad la convocatoria a elecciones generales en un
plazo de seis meses.
El Congreso ha promulgado recientemente dos leyes que definirán
el futuro escenario electoral, en las que aprobó la
convocatoria a elecciones para el 4 de diciembre de 2005,
fecha en la que se unificarán los comicios para presidente,
vicepresidente, legisladores y prefectos. Esta convocatoria
fue precedida por la promulgación de la ley 3089 de
Reforma de la Constitución Política del Estado.
La elección de la Asamblea Constituyente se ha fijado
para julio de 2006, junto a la realización del referendum
autonómico. El Poder Ejecutivo, por su parte, dispuso
la creación de dos comisiones pre-constituyente y pre-autonómica.
Actualmente el Congreso está discutiendo el proyecto
de ley interpretativa del artículo 93, inciso 3, de
la Constitución Política del Estado, a partir
del cual se decidirá la duración del mandato
de las futuras autoridades ejecutivas y legislativas, las
que asumirían en el mes de enero. Es preciso destacar,
sin embargo, que la elección de la Asamblea Constituyente
en el escenario de fragmentación ya descripto abre
un panorama sumamente incierto y genera interrogantes sobre
el futuro de las próximas autoridades.
2.
Algunos ejes de análisis de la crisis boliviana: la
necesidad de una visión integral
A partir de la descripción de la crisis boliviana en
el contexto del proceso político delimitado anteriormente,
nos interesa plantear algunas líneas de reflexión
como aproximación a una perspectiva que, sin dejar
de considerar los datos coyunturales, permita realizar un
análisis “estructural”, históricamente
contextualizado.
Podemos hablar de cuatro puntos o aspectos que atraviesan
la problemática de crisis político-institucional
del país:
• la “captura” del Estado y las posibilidades
de acción colectiva desde la esfera pública;
• el lugar y las características del debate público
en Bolivia intentando identificar intereses y percepciones
de los actores sociales y políticos involucrados;
• la creación de una alternativa política
y económica para contrarrestar el proceso de fragmentación
política, social y territorial;
• las características y modalidades que permitan
reconceptualizar e implementar un modelo sustentable de gobernabilidad
democrática en la actual coyuntura de crisis.
El objetivo de las reflexiones y consideraciones que siguen
es, entonces, generar interrogantes y promover un debate constructivo
que no se limite a interpretaciones posibles sobre el sentido
y características de la actual crisis boliviana, sino
que fundamentalmente busque plantear posibilidades concretas
de acción. Antes proponemos considerar brevemente una
serie de dimensiones de análisis que, a nuestro entender,
cruzan cada uno de los temas planteados más arriba.
En primer lugar, observamos una dimensión política
ligada a la capacidad o posibilidad de organizar al conjunto
de la población en torno a un programa y una propuesta
política alternativa que, aprovechando la importancia
nacional de la consigna del gas, no se limite a la misma.
En este nivel es necesario pensar en la influencia de tal
consigna en la articulación de una acción colectiva
que le dé sentido y cauce a una alternativa política
que tenga capacidad alterativa del orden establecido. Así,
mientras el Dr. Andrés Soliz Rada considera que el
gas es lo único que une a los bolivianos , podríamos
preguntarnos si en la actualidad no existen en Bolivia múltiples
consignas en torno a la cuestión del gas, en comparación
con los reclamos en apariencia unívocos, nacionales
y populares que permitieron unificar y profundizar la acción
de los movimientos sociales en septiembre-octubre de 2003.
En efecto, la consigna del gas ha ido evolucionando con el
tiempo, desde el reclamo por la defensa soberana de los recursos
energéticos nacionales hasta el de nacionalización
de los hidrocarburos. De esta forma, la radicalización
de la consigna del gas, lejos de ser un factor aglutinante
en el actual estadio de la crisis política, ha dado
lugar a la fragmentación y dispersión de las
adhesiones y, por lo tanto, la ha afectado en tanto elemento
unificador en un grado todavía incierto.
