Los
grandes proyectos de las empresas transnacionales basados
en el saqueo
de recursos naturales y la destrucción del medioambiente
a una escala nunca
vista hasta ahora, se han convertido en la fuente principal
de conflictos
ambientales en América Latina. La proliferación
de estas operaciones
económicas es favorecida por planes que fomentan
las exportaciones,
fundamentalmente de materias primas, con miras "al
crecimiento y el
desarrollo" de una región con vastas riquezas
minerales, con la mayor
reserva de biodiversidad, con un tercio del agua dulce
y cerca de un tercio
de los bosques del planeta.
La
situación se identifica en los últimos
quince años con una globalización
financiera y corporativa, que ha asumido una posición
central en todos los
negocios internacionales. Este mercado global entre
empresas transnacionales
define el rumbo de una acumulación: fuerte en
el centro y débil en las
periferias, desarrollando un estilo colonial en la explotación
de los
recursos. Estas operaciones, dominadas por el capital
transnacional y su
búsqueda exclusiva de ganancias inmediatas, distorsionan
las cifras del
producto bruto de cada país, al incluirse la
explotación de recursos en el
rubro correspondiente a la producción nacional.
El
proceso está marcado por la entrega abierta de
territorio, exenciones
tributarias, facilidades en las concesiones de aguas
y de explotaciones
mineras, servicios baratos generalmente provistos por
fondos públicos,
desprotección de la fuerza de trabajo, del medio
ambiente y de la salud y el
modus vivendi de muchas comunidades. Este proceso se
está dando de modo
similar en diferentes países latinoamericanos,
conformando en algunos casos
verdaderos modelos de operación, donde las transnacionales,
con una
inversión mínima se llevan recursos de
enorme valor, dejando un saldo de
contaminación y destrucción del medio
ambiente y un empeoramiento de las
condiciones económicas y de salud de las poblaciones
afectadas directa o
indirectamente por su accionar.
Como
el objetivo básico es incrementar el capital,
el mundo corporativo
impulsa preferentemente el desarrollo de industrias
que garanticen las
mayores ganancias, como los monocultivos agroindustriales
y la minería. Más
aún, dentro de cada una de estas actividades
se da prioridad al tipo de
producción más rentable. Así, los
monocultivos se orientan hacia la
exportación de alimento animal o de celulosa,
y la actividad minera muestra
una tendencia a centrarse en la extracción de
oro y uranio.
Frente
a esta arremetida de las transnacionales que operan
en el ámbito de
la extracción de recursos, los gobiernos locales
no han hecho la inversión
necesaria en educación, capacitación,
ciencia y tecnología para crear
capacidades orientadas a la obtención de un potencial
valor agregado
dirigido a un "desarrollo hacia adentro".
Mas bien, las nuevas promociones
de técnicos y profesionales pasan a constituir
otro aporte nacional al éxito
de la inversión extranjera, al entrar de lleno
al juego de la
"competitividad" de los países, medida
en términos del crecimiento de las
exportaciones de las empresas transnacionales.
Todos
los componentes de la ecuación -grandes corporaciones
en busca de la
máxima rentabilidad, organizaciones económicas
intergubernamentales
instrumentalizadas por el gran capital para la obtención
de sus fines,
gobiernos y políticos locales obsecuentes, legislaciones
débiles o
inexistentes, desinformación y ausencia de espacios
de participación
ciudadana real- contribuyen a fortalecer la salida vertiginosa
de los
recursos de América Latina. Se establece así
una suerte de destino
manifiesto en el servicio de los intereses corporativos,
cuya orientación es
totalmente opuesta al desarrollo, al mejoramiento de
la calidad de vida, la
justicia social, la sustentabilidad. Por el contrario,
y pese al ambiguo y
autocomplaciente discurso macroeconómico de gobiernos
y elites nacionales,
en buena parte de la región se vive un constante
deterioro de las
condiciones económicas y sociales de sectores
mayoritarios de la población,
incluso en países que se presentan como paladines
de esta cruzada
neoliberal. El caso de Chile es paradigmático,
con su sorprendente y siempre
creciente desigualdad en la distribución del
ingreso.
*Ocupación
del territorio*
El
desarrollo de los proyectos extractivos exige ocupar
e intervenir
inmensas extensiones de territorio, utilizar enormes
cantidades de agua pura
y emplear substancias tóxicas de modo intensivo.
