Puntos
de Vista
Análisis y opinión sobre energía
y política
Argentina-Gas
Natural: El convenio con Bolivia
y las exportaciones a Chile
Por
M.O.R.E.N.O.
Los
problemas energéticos constituyen hoy temas recurrentes,
a saber:
a)
la fragilidad del sistema eléctrico o su alerta rojo, donde
el consumo se acerca peligrosamente a la capacidad teórica
de un sistema casi colapsado en los irracionales tres segmentos
en que fue estructurado por la Ley N º 24.065: generación,
transporte y distribución, donde la primera no es considerada
un servicio público, sino de interés público,
librada a las decisiones del mercado;
b)
las interrupciones constantes de energía eléctrica,
especialmente en el interior y en el Gran Buenos Aires, que por
la forma de producirse asumen el carácter de programados
pero no anunciados y menos reconocidos, cuidando especialmente
CAMMESA que no se produzcan en lugares o zonas de las que se informa
en los medios capitalinos, como por ejemplo, la C.A. de Bs. As,
San Isidro, Vicente López, La Plata y centro de Avellaneda
y Quilmes;
c)
la falta de gasoil, justamente en la época en que el agro
más lo requiere, circunstancia que ha disparado su precio
en negro, sin que el Gobierno haya recurrido a liberar limitadamente
la importación, pero sin acordarse, por ejemplo, de eliminar
definitivamente los patentamientos de automóviles gasoleros
destinados a particulares (volver a la política vigente
hasta 1989: todo el gasoil para el campo y el transporte) y exigir
a las refinadoras que, dentro de los límites técnicos
de las refinerías, bajen la producción de naftas
e incrementen la de gasoil, o más drásticamente,
determinar que la actividad es un servicio público, que
la obligación de prestarlo depende de las refinadoras y
que las utilidades de las empresas no se miden producto por producto,
por lo que pueden importar gasoil a pérdida si obtienen
beneficios extraordinarios con las exportaciones y las ventas
internas a precios internacionales, como los productos petroquímicos
y los fertilizantes, por ejemplo;
d)
los cortes de gas a las usinas, industrias o comercios, donde
ha aplicado distintos conceptos valorativos de dudosa justicia;
así tenemos que a las usinas -actividad privada no considerada
servicio público, a la que mediante el extraño funcionamiento
del Mercado Mayorista Eléctrico se la benefició
con sobreutilidades destinadas a nuevas inversiones en generación
que jamás se concretaron. Asimismo se la provee de fueloil
y gasoil a costa del Estado, mientras que a los industriales y
comerciantes, en virtud de lo dispuesto por los Decretos Nº
180 y 181 del 2004, se los ha dejado en manos del oligopolio productor,
donde ocho petroleras multinacionales encabezadas por Repsol-YPF
producen el 92 % de la oferta y tienen libertad para vender al
precio que les resulte más favorable (no hay más
precio regulado o de servicio público). Es decir, que mientras
a las usinas se les corta, por el gran volumen que consumen, y
se las subsidia, a los demás usuarios cautivos -con excepción
de los domésticos- se les corta de acuerdo al precio que
pueden pagar. Está de más decir, que muchísimas
PYMES no están en condiciones económicas para aceptar
los precios que se les piden, ni técnicas, que les permitan
utilizar combustibles alternativos; y
e)
los acuerdos con Bolivia y su repercusión en las exportaciones
a Chile, que es el tema que trataremos a continuación.
Dentro
de su política auténticamente nacional, plagada
de sensatez y racionalidad, Bolivia ha nacionalizado sus hidrocarburos
con el fin de volcar las riquezas que ellos generan en beneficio
de su pueblo; en palabras de Hipólito Yrigoyen, se ha apropiado
'de una de sus grandes riquezas nativas'. Mediante la conversión
de las obsoletas y corruptas concesiones en contratos de explotación,
ha recuperado la decisión sobre cuándo se debe producir
y sobre el destino y precio de esa producción, privilegiando
el mercado interno para usos como combustible familiar e industrial
y materia prima e insumo industrial, y finalmente para exportar.
Como esa política no puede asentarse sobre bases mentirosas,
ha encarado una auditoría independiente de sus reservas,
desechando las declaraciones juradas de las petroleras.