En segundo lugar, pensamos en una dimensión institucional
que daría cuenta de la capacidad de organizar e instrumentar
un proyecto a través de un sector político partidario
que reclame para sí una legitimidad de origen que sirva,
a su vez, para consolidar una propuesta de gobierno percibida
favorablemente en términos de legitimidad de ejercicio,
es decir, capacidad efectiva para gobernar. En este sentido,
puede observarse que las fracturas étnico-territoriales
han dificultado la conformación de un bloque o alianza
de estas características cristalizando, más
bien, la existencia de distintas perspectivas sobre el uso
del poder y de los recursos.
Por otra parte, existe una dimensión simbólica
de suma importancia vinculada en gran medida a otra cultural-antropológica.
En la misma se inscribe, no sólo el conjunto de representaciones
sociales de cada sector, sino también las autopercepciones
ligadas a una determinada manera de considerar la legitimidad
de los reclamos propios en relación a los de los otros
grupos. La dimensión simbólica tal como se manifiesta
en Bolivia, nos permite introducir el concepto de projimidad
el cual cobra relevancia al momento de plantear la posibilidad
de constitución de una comunidad incluyente sobre las
bases de una refundación del Estado y del régimen
político, entendido éste como una instancia
de mediación entre grupos políticos que sostienen
posturas y concepciones radicalmente diversas.
Como decíamos antes, Sánchez de Losada articuló
y consolidó durante su primera presidencia un proceso
de liberalización económica en el contexto de
lo que podríamos considerar una transición política
que tuvo comienzo en 1982 con el retorno a la democracia.
Sin embargo, el proceso de cambio se tradujo en un creciente
conservadurismo tanto en las políticas como en las
posturas de los partidos, al menos hasta el surgimiento de
las nuevas agrupaciones y manifestaciones de los últimos
cinco años. Dicho proceso no es, a nuestro entender,
independiente del primero, el cual contribuyó, por
su parte, a través de la liberalización de la
economía, la privatización de los activos estatales
y la transferencia al sector privado de la responsabilidad
por la gestión de los servicios públicos, a
la instalación de un patrón de desarrollo y
a un esquema consiguiente de distribución del ingreso
que terminó profundizando la dualidad de la estructura
social interna en Bolivia.
La relación orgánica entre el liberalismo económico
y el conservadurismo político, encarnado en la así
llamada “democracia liberal” -que ha logrado en
Bolivia una continuidad de más de veinte años-
remite a un planteo que se encuentra en el centro del dilema
que enfrenta el sistema político en la actualidad:
un cuestionamiento cada vez más profundo del régimen
democrático en sus manifestaciones presentes, situación
que está acompañada por una deslegitimación
de las instituciones públicas. Este proceso ha conducido,
a su vez, a la recuperación de antiguas tradiciones
políticas que, de alguna forma, han desplazado lo que
podríamos llamar el ámbito o lugar característico
de la acción política. Asimismo, la dimensión
simbólica, que da cuenta de las representaciones sociales
y de la percepción de legitimidad de los reclamos propios
y las formas de expresarlos en relación a los de otros
sectores, constituye un elemento insoslayable del conflicto
interno en Bolivia.
En este contexto, pueden observarse posturas disímiles
respecto a la reivindicación de la esfera política
en dos niveles de acción identificables: uno de decisión
política y otro de gestión.
En el nivel de las decisiones podría concluirse que
el conservadurismo político -en el marco de la liberalización
creciente de la economía- ha sido asociado tradicionalmente
a la crítica del rol interventor y dirigista del Estado,
reforzando con ello los argumentos eficientistas que sostuvieron
la necesidad de reducir sus estructuras burocráticas.
De esta forma, se estructuró un esquema de toma de
decisiones sumamente centralizado, personalista y con fuertes
sesgos tecnocráticos, que apuntó en el corto
plazo al traspaso del nivel de gestión al ámbito
privado, especialmente en sectores estratégicos de
la economía como las empresas públicas, el transporte,
las telecomunicaciones, la industria hidrocarburífera,
entre otras. En virtud de la importancia económica
y política de las áreas involucradas, este traspaso
terminó afectando estructuralmente la toma de decisiones.