La satisfacción combinada
de estas necesidades implica la destrucción masiva
del medioambiente y un
deterioro grave de las condiciones de vida de las comunidades
afectadas, que
incluso pueden verse privadas del acceso a recursos
vitales como el agua y
los recursos marinos. Poco importa para este tipo de
explotaciones que los
territorios intervenidos sean ricos en biodiversidad
o que sirvan de
sustento a determinadas comunidades.
Resulta
ilustrativo revisar el crecimiento de la superficie
ocupada por
estos proyectos. Entre 1990 y 2000 se deforestaron 467.000
km2 en América
Latina para destinarlos a usos tales como la agroindustria
y las
explotaciones mineras (1 <http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#1>).
La deforestación de la Amazonia brasileña
había llegado en 2005 a unos
680.000 km2, de acuerdo con un informe gubernamental
que identifica con
imágenes satelitales las áreas destruidas
por plantaciones para celulosa,
siembras de soya, empresas mineras y otros depredadores.
( http://www.mre.gov.br/<http://www.mre.gov.br/portugues
/noticiario/nacional/s elecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=136490>,
acceso el 21 de marzo de 2006)
En
2002 las plantaciones de eucaliptos en Brasil sobrepasaban
los 30.000 km2
y ahora se discute una ley que permite la devastación
forestal prácticamente
ilimitada. Se estima que Argentina perdió casi
dos tercios de sus bosques
originarios durante el siglo veinte. Gran parte de ese
territorio está ahora
ocupado por cultivos de soya, algodón y maíz
transgénicos (140.000 km2) y
plantaciones de pinos y eucaliptos. En Paraguay la superficie
sembrada de
soya creció entre 1995 y 2003 de 8.000 km2 a
casi 20.000 km2. Para cultivar
soya en Bolivia se deforestaron más de 10.000
km2 de bosque durante los
últimos 15 años.
El
área concesionada a proyectos mineros tiende
a cubrir un promedio del 10%
del territorio de los países en la región.
Esta dimensión varía con la
duración de las faenas (entre 5 y 20 años)
y si las solicitudes de
exploración y explotación se refieren
más de una vez a un mismo sector.
También hay que considerar que el área
de influencia de la explotación
minera es siempre mayor que la superficie concesionada,
puesto que implica
toda la infraestructura de vías de comunicación
y accesos a suministros,
fuentes de energía y agua. La energía
proviene en parte de centrales
hidroeléctricas -existentes o proyectadas- que
ocupan a su vez más
territorio, más agua y generan otros conflictos.
En
Perú la superficie concesionada a las mineras
creció de 1,49% en 1991 a
8,2% en 2006 (105.504 km2); en México, 3% en
1994 y 8%, en 2002
(158.595km2); en Chile, 7,3% en 2002 y 10,6% en 2003
(
80.000 km2); en Ecuador, 5% en 2000 y 16,7% en 2004
(45.513 km2). En este
último país las solicitudes de concesiones
cubrían el 69% del país en 2000 y
el 84,5% en 2004. (2 <http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#2>)
*Los
daños*
A
las emisiones nocivas lanzadas por estas industrias
al aire (CO², SO²), al
agua y los suelos (dioxinas y derivados del uso de cianuro,
arsénico y
mercurio, entre otros), se agregó en los últimos
años la contaminación con
plaguicidas y transgénicos de los monocultivos.
Además de provocar serios
problemas de salud y deterioro de condiciones de vida
a poblaciones
campesinas de varios países, la aplicación
masiva de agroquímicos está
produciendo daños de otro tipo que en un futuro
no tan lejano agravarán el
panorama más allá de cualquier predicción.
Se teme que la destrucción de su
hábitat, el uso de plaguicidas y la introducción
de cultivos invasores está
causando la disminución de polinizadores, lo
que pone en el peligro de
extinción a muchas especies vegetales
(3<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#3>).
Las empresas transnacionales de plaguicidas producen
también las semillas
transgénicas y son propietarias de la mayoría
de las patentes de
biotecnología agrícola, con lo que pueden
tener el control de la agricultura
y de la cadena alimentaria a nivel mundial
(4<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#4>).
La contaminación transgénica es un negocio
adicional de estas industrias,
que por la vía judicial exigen pago a los agricultores
cuyos cultivos
accidentalmente se han contaminado con semillas patentadas.
