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Análisis y opinión sobre energía y política

Ricardo Andrés De Dicco: El negocio de la garrafa

El mercado gasífero argentino fue controlado por dos empresas de propiedad estatal: Gas del Estado SE (en adelante GdE), que desde su creación en 1945 y hasta su transferencia al sector privado a inicios de 1993 operaba monopólicamente en los eslabones correspondientes a la prestación del servicio público transporte y distribución de gas natural, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales SE (en adelante YPF), que se ocupaba en forma casi monopólica de las actividades relacionadas con la exploración y explotación de este hidrocarburo.

Hasta la implementación de las reformas estructurales iniciadas en 1989 en el mercado ampliado de la energía, YPF era la única empresa del país que abarcaba la casi totalidad de los eslabones del circuito productivo del petróleo y los correspondientes al área de negocio upstream (exploración y extracción) de la cadena gasífera, entregándole el fluido a GdE a precio de costo (de producción), para el transporte, distribución y comercialización.

Cabe destacar la significativa expansión de la red troncal de gasoductos que abastece al mercado interno y de la red de usuarios del sistema de distribución que llevó a cabo GdE hasta el año anterior a las reformas estructurales (en 1988, cuando ingresó en operación el gasoducto NEUBA II, de 1.665 km, proveniente de la cuenca Neuquina y con destino final Buenos Aires), así como también el considerable incremento de las reservas gasíferas derivado de los esfuerzos exploratorios encarados por YPF (alrededor del 95% de las reservas de hidrocarburos del país fueron descubiertas por YPF durante sus 70 años de existencia como empresa estatal). Por consiguiente, las empresas beneficiadas con los programas de privatización de YPF y GdE recibieron un mercado hidrocarburífero maduro en términos económicos y estructurales, ya que tanto las inversiones relacionadas al desarrollo de los pozos y las de alto riesgo e incertidumbre en la exploración como las correspondientes a la expansión estructural de la cadena gasífera, suponen un reducido margen de rentabilidad, y en el contexto histórico de las reformas el Estado nacional había transferido al sector privado: 1º excelente nivel de reservas certificadas de hidrocarburos, que en el caso del gas natural su horizonte de vida superaba holgadamente los 30 años; y 2º el sistema de transporte de gas natural más extenso de América Latina (prácticamente sin expansión alguna en los últimos diecisiete años). A tal punto se desarrolló el sistema gasífero local que antes de la privatización éste energético explicaba el 38% de la matriz energética nacional por fuentes de energía primaria, y se encontraba cercano al límite de su expansión posible.

Durante la gestión privada, el sistema de gasoductos del mercado interno no tuvo expansión alguna. No obstante, entre 1993 y 2000 los productores y prestatarias de transporte y distribución de gas natural percibieron una masa extraordinaria de ganancias como resultado de los aumentos tarifarios sistemáticos –ilícitos, ya que violaban el propio Marco Regulatorio y la Ley de Convertibilidad–, la que no se destinó a la expansión de la red troncal de gasoductos que abastece al mercado interno, sino más bien una parte de los capitales acumulados fueron transferidos al exterior y otra parte destinada a la construcción (a partir de 1996) de 10 nuevos gasoductos de exportación (7 hacia Chile, 2 a Uruguay y 1 a Brasil). Por consiguiente, la población afectada por la carencia de provisión de gas natural por redes como resultado de la pésima gestión privada y nula regulación y planificación estatal se fue incrementando hasta llegar a los 13.461.000 ciudadanos argentinos en 2001 (36,1% de la población), según el Censo 2001 publicado por el INDEC. A modo ilustrativo, el 100% de los hogares de las provincias del Noreste argentino (NEA) no tiene acceso al gas natural por redes, al igual que el 41,2% de los correspondientes a las provincias del Noroeste argentino (NOA); en el caso del Gran Buenos Aires (GBA) el porcentaje llega al 16,4%.

Estudios preliminares del IDICSO-USAL para Enero de 2005 señalan que el 39% de los hogares del país carece de provisión de gas natural por redes y que alrededor del 80% de los mismos consume gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10 kg (el GLP es un hidrocarburo que se obtiene tanto del procesamiento del gas natural como de la refinación de petróleo), y el 20% restante quema plásticos, residuos vegetales/animales, leña, etc. Dicho estudio señala que las ganancias internalizadas por los agentes económicos que operan en el mercado del GLP ha sido superior a los U$S 5.300 millones en los últimos siete años. No conformes con las ganancias extraordinarias mencionadas antes, resultado de los incrementos de los precios tras la devaluación (más de 180%), el lobby petrolero ha ganando este año fuertes avances en la nueva Ley para la “regulación” del GLP (que NO considera a la comercialización del mismo como un Servicio Público, sino como “de interés público”, dejando a las “fuerzas del mercado” la formación de precios).