La
negociación con Argentina les ha sido ampliamente favorable,
a saber:
a)
los volúmenes están supeditados a sus necesidades
internas;
b)
el precio ha sido sustancialmente mejorado y está sujeto
a revisión en los próximos meses;
c)
la rebaja concedida de U$S 0,50 por MMBTU, está compensada
por la construcción, en las cercanías de la frontera
común, de una planta separadora destinada a que los gases
más ricos y de uso industrial (etano, propano y butano)
queden en Bolivia, enviándose a la Argentina solamente
el metano; en otras palabras, con una rebaja del presente, Bolivia
ganó para el futuro;
d)
ha impuesto a la Argentina la intervención de ENARSA, en
reemplazo de las petroleras privadas anteriormente actuantes,
que son en su casi totalidad las mismas con las que se están
reconvirtiendo sus contratos, pero que, con la aquiescencia del
Gobierno argentino, siguen manejando omnipotentemente la política
hidrocarburífera de nuestro país. Recordemos que
ENARSA sólo había servido para entregar a Repsol-YPF
y a Petrobrás, por 50 años y mediante contratos
secretos, gran parte de la plataforma marina de los argentinos.
Por la información que poseemos, han quedado pendientes
el mantenimiento de la triangulación que el Gobierno Argentino
permite a Repsol-YPF, Petrobrás, Pan American, Total y
las restantes, mediante la cual se sigue exportando gas a Chile,
interfiriendo en las decisiones soberanas de la hermana Bolivia;
por otra parte, habrá que esperar el resultado de la auditoría
de reservas encarada por Bolivia para analizar su relación
con el Gran Gasoducto del Sur que nacería en Venezuela,
lo que implica la factibilidad del proyectado Gasoducto del NEA.
La
política seguida por nuestro Gobierno, de trasladar a Chile
-mediante el mecanismo de los derechos de exportación similar
a los aplicados para administrar el precio en surtidor de los
combustibles líquidos- el mayor costo de las importaciones
de Bolivia, en una ecuación igualadora donde sólo
aparece la comisión de ENARSA (anunciada por el Ministro
De Vido incluso con valores aproximados y tendiente a no gravar
a los consumidores locales) y las diferencias con esos anuncios,
surgidas de la Resolución definitiva del Ministerio de
Economía, generó una destemplada respuesta del Gobierno
chileno. Kirchner, aparece a su vez como defensor de acuerdos,
en el caso de Chile y también en el de España, en
los cuales nuestro país sacrifica sus recursos estratégicos,
no renovables y escasos, sin que los argentinos nos enteremos
sobre los beneficios que nos tocan.
Cualesquiera
sean los razonamientos con que se aborde el tema, no caben dudas
que los gobiernos ponen los intereses de las multinacionales del
petróleo por sobre los de sus compatriotas. Además,
el grueso de los argentinos ha descubierto que los precios de
venta a Chile eran mucho más bajos que los valores solidarios
a que nos vendía Bolivia: en MMBTU, U$S 1,40 vs. U$S 3,30,
aproximadamente. También nos hemos anoticiado que los envíos
de gas natural a Chile a precios de regalo se transformaban en
valiosos productos elaborados, como el metanol, que era exportado
a EEUU y Canadá por la empresa Methanex, por valores aproximados
a U$S 400 millones anuales. Existe un gasoducto recientemente
inaugurado, así como las respectivas autorizaciones de
exportación firmadas por la Secretaría de Energía.
Sobre
el tema, cabe preguntarse si estas ventas externas no tendrán
algo que ver con la demorada ampliación del Gasoducto del
Sur, la cual se está licitando en estos días; es
decir, con tres años de atraso que corresponden a la gestión
K.
Importa
señalar que en el derecho internacional existen diversos
convenios, siendo los principales los protocolos y los acuerdos;
los primeros, tienen una validez menor, e incluso discutible dentro
de nuestro régimen constitucional. En ningún caso
puede el Poder Ejecutivo firmarlos si contradicen las leyes vigentes
y, menos aún, ponerlos en vigencia. Aparecen como los simples
decretos con los que el PE trata de eludir o invadir la esfera
de poder del Congreso. En nuestra Constitución, los acuerdos,
una vez aprobados por el Congreso, se transforman en leyes de
nivel superior al de las demás leyes, en todo aquello aceptado
por el Legislativo. Existen casos ignominiosos que jamás
han sido enviados al Parlamento, como el firmado por el Presidente
Menem sobre la explotación del petróleo en Malvinas.