Incluso cuando
no pueden cobrar por sus patentes, como le ocurrió
a Monsanto en Argentina,
se beneficiaron con la venta de plaguicidas
(5<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#5>).
La operación de cada planta de celulosa requiere
de cientos de miles de
hectáreas de plantaciones, conocidas ya como
"desierto verde" porque han
significado la destrucción de una superficie
similar o mayor de bosque
nativo con la correspondiente pérdida de biodiversidad
en flora y fauna, la
contaminación y el agotamiento de cauces de agua.
Además, la cantidad de
agua que precisa cada una de estas fábricas en
sus procesos es tan enorme
que tienen que instalarse junto a grandes ríos
para aprovechar el recurso y
luego desecharlo seriamente dañado.
Empresas
y gobiernos presentan en sus campañas a los monocultivos
de árboles
como "forestación". Sin embargo, los
estudios confirman los efectos
negativos de esta actividad al registrar destrucción
de bosque nativo,
disminución de biodiversidad y fuentes de agua,
problemas de salud a
comunidades vecinas, contaminación de agua y
degradación de suelos
(6<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#6>).
La devastación que produce la minería
queda patente en los grandes depósitos
de escoria contaminada que han acumulado años
de explotación en cada uno de
los países. Esta destrucción continúa
y se agrava a medida que crece el
número de las explotaciones a tajo abierto de
cobre y sobre todo de oro y
uranio. Como en estos casos el mineral está diseminado
en extensos terrenos,
su extracción implica remover con explosivos
grandes cantidades de roca y
someter el material resultante a un proceso de lixiviación
que emplea
enormes cantidades de agua mezclada con ácido
sulfúrico para extraer cobre y
uranio, y con cianuro para recuperar el oro. Parte importante
de estas
labores se efectúa a más de mil metros
de altura sobre el nivel del mar,
cerca de fuentes acuíferas. Los desechos quedan
ahí para siempre y se
convierten en fuente de contaminación de aguas
superficiales y subterráneas
que al descender hacia los valles afectan a sectores
con economías basadas
en principalmente en la agricultura.
En
1998, 23 de los 29 proyectos mineros del departamento
de Cajamarca en
Perú correspondían a extracción
de oro. Las empresas socias del Consejo
Minero -que extraen casi la totalidad del cobre, oro,
plata y molibdeno de
Chile- explotaban en 2004 nueve yacimientos de oro en
ese país. Ese mismo
año se realizaban operaciones en 23 yacimientos
de oro en Centroamérica. La
cifra tiende a aumentar en esa subregión: este
año se otorgaron 16 licencias
para exploración de oro solamente en el altiplano
guatemalteco de San
Marcos.
En
Latinoamérica únicamente Argentina, Brasil
y México usan uranio para
producir energía eléctrica, por lo que
despertó preocupación la denuncia
sobre exploraciones de uranio en Guatemala desde enero
de 2005 y el
otorgamiento de nuevas licencias este año para
explorar el elemento
radioactivo en ese país. En marzo de 2006 más
de 32 empresas realizaban
prospecciones y exploraciones de uranio en Argentina,
Bolivia, Brasil,
Guatemala, México y Perú (http://www.wise-uranium.org/upsam.html,
acceso el
27 de marzo de 2006).
El
negocio parece asegurado para los próximos años
puesto que la Agencia
Internacional de Energía Atómica anunció
recientemente la instalación de 130
nuevas centrales nucleares y el precio del uranio sigue
en ascenso. Dadas
las precarias condiciones actuales para supervisar las
explotaciones de oro
cabe preguntarse cómo se va a controlar la extracción
del uranio. Conviene
recordar la mina de uranio de Wismut, que funcionó
entre 1945 y 1990 en la
ex República Democrática Alemana y dejó
más de 5.000 mineros muertos de
cáncer al pulmón (7 <http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#7>).
En
2004 Perú contaba con ocho funcionarios para
monitorear en terreno más de
6.200 concesiones mineras; ese mismo año el gobierno
chileno dictaba un
decreto para que la empresa Barrick Gold hiciera fiscalización
aduanera a su
propio proyecto de plata y oro en la frontera con Argentina
(8<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#8>).