Los compromisos políticos de largo plazo adquiridos
por el Estado durante todo este período, y en especial
en la década del noventa, condicionaron de esta forma
su capacidad de acción futura transformándose
en una importante limitación que se sumaba a las vulnerabilidades
estructurales propias provenientes de la situación
de dualidad interna, por una parte, y de su inserción
en un sistema de poder también desigual, por la otra.
Esta situación que podríamos denominar de “captura
funcional y administrativa” del Estado nos enfrenta
en la actualidad a interrogantes relacionados a las capacidades
concretas de acción desde el espacio público
y al cuestionamiento de la viabilidad política y económica
de algunas medidas reclamadas en la actualidad por distintos
sectores de la sociedad boliviana.
Por otra parte, estas posibles limitaciones no son independientes
de la quiebra jurídica del Estado, que en las relaciones
entre los tres Poderes se manifestó en la poca independencia
de su accionar y en la cesión de atribuciones del Congreso
a favor del Poder Ejecutivo, situación que favoreció
el gobierno por decreto y la toma de decisiones discrecional
y personalista, sin la mediación de un control público
sobre dichos procesos. El Dr. Andrés Soliz Rada indica
claramente el trastocamiento del ordenamiento jurídico
cuya mayor anomalía estaba en la misma fundamentación
legal de las medidas de reforma del Estado y de la economía
nacional originadas en un decreto, el DS Nº 21060, ya
mencionado.
Es así como el sistema político en la forma
de las instituciones públicas que lo componen está
actualmente cuestionado como espacio de acción política,
de canalización de demandas sociales y de reapropiación
popular del poder en términos de acción soberana
sobre un espacio y una historia común.
La quiebra jurídica del Estado subvirtió la
legitimidad del orden político, junto con la corrupción
estructural generada por un entramado de vinculaciones estratégicas,
y hasta podría decirse orgánicas, entre los
sectores público y privado, en tanto elementos constitutivos
del modelo económico y político instalado en
los años noventa. Por tal razón, en este trabajo
se propone y enfatiza la necesidad de recomponer jurídicamente
al Estado, como una de las múltiples formas tendientes
a reivindicarlo en tanto espacio legítimo de acción
cívica, es decir, destacando la dimensión jurídica
de la refundación del Estado boliviano. El fortalecimiento
estatal debe estar ligado a una mayor transparencia y capacidad
de control público sobre las acciones del gobierno.
Podríamos decir que la captura del Estado tiene una
faceta política y una económica. La política
ha sido explicada ya y tiene que ver con los compromisos de
largo plazo adquiridos por los gobiernos que se sucedieron
desde 1985, la quiebra jurídica y la deslegitimación
de las instituciones públicas y las relaciones políticas
entre el sector público y el privado. La dimensión
económica responde, por su parte, a la progresiva transnacionalización
de la economía y a la transferencia al ámbito
privado de la gestión de las empresas de servicios
públicos, lo que favoreció la constitución
de una economía de enclave, que ha caracterizado, por
otra parte, la historia política y económica
de Bolivia. Los balances e indicadores del Instituto Nacional
de Estadísticas y del Banco Central indican claramente
que los sectores más integrados a la economía
internacional actualmente son la actividad energética
y la agroindustria, ambas desarrolladas en la región
oriente de Bolivia. Esto consolida un modelo de crecimiento
y de desarrollo económico desequilibrado en términos
territoriales y desigual en la asignación de recursos
intrarregionales, como ha ocurrido históricamente con
las actividades económicas en torno a las cuales Bolivia
articuló su inserción en los mercados internacionales.
Frente a este panorama, resulta interesante reflexionar sobre
el comportamiento de los diferentes actores e intentar comprender
el entramado de relaciones e intereses con el objeto de analizar
las posibilidades de construcción de una alternativa
política concreta con capacidad de posicionamiento
en el futuro escenario electoral de diciembre y, fundamentalmente,
de julio de 2006, con miras a la constitución de la
Asamblea Constituyente.
