Para
James Cooper, líder de una pequeña organización
sin ánimo de lucro que promueve reformas judiciales
en América Latina, trabajar en la Bolivia de
hoy es muy parecido a practicar un "deporte extremo:
uno no tiene idea de lo que va a suceder… Se pasa
de momentos de alegría plena a total desolación".
Así es la
vida en el filo de la navaja —bajo los auspicios
de la nueva Bolivia del presidente Evo Morales—.
El ex líder cocalero se convirtió el año
pasado en el primer presidente indígena de la
nación andina poniendo fin a una historia de
dominación de la minoría blanca a la que
acusa por la profunda pobreza de su país. Hasta
ahora, Morales ha nacionalizado los recursos de gas
natural, lanzado una ambiciosa reforma agraria y prometido
reevaluar los programas de erradicación de coca.
Esta agenda ha creado
un ambiente hostil que amenaza la inversión extranjera
y pone a prueba las relaciones internacionales. Además,
ha alterado el terreno para organizaciones filantrópicas
que juegan un papel esencial en un país donde
casi la mitad de los fondos de inversión pública
dependen de la ayuda externa y la generosidad privada.
Con su Proyecto
ACCESO, Cooper promueve el estado de derecho en Bolivia
con medios inusuales. En las calles ha diseñado
prendas de vestir con mensajes sobre derechos humanos
y entrenado a lustrabotas de La Paz para que contribuyan
a impartir educación cívica entre sus
clientes. El mes pasado Cooper coauspició una
conferencia nacional para agentes policiales y judiciales
sobre el uso de los tribunales antidrogas que promueven
tratamiento médico en vez de cárcel. La
juez estadounidense Laura Safer Espinoza viajó
a La Paz para compartir las experiencias de su tribunal
en Bronx.
Poner en marcha
estos y otros proyectos se ha hecho más complicado
durante la Administración de Morales. El simple
hecho de reunirse con funcionarios gubernamentales es
una experiencia frustrante. "La gente a más
alto nivel está siendo reemplazada a cada rato
y a niveles medios está asustada de tomar decisiones",
dijo Cooper. "La única expectativa que tengo
es no tener expectativas".
Lo que está
ocurriendo en Bolivia no es simplemente un problema
de frecuentes cambios de personal sino el reflejo de
un cambio radical de quienes ostentan el poder. En este
tipo de transformación la fundación estadounidense
Soros ve oportunidades. Junto con el gobierno noruego,
están explorando formas que les permitan a los
funcionarios bolivianos adquirir la capacidad técnica