Con tan mínima fiscalización estas industrias
pueden ocultar buena parte de
sus actividades, incluyendo escapes radiactivos o tóxicos,
intencionados o
accidentales. De hecho, en 1999 lluvias fuertes desenterraron
centenares de
tambores de cianuro de sodio en Amapá, Brasil,
en terrenos de una mina
asociada al Grupo AngloGold/Anglo American. Hubo muertos
y los peces
desaparecieron del río Vila Nova, pero nadie
se hizo responsable
(9<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#9>).
En Chile, en 2005, a raíz de un accidente radiactivo
en una planta de
celulosa de Celco en construcción, se supo que
la empresa había ocultado
hechos similares en el pasado (10<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#10>).
Poco después se descubrió que otra empresa
de celulosa en Chile, CMPC,
ocultó durante diez años un derrame de
mercurio en una de sus plantas
(11<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#11>).
*Reacción de los afectados*
Pese
a que las elites políticas hacen frente común
con las empresas en las
operaciones de blanqueo de imagen y en la represión
de las protestas a
través de paramilitares o mercenarios - práctica
habitual en Africa
(12<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#12>)
y situación cada vez más común
en países latinoamericanos como Colombia,
Ecuador y Perú (13 <http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#13>)
- la
reacción de las comunidades ha ido en aumento
al conocerse el real impacto
de estos proyectos sobre su salud, sus patrimonios ambientales,
sus culturas
y sus economías. Comienza a saberse que estas
operaciones industriales
generan falsas expectativas de empleo y ni siquiera
aportan ingresos a los
gobiernos nacionales, ya sea en impuestos o regalías.
A las movilizaciones
indígenas y campesinas en Brasil, Bolivia, Colombia,
Guatemala y Ecuador,
que se han enfrentado por años a las compañías
mineras, petroleras y
forestales, se agregan ahora las protestas de sectores
ciudadanos que
rechazan la instalación de megaproyectos destructivos
del medio ambiente en
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. La gente también
está reaccionando
contra las políticas que por un lado impiden
que la población tenga acceso a
los recursos vitales y por otro los entregan al negocio
transnacional, como
sucede con la privatización del agua y la concesión
a privados de los mares
territoriales y bordes costeros. Se suma a lo anterior
una oposición cada
vez más fuerte a los tratados de libre comercio
bajo los términos de las
corporaciones transnacionales, que facilitan el saqueo
y la destrucción de
recursos al disminuir aún más las débiles
regulaciones nacionales.
La
reacción frente a las protestas es asumida indistintamente
por las
empresas o los gobiernos, por separado o en conjunto.
Son numerosos y
repetidos los casos de abusos a los derechos humanos
cometidos para
facilitar la instalación y desarrollo de estos
negocios. Estos atropellos
van desde la persecución de opositores individuales
hasta la represión
masiva y el desplazamiento de comunidades. Estos últimos
años se han
reportado casos graves de esta índole en Brasil,
Colombia, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú. Pero la
represión puede tomar otras
formas, como en Chile, donde se echa mano a leyes antiterroristas
para
encarcelar a dirigentes de comunidades indígenas
que defienden sus derechos
territoriales frente a la expansión de las empresas
forestales. La mayoría
de éstas se halla involucrada en denuncias por
participar en acciones
represivas contra comunidades indígenas, por
conflictos de tierra o
destrucción de bosques.
Afianzadas
en la región durante los regímenes dictatoriales
de la segunda
mitad del siglo veinte, estas industrias no constituyen
una fuente
importante de empleo. Más bien prescinden de
la población, excepto como mano
de obra barata ocasional. Su accionar destructivo del
entorno promueve el
despoblamiento de las zonas donde operan.
*Los
beneficios*
En
definitiva, los únicos beneficiados reales resultan
ser las empresas
inversoras y sus accionistas. En 2004 los ingresos de
las 10 empresas
mineras más grandes que operan en Latinoamérica
fueron de más de 130 mil
millones de dólares (Alcoa, AngloGold/Anglo American,
Barrick Gold,
BHP-Billiton, Meridian Gold, Newmont, Noranda, Phelps
Dodge, Placer Dome y
Rio Tinto). Cinco empresas forestales productoras de
celulosa tuvieron
ingresos por US$10.501 millones en 2004 (Aracruz Celulose,
Celulosa Arauco,
CMPC, Bahia Sul Celulose, Votorantim Celulose) Tres
productoras de semillas
transgénicas y plaguicidas tuvieron ingresos
por US$20.645 millones en 2005
(DuPont Agriculture & Nutrition, Monsanto y Syngenta)
(14<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#14>).