Asimismo, cabe tener en cuenta, en este punto, un interesante
planteo realizado por la socióloga argentina Alcira
Argumedo sobre las reactualizaciones del liberalismo político
referidas a una nueva concepción de lo social que supere
el concepto marxista de la sociedad; en efecto, esta reformulación
conceptual debe partir de una observación “de
la fragmentación y complejidad crecientes, de la proliferación
de las diferencias entre los individuos (…) (E)l interrogante
central de un nuevo tipo de sociedad se vincula con el tipo
de articulaciones sociales que es posible postular teniendo
en cuenta tales diferencias” .
En función de esto, cobra relevancia uno de los aspectos
considerados inicialmente, vinculado a las características
y modalidades de un modelo sustentable de gobernabilidad democrática
para el país. Esto es así, ya que la existencia
de articulaciones sociales que den cuenta de la dualidad de
la sociedad boliviana como un problema estructural a resolver,
es en sí misma, condición de posibilidad para
que un proyecto político pueda consolidar un modelo
de gobernabilidad sostenible.
Un síntoma importante de las dificultades señaladas
es el rol mismo del sistema de partidos en Bolivia. En efecto,
un sistema que, tradicionalmente había estado caracterizado
por una importante fragmentación y dispersión,
experimentó en los noventa una relativa concentración
en términos ideológicos con la desaparición
de un número de partidos de izquierda que, sin embargo,
representaban a un porcentaje minoritario del electorado.
Por otra parte, el núcleo de partidos entre los cuales
se dirimían periódicamente las contiendas electorales
compuesto mayormente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), la Acción
Democrática Nacionalista (ADN) y, secundariamente,
por la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y por
la Nueva Fuerza Revolucionaria (NFR), demostraban posturas
crecientemente centristas y convergentes. Esta tendencia ha
quedado acabadamente demostrada por la serie de alianzas pre
y post electorales que estos partidos conformaron en distintos
momentos, en particular a partir de 1985.
Este panorama nos permite observar que, al menos hasta las
elecciones de 2002, las opciones partidarias se habían
restringido significativamente, con lo cual un importante
porcentaje de la población, en especial aquella que
más duramente había sufrido el impacto de las
políticas de ajuste estructural y liberalización
en las áreas tanto urbanas como rurales, no contaba
con una expresión política en este ámbito.
En la medida en que la situación ha ido agravándose
puede notarse que, en contraposición al proceso reseñado
anteriormente, la polarización social ha retroalimentado
un proceso de radicalización política en términos
de la fragmentación de las opciones partidarias, situación
que en este momento genera importantes obstáculos para
la construcción de una propuesta política con
un consenso mínimo que sostenga y se comprometa con
un modelo de desarrollo alternativo. Éste es, tal vez,
el más importante desafío al que deberá
enfrentarse Bolivia en el futuro próximo.
Dentro de las manifestaciones políticas que adquirieron
relieve en los últimos cinco años y, particularmente,
luego de las elecciones de 2002, se destaca el cada vez más
importante papel que están desempeñando las
organizaciones sindicales y gremiales tanto nacionales como
regionales, lo que refleja la fuerte tradición sindical
que caracterizó a la historia política boliviana
hasta la desmovilización de la Central Obrera Boliviana
(COB) a mediados de los años ochenta con la aprobación
del ya mencionado Decreto Supremo Nº 21060. En este sentido
cabe plantear algunos interrogantes sobre la coherencia y
relevancia presente y futura del sindicalismo en la actual
crisis boliviana, a la luz de lo que Thomas Kruse observaba
en 2001: la falta de un proceso claro de recomposición
sindical en el ámbito urbano, la ambigüedad en
la relación entre el mundo del trabajo y la acción
política, ligada a la precarización e informalización
del empleo, y la dispersión de estrategias que tienden
a ser, de acuerdo al autor, improvisadas, reactivas y defensivas
.