El año pasado la garrafa de 10 kg, que oscilaba –y oscila– entre $ 24 y $ 32 según el punto de venta y región del país, tras una decisión política de la actual Administración se determinaron alrededor de 606 puntos de venta autorizados, sobre un total de casi 95.000, para comercializar la misma con “tarifa social” de $ 18 a $ 19, según la Provincia, tras el “Acuerdo de Estabilidad del Precio de Gas Butano envasado en Envases de 10 kg”, suscrito entre la Secretaría de Energía de la Nación y las empresas productoras y fraccionadotas en Julio de 2004. Al promediar el primer semestre de este año se decidió disminuir la misma a $ 16, con una alícuota para el IVA equivalente a 10,5%. Para Julio de 2005 los puntos de venta autorizados habían disminuido a 597.

Ahora bien, en base a datos del IDICSO-USAL para fines de 2004, el gasto familiar de las garrafas de 10 kg en hogares de bajos ingresos representa entre el 50% y 60% sobre el gasto total de los servicios públicos elementales, según la región geográfica del país. Esto denota una seria preocupación cuando se considera que el 40,2% de los ciudadanos argentinos vive por debajo de la línea de pobreza y un 15% son indigentes (en números absolutos: 15.619.280 y 5.828.090, respectivamente), según la CTA en base a datos del INDEC para el segundo semestre de 2004. En este sentido, el abaratamiento de la garrafa con “tarifa social” (considerando un consumo mensual de 3 garrafas en este tipo de hogares) no ha tenido lugar, si se tiene en cuenta que alrededor del 60% de los ciudadanos argentinos que consumen garrafas de 10 kg vive por debajo de la línea de pobreza, según estimaciones del IDICSO-USAL en base a datos del INDEC para el segundo semestre de 2004. En suma, el GLP envasado en garrafas de 10 kg tiene una notable incidencia en la canasta básica alimenticia y en los gastos de servicios públicos elementales, considerando que el 60% de los consumidores vive por debajo de la línea de pobreza.

El mercado argentino de GLP se encuentra altamente concentrado. Para fines de 2003, el 88,6% de la producción a granel estaba controlada por 8 empresas: 27% por Repsol YPF en forma directa, 19% por Compañía Mega (38% de Repsol YPF, 34% de Petrobras y 28% de Dow Chemical Co.), 11,3% por TGS (controlada por Petrobras y ENRON), 8,5% por Total Austral, 8,5% por Refinor (71,5% de Repsol YPF y 28,5% de Petrobras), 5,3% por ESSO, 4,7% por Petrobras y 4,3% por Shell; considerando las relaciones horizontales entre Compañía Mega, Petrobras, TGS, Refinor y Repsol YPF, las firmas Repsol YPF y Petrobras concentraban para fines de 2003 casi el 70% de la producción nacional de GLP a granel, en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. En base al informe “Área de Negocio” de Repsol YPF para fines de 2004 esta empresa concentraba el 30% de la producción nacional en forma directa. Al analizar la comercialización de GLP en el mercado fraccionador, se observa que para fines de 2003 el 72% se concentraba en 3 empresas: 37,3% Repsol YPF Gas, 25,7% Total Gaz y 9% Shell Gas. En base al informe “Área de Negocio” de Repsol YPF para fines de 2004 esta empresa concentraba el 35,5% de la comercialización en forma directa.

Por último, cabe destacar el costo de la garrafa de 10 kg. El IDICSO-USAL ha estimado en $ 4 el costo de producción en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación; y las empresas declaran costos equivalentes a $ 7.

Agosto de 2005.

Ricardo Andrés De Dicco es Investigador del Área de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad del Salvador, del Centro de Estudios de Pensamiento Económico Nacional (CEPEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), del Instituto de Energía e Infraestructura de la Fundación Arturo Íllia (FAI) y del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO).Email: idicsoenergia@yahoo.com.ar. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.

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