Cargill, la empresa de agronegocios señalada
como caso ilustrativo de lucro
con la destrucción de la Amazonia, tuvo ingresos
de más de 63 mil millones
de dólares en 2003 (15 <http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#15>).
Entre
1994 y 2001, el Banco Mundial, a través de su
Corporación Financiera
Internacional (CFI), otorgó préstamos
por más de 790 millones de dólares
para proyectos mineros en Bolivia, Brasil, Chile, México,
Perú y Venezuela
(a Anglo American, BHP-Billiton, Barrick Gold, Mitsubishi,
Mitsui, Newmont,
Pan American Silver y Rio Tinto, entre otras). En Aracruz
y Bahia Sul hay
participación del Banco Mundial, a través
de la CFI (
http://www2.ifc.org/ogmc/eirprojects.htm, acceso 8 de
noviembre de
2004) (16<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#16>).
Por otro lado, desde 1988 hasta 2005 el Organismo Multilateral
de Garantía
de Inversiones (MIGA) había girado garantías
por un total de US$1.110,6
millones a proyectos mineros en general. Los nombres
de las empresas
señaladas anteriormente se repiten entre los
beneficiados
(17<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#17>).
La magnitud alcanzada por estas instalaciones productivas
resulta posible
gracias a la participación interesada de la elite
política, que actúa como
facilitadora de concesiones y encubridora de una inmensa
contaminación
ambiental, a la vez que abandona su rol cautelar de
los derechos económicos
y sociales de los sectores mayoritarios de la población.
Ya no es la clásica
corrupción ligada al indebido enriquecimiento
personal o de pequeños grupos.
Ahora se trata de elites políticas nacionales
integradas al tejido de las
transnacionales, con sus funcionarios saliendo y entrando
de puestos
públicos a privados (en directorios de empresa,
agencias de lobby o de
asesorías) o a cargos en organismos intergubernamentales,
colocando a sus
familiares y correligionarios en puestos de poder, obteniendo
financiamiento
para los partidos políticos, recibiendo honores
y participación en
fundaciones u otras plataformas para seguir en el negocio.
Todo
se enmarca en una legalidad ad hoc, diseñada
en muchos casos por
juristas y economistas vinculados a las pasadas dictaduras
militares y luego
ampliada y perfeccionada por las corporaciones y los
gobiernos civiles. En
las negociaciones previas y en la puesta en marcha de
cada industria opera
el arte de la no transparencia, fenómeno ya documentado
en el caso de las
petroleras a nivel mundial
(18<http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm#18>).
La aplicación de políticas neoliberales
coordinadas e impuestas a través del
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización
Mundial de
Comercio, en connivencia con las redes políticas
locales, crea un ambiente
favorable para estos proyectos, traducido en débiles
obligaciones laborales,
ambientales y de fiscalización, grandes facilidades
financieras y amplia
disponibilidad de mano de obra barata. Tales condiciones
permiten a las
empresas operar con un ostensible desprecio por las
comunidades a las que
afectan y utilizar procesos destructivos y contaminantes
rechazados en
países desarrollados.
Esta
situación se ha ido enraizando profundamente
hasta constituirse en el
modelo natural de hacer las cosas, que origina un convencimiento
gubernamental reforzado por los dogmas neoliberales
predominantes en la
clase política. Los países latinoamericanos
deben "crecer hacia fuera", en
brazos corporativos. Se trata de "la única
vía posible de crecimiento",
afirman a coro el sector empresarial y los políticos.
Este desastre se ha
constituido así en sistema, y el avance de una
crítica se hace difícil ya
que debe enfrentar a la totalidad de las fuerzas involucradas
en este
exitoso esquema de explotación colonial y de
alienación, quizás el más
perfecto de la historia. La información disponible
nos dice que en la región
nos encontramos con una pérdida brutal de recursos
naturales y humanos, con
una gigantesca distorsión en el desarrollo y
con un proyecto destinado a
causar situaciones de pobreza y deterioro ambiental
irreversibles.
*NOTAS*:
1. Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), (2005)
*Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde
América Latina
y el Caribe<http://www.eclac.cl/cgi bin/getProd.asp?xml=/publicaciones
/xml/1/2154 1/P21541.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tpl-i/top-bottom.xslt>
*, Santiago: CEPAL, p. 182.