Frente a estas consideraciones podemos observar inicialmente
que el panorama sindical y gremial se ha diversificado en
su composición y en relación al modelo de organización
y de acción de la COB que había hegemonizado
este espacio. A pesar del debilitamiento de esta institución
- en el que influyeron una serie de factores, entre los que
se encuentra el despido de miles de trabajadores del Estado
y la creciente informalización del empleo - consideramos
que la actividad sindical y gremial ha adquirido relevancia
y notoriedad. Las movilizaciones sociales del año 2000,
por ejemplo, constituyeron una importante manifestación
del crecimiento del sindicalismo rural que es pertinente destacar.
Por otra parte, en los últimos tiempos ha podido verse
que la Central Obrera Boliviana, bajo la dirección
de Jaime Solares, ha recuperado un papel político aunque,
en el contexto ya delineado, no lo hace como núcleo
organizativo del movimiento sindical, sino coexistiendo con
otra gran cantidad de agrupaciones a las que se hizo referencia
antes.
Finalmente, los desafíos político-institucionales
que se abren en el futuro inmediato no permiten delinear un
diagnóstico medianamente previsible sobre el rol de
los actores políticos y sociales, el tipo de articulación
y combinación de intereses que pueda generarse a partir
de sus percepciones y las características de un modelo
de gobernabilidad democrática que dé cuenta
de las lógicas en confrontación permanente.
Sólo de algo se puede estar seguro hoy: Bolivia es
un laboratorio político en continua experimentación.
3.
Breve caracterización del escenario hemisférico
y regional
La delicada situación político-institucional
de Bolivia se desarrolla en un escenario hemisférico
y regional marcado, estructuralmente, por la presencia efectiva
de los EE.UU. como actor con pretensiones hegemónicas
y con intereses de seguridad que se han manifestado, permanentemente,
en el mismo diseño, formulación y ejecución
de su política exterior en la región.
Pero, la lectura que se puede hacer en el contexto de la crisis
abierta en Bolivia, cruza, en verdad, dimensiones diversas
en su origen como factores contribuyentes a la creación
de esta “atmósfera hemisférica”
de presencia dominante de Washington. En efecto, los ejes
prioritarios de la administración Bush están
surcados por dos dimensiones globales de problemas e intereses,
los que, en su implementación, afectan a todos los
actores del Hemisferio y, más aun, a la región
andina, que se ha convertido en un foco de conflicto permanente,
que, si bien tiene a la grave crisis colombiana como centro
neurálgico de las estrategias económicas y de
seguridad estadounidenses, no deja de manifestarse, también,
en Ecuador, Perú y, por supuesto, Bolivia.
Justamente, las dos dimensiones de la estrategia de los EE.UU.
para la región son, por un lado, la económica-financiera
y, por el otro, la estratégico-militar y de seguridad.
Es importante señalar que, en este contexto de conflictividad
creciente, parece consolidarse una tendencia de la presente
administración estadounidense a encarar una lectura
política crecientemente securitista del escenario político-institucional,
económico-financiero y social de América Latina.
Esa lógica se complementa con una multilateralización
y simplificación de la agenda interamericana, en cuyos
ejes fundamentales están las preocupaciones en materia
de seguridad, lo cual nos lleva a observar que, aun aquellas
cuestiones que están en el orden de lo económico,
financiero y comercial - léase la agenda ALCA, los
distintos proyectos de acuerdos de libre comercio, tanto bilaterales
como multilaterales-regionales, pendientes de aprobación
definitiva - son percibidas, en sí mismas, como verdaderos
intereses de seguridad nacional para los EE.UU.
Ahora, las temáticas económico-comerciales constituyen
toda una red de intereses que son altamente prioritarios para
Washington y, en tal sentido, la estructura misma del denominado
Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación
de Drogas (ATPDEA) es un claro indicador de esta tendencia
a una lectura securitaria integral, ya que, liga la concesión
de preferencias comerciales por parte de los EE.UU. a los
países andinos al más estricto cumplimiento
de una política de lucha contra los cultivos ilegales
y la producción de narcóticos. En tal sentido,
tanto Colombia, como Perú y Bolivia, se han visto permanentemente
presionados por la Casa Blanca a través de una serie
de instrumentos que cruzan, sustancialmente, los órdenes
de la seguridad y de las relaciones económico-comerciales.