En
el caso de Chile, existen varios protocolos que hasta la fecha
han sido ignorados por el Congreso, de los cuales el más
importante es el de 1991 que trata especialmente sobre las ventas
de gas entre ambos países; interesa acotar que se hace
la salvedad del abastecimiento prioritario del mercado interno
del que exporta.
En
base a esos protocolos, multinacionales privadas del petróleo
y la energía actuantes en los dos países, han firmado
contratos de ventas con destino a Chile, con precios fijos y/o
ajustables, generalmente muy bajos, lo que induce a pensar en
un pago menor de regalías, con volúmenes básicos
sobre los que giran las autorizaciones y excedentes ilimitados
y, obviamente, con serias penalidades en caso de incumplimientos.
Casi con seguridad, actualmente estarían excedidos los
volúmenes básicos.
La
Ley de Hidrocarburos determina que se deben cumplir cuatro condiciones
para que la Secretaría de Energía autorice esas
exportaciones: 1) que estemos autoabastecidos, 2) que existan
reservas suficientes, 3) que se trate de excedentes, y 4) que
los precios resulten convenientes.
Ninguna
de las cuatro exigencias se cumple en nuestro caso, pues no se
puede sostener que estamos autoabastecidos cuando el 37 % de los
habitantes no accede a las redes de gas natural, estando condenado
a adquirir GLP o kerosene que se venden a precios internacionales,
que les significan más de un 700% de diferencia; es decir,
al contrario de la época de Gas del Estado, el sustituto
es inalcanzable y no comparable. El horizonte de reservas es angustiosamente
bajo y está en caída, por lo cual se potencia la
falta del autoabastecimiento interno. Es irrisorio que se trate
de excedentes, tanto por su volumen como por las exigencias constitucionales
y legales de preservar las reservas para ampliar el horizonte
y la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras. Si bien el gas no tiene un precio spot de aceptación
universal como el petróleo, al existir compras a Bolivia,
cualquier exportación debe, por lo menos, no ser inferior
al precio pagado por las importaciones, cosa que no sucede en
este caso. Las exigencias del Ministro De Vido a los chilenos
son totalmente insuficientes, además de erróneas.
En
base a lo señalado en el párrafo anterior, ninguna
de las autorizaciones otorgadas por la SE es legalmente valedera
y hace pasibles a los respectivos Secretarios del Estado de las
penas por incumplimiento de los deberes de funcionario público,
ya sea por autorizar o por seguir permitiendo la continuidad de
un ilícito. Resulta incomprensible que la SE no sepa que
la exportaciones vía Tierra del Fuego -recientemente aumentadas
con la producción de los yacimientos de la Total, Carina
y Aries- están destinadas a elaborar productos destinados
a exportaciones a los EEUU y Canadá.
La
Constitución Nacional establece la obligatoriedad de explotar
los recursos naturales con racionalidad; la sobreexigencia extractiva
a que son sometidos los yacimientos para fabricar las exportaciones
a Chile, no puede calificarse de racional; el ejemplo es Loma
de La Lata, donde Repsol-YPF se vio obligada, a raíz de
la denuncia del Ministro de Energía de Bolivia y ante el
silencio de las autoridades argentinas, a reconocer la hiperexplotación
a que sometió al yacimiento. También señala
que su explotación debe contemplar los requerimientos de
los argentinos del futuro, cosa que está muy lejos de respetarse.
Y
por fin, pareciera que, para los gobiernos argentinos que se sucedieron
desde Menem en adelante, los hidrocarburos no son estratégicos
ni están vinculados a la defensa nacional. La Constitución,
en su Preámbulo, exige proveer a la defensa nacional. Actualmente,
¿alguien puede, sensatamente, sostener que los hidrocarburos
no son bienes estratégicos?
M.o.r.e.n.o.
es un Movimiento por la Recuperación de la Energía
Nacional
(Argentina). Sus puntos de vista no necesariamente son los de
Petroleumworld.
Nota
del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por InfoMoreno
el 11-08-2006 ( un espacio abierto de información y debate
sobre la actualidad energética del Cono Sur). Petroleumworld
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publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión
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06 08 06
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