2. Fuentes: Perú. Instituto Nacional de Concesiones
y Catastros
Mineros (INACC); México. Secretaría de
Economía. Informe de la minería
mexicana, 2002; Chile. Servicio Nacional de Geología
y Minería
(SERNAGEOMIN); Ecuador, Dirección Nacional de
Minería, Gestión de
Seguimiento y Gestión Minero. Estadística
de Áreas y Hectáreas, 1991 -
2004.
3. Ashman, T., M. Burd, S. Mazer, T. Knight, J. Steets
and J. Vamosi.
(2006) "Pollination Decays in Biodiversity Hotspots
<http://www.pnas.org/cgi/reprint/103/4/956.pdf>";.
Proceedings of the National Academy of Sciences 103(4):
956-961.
4. Paul, Helena and Ricarda Steinbrecher (2003) *Hungry
Corporations:
Transnational Biotech Companies Colonise the Food Chain*,
London: Zed
Books, p. 34.
5. Id. p. 204.
6. Araya, J., Carrasco, N. and Montalba, R., (2006)
*Contexto
Económico y Social de las Plantaciones Forestales
en Chile: El caso de la
comuna de Lumaco, región de laAraucanía
<http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/LibroLumaco.html>
*, Montevideo: WRM-OLCA, p. 66-68.
7. Diehl, Peter (1995) *Uranium Mining in Europe: The
Impacts on Man
and Environment <http://www10.antenna.nl/wise/439-440/uran.zip>*,
Amsterdam: WISE.
8. Alcayaga, J., Luna, D. and Padilla, C. (2004) *El
Exilio del Cóndor: Hegemonía transnacional
en la frontera. El tratado minero entre Chile y Argentina<http://www.olca.cl/oca/informes/exilio_del_condor.pdf>
*, Santiago: OLCA.
9. Oliveira, Cimoni (2004) 'Um enterro de tonéis
de cianeto ao lado do
garimpo Vila Nova<http://folhadoamapa.com.br/more.php?id=6054_0_12_0_C>',
Folha do Amapá, 10 de septiembre.
10. Alonso, Carla (2006) 'Documento confirma que hubo
irradiados en
planta Celco deValdivia <http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060417/pags/20
060417214541.html>', La Nación, 18 de abril.
11. Diario Siete (2006) 'Mercurio en planta de celulosa
Laja <http://www.olca.cl/oca/chile/region08/cmpc001.htm>',
3 de abril.
12. Baracyetse, Pierre, (1999) *L'Enjeu Géopolitique
des Sociétés
Minières Internationales en République
Démocratique du
Congo<http://www.grandslacs.net/doc/3746.pdf>
*, Buzet: SOS Rwanda-Burundi.
Human Rights Watch, (2005) *The Curse of
Gol <http://hrw.org/reports/2005/drc0505/> *,
Washington: HRW.
13. Maldonado, Adolfo, (2001) *La Manera Occidental
de Extraer
Petróleo: la OXY en Colombia, Ecuador y Perú
<http://www.oilwatch.org/doc/libros/maneraocci.pdf>
*, Lima: Oilwatch.
14. Basado en información del portal Yahoo Finance,
seccion Industry
Center <http://biz.yahoo.com/ic/ind_index.html>
con datos de
referencia proporcionados por Standard & Poor's
Capital IQ, Database of
Auditable Public Company Fundamentals, 2005 y Hemscott
Group Limited y
Hoover's, Inc, 2005.
15. Greenpeace (2006) *Devorando la Amazonia <http://www.greenpeace.org/espana/reports/devorando-la-amazonia>
*, Amsterdam: Greenpeace.
16. CFI, (2005) *Informe Anual <http://www.ifc.org/ifcext/publications.nsf/Content/AR2005_Spanish>
*, Washington: IFC, p. 120-128.
17. MIGA, (2005) *Supporting Mining Investments <http://www.miga.org/documents/mining06.pdf>
*, Washington: MIGA, p. 3.
18. Laurent, Éric (2006) *La Face cachée
du pétrole*, Paris: Plon *(*) Observatorio Latinoamericano
de Conflictos Ambientales
(OLCA)<http://www.olca.cl/>
*
http://rcci.net/globalizacion/2006/fg633.htm<http://rcci.net/globalizacion>
Ricardo
Cifuentes Villarroel
es
miembro
del Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA), y de rcci.net/ globalización.
Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