A tal punto ha sido dominante esta percepción en la
dirigencia boliviana que, aun hoy en este escenario abierto
de crisis política, “el coordinador alterno de
la negociación de países andinos de Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Julio Alvarado,
consideró que se debe acelerar un Tratado de Libre
Comercio (TLC), con Estados Unidos, antes que concluya la
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación
Drogas (Atpdea) en diciembre del 2006” .
Asimismo, reafirmando lo previamente señalado, “sostuvo
que el gran problema para el país, es que terminen
las preferencias del Atpdea, ya que varias empresas que exportan
a Estados Unidos, dejarán de hacerlo y ello influirá
negativamente en las exportaciones del país y en las
posibilidades de generar más empleo” . De hecho,
el citado funcionario manifestó que “los empleos
de las empresas que exportan a Estados Unidos, son de mejor
calidad, se pagan mejores sueldos, existe seguridad social,
están regidas a varios controles y si se concluye el
Atpdea, lamentablemente vamos a enfrentar una situación
muy difícil" .
Estas aseveraciones pueden tener, en la presente coyuntura,
un profundo impacto, más aún teniendo en cuenta
que, entre el 18 y el 22 de julio se realizará una
reunión clave en Miami entre los países andinos
y los EE.UU, de cara a cerrar un acuerdo integral de libre
comercio. Bolivia irá a ese encuentro en calidad de
observador, aunque, en función de las palabras del
citado funcionario, abría expectativas de encontrar
un camino de acuerdos comerciales que le permitan a Bolivia
consolidar una plataforma exportadora que le genere divisas
a partir de una mayor presencia en los mercados mundiales.
Por cierto, esto ocurre simultáneamente a la indefinición
política en una temática estratégica
en el orden subregional, y que es la denominada agenda de
integración gasífera sudamericana, que se ha
dado en llamar “anillo energético sudamericano”.
Este proyecto está lejos de concretarse y en los próximos
días se producirán reuniones en las que se abordarán
aspectos políticos, legales y técnicos para
la planificación e implementación del mismo,
aunque, en la complejidad evidente de este escenario, no puede
dejar de mencionarse el conflicto histórico entre Bolivia
y Chile por la salida marítima reclamada por los bolivianos
luego de la Guerra del Pacífico, factor que se constituye
en una permanente usina generadora de actitudes hostiles cuando
no directamente confrontativas entre ambos países.
Por otra parte, la reciente concesión de inmunidad
soberana al personal diplomático y militar de los EE.UU.
por parte del gobierno paraguayo, se ha sumado para contribuir
al creciente proceso de inestabilidad regional, generando
-incluso- lecturas que han asociado esa virtual presencia
de fuerzas armadas estadounidenses, al establecimiento de
bases militares que puedan asegurar, entre otras cosas, una
cercanía estratégica a los mismos yacimientos
hidrocarburíferos del oriente boliviano que, en el
caso de la provincia de Tarija, limitan con el territorio
del Chaco paraguayo.
Sin embargo, el Canciller boliviano, Armando Loaiza “atribuyó
a una "especulación excesiva" y por lo tanto
desechó la idea que la instalación de una base
militar estadounidense en territorio paraguayo se emplee para
"monitorear" la riqueza energética del país”
. Asimismo, manifestó que "hay que desechar esa
idea un tanto especulativa de que en ese centro de operaciones,
en esa base conjunta militar y de cooperación que tiene
la República del Paraguay y Estados Unidos, se ha establecido
a efectos de observar o monitorear las capacidades de los
hidrocarburos de Bolivia ".
Lo cierto es que el gobierno y el Poder Legislativo de Paraguay,
“autorizaron el ingreso de tropas estadounidenses con
inmunidad, permiso de libre tránsito y permanencia
para sus soldados con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogable
automáticamente .”
Pero, estas noticias deben ser analizadas en el contexto de
la última reunión de la Asamblea Anual de la
OEA, realizada en Florida, EE.UU., entre el 5 y el 7 de junio
del 2005. En las sesiones iniciales del citado encuentro hemisférico,
Washington presentó una propuesta tendiente a “evaluar
la situación de la democracia en los países
del continente y poder anticipar las crisis” , lo cual
generó el inmediato rechazo de buena parte de los países
de la región, encabezados por Venezuela, México
y Brasil. Ante el tenor “cuasi intervencionista”
de la propuesta de la Casa Blanca, el Secretario General de
la OEA, José Miguel Insulza, manifestó que “no
es una fiscalización ni un monitoreo ni nada por el
estilo, sino adelantarnos a los hechos” , y consideró
que la situación del hemisferio es en sí misma
crítica, con indicadores sociales, económicos
y político-institucionales que muestran un cuadro de
crisis persistentes, con problemas estructurales relacionados
a la inequitativa distribución del ingreso y a la extensión
de la pobreza, todo lo cual contribuye a crear un caldo de
cultivo para la inestabilidad crónica de las democracias
y para el avance de la violencia en las sociedades latinoamericanas.
En ese orden de cosas, el citado funcionario explicaba que
“Es necesario revisar cuál es la agenda común
que tenemos. Los títulos están bien: democracia,
seguridad, desarrollo. Pero la verdad es que la negociación
comercial ha estado atascada y que los temas de seguridad
no atienden a cosas graves como los huracanes” , y afirmó
que a los países latinoamericanos les falta “mejor
gobierno, mejores instituciones y seguir políticas
consistentes en materia económica .”
En definitiva, la propuesta inicial de los EE.UU. trocó
en la Declaración de Florida, en una preocupación
compartida de los países del Hemisferio en torno a
la estabilidad de las democracias, el avance del desarrollo
económico y el combate a la pobreza.
Para concluir, “la actual administración estadounidense
ha consolidado dos rasgos distintivos del accionar político
externo de los Estados Unidos en la región. Por un
lado, la reaparición de un sesgo fuertemente unilateralista
complementado con una visión pesimista sobre la capacidad
de respuesta de los países del continente para la resolución
de las así llamadas nuevas amenazas que el Hemisferio
debe afrontar: narcotráfico, terrorismo, seguridad
aeroportuaria, degradación medioambiental y contaminación
e inestabilidad y crisis de los regímenes democráticos.”
“Por otro lado, una persistente securitización
de la agenda regional que, a la vez que se extiende multilateralmente,
alimenta un peligroso proceso de militarización, cuyo
centro de gravedad estratégico está hoy en Colombia.
Allí el conflicto político-institucional, sumado
a la inestabilidad económica y a la consolidación
de estructuras sociales duales , junto a un estado de guerra
interno que es permanente, aparecen como aspectos de una realidad
que se hace más compleja al compás del incremento
del apoyo militar y financiero de los Estados Unidos a la
administración Uribe en el marco del Plan Colombia,
convertido ahora en un instrumento subregional bajo el nombre
de Iniciativa Andina” .
Reflexiones
finales
Del análisis anterior se desprende un interrogante
ineludible sobre la viabilidad política y económica
de la nacionalización de los hidrocarburos. En función
del escenario de condicionalidades y limitaciones estructurales
descripto, esta pregunta va más allá de la existencia
de una voluntad política ya que, fundamentalmente,
apunta a la capacidad del Estado boliviano para sostener una
medida de tales características y alcances.
En este sentido, consideramos relevante y pertinente destacar
una vez más la dimensión jurídica de
la “recuperación” del rol del Estado como
genuino representante de todos los sectores sociales que tienen
intereses que defender en el escenario político-institucional.
En efecto, se trata de “recapturar” las estructuras
burocráticas del Estado como una condición ineludible
para desmontar la compleja red de intereses públicos-privados
que han sido la urdimbre estructural que está detrás
de los procesos de decisión política y de gestión
pública del Estado boliviano. Desde esta trama de poder
los intereses perjudicados han tenido siempre un mismo rostro:
el de los sectores políticos y sociales, rurales y
urbanos, permanentemente excluidos del juego político.
Asimismo, hay un factor de orden territorial y de distribución
espacial del poder que ha actuado reforzando la lógica
de desapropiación de la soberanía política
del pueblo boliviano con la consecuente privatización
del espacio público, como ámbito natural de
debate e interpelación política. Una vez más,
señalamos la pertinencia de la postura de Andrés
Soliz Rada, quien hace hincapié en la necesidad estratégica
de vincular la explotación e industrialización
del recurso gasífero con el desarrollo equilibrado
y armónico de las distintas regiones del país,
como una forma de terminar con las tradicionales asimetrías
intra e inter-regionales que han caracterizado a la historia
económica boliviana.
A su vez, la organización política unitaria
y el tradicional centralismo administrativo -ejes estructurantes
de la institucionalidad política boliviana- se muestran
como una salida inadecuada ante el escenario de fragmentación
social y radicalización política que acentúan
la dualidad social y económica entre los distintos
sectores del país. Podemos plantearnos, entonces, hasta
qué punto esta forma de organización funcional
y distribución espacial de poder puede dar cuenta e
incorporar en términos de representación política
la multiplicidad de fracturas e identidades sociales, culturales
y étnicas que caracterizan a la sociedad boliviana.
Tal vez, entonces, el principio de una salida para la grave
crisis política, económica y social del país
esté asociada a la recuperación jurídica
del Estado, esto es la reconcepción del derecho como
un recurso institucional incuestionable, a través del
cual se pueda plantear la ineludible revisión de todo
lo actuado en materia de normativas legales que son las que
han brindado los marcos de contención para la acción
política de algunos sectores privilegiados que terminaron
por apropiarse de lo público, convirtiéndolo,
de hecho, en la extensión de su propia capacidad de
poder e influencia. Este proceso es el que se ha operado durante
más de veinte años desde las mismas estructuras
del Estado capturadas por estos intereses privados, siendo
la actividad hidrocarburífera el eje central a través
del cual se consolidó una enajenación de la
propiedad colectiva de los recursos naturales, consolidando
con ello las desigualdades económicas, la dualidad
social y las asimetrías territoriales de las que hablábamos
más arriba.
Finalmente, entonces, por qué no hacer uso de los instrumentos
jurídicos con los que el Estado boliviano cuenta para
comenzar a desandar un camino de enajenación de la
propiedad colectiva de los recursos, antes que plantear la
nacionalización de los hidrocarburos como única
alternativa posible.
En efecto, una de las primeras medidas políticas que
se pueden adoptar es el control de la constitucionalidad y
legalidad del ordenamiento jurídico que afecta al sector
hidrocarburífero, así como de las medidas políticas
concretas adoptadas bajo ese esquema. En tal sentido, debiera
considerarse una decisión política altamente
prioritaria dado el cuadro de situación vigente: la
abrogación de las medidas que, bajo los parámetros
del control aludido, sean reputadas como ilegales, aplicando
incluso un criterio retroactivo, lo cual, en sí mismo,
no es más que la materialización de una voluntad
política concreta que recupera espacios de decisión
soberanos. Tal decisión política debiera contemplar,
asimismo, la revisión de los 78 contratos de riesgo
compartido concretados por decreto del Poder Ejecutivo y sin
la previa aprobación del Congreso. Finalmente, la opción
de contralor y de regulación pública sobre el
efectivo cumplimiento de las cláusulas de dichos contratos
por parte de las empresas debe considerarse como otro recurso
a ser implementado. Ligado a ello, se abre una compleja problemática
ligada a la necesidad de control del Estado sobre las maniobras
de evasión y elusión impositiva que estas empresas
han realizado históricamente en la explotación
de los recursos hidrocarburíferos.
Buenos Aires, Julio de 2005
Gustavo Lahoud y Felicitas
Torrecilla son Investigadores del Área
de Recursos Energéticos y Planificación para
el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias
Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador y del Movimiento
por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora
(MORENO). Email:idicso@yahoo.com.ar.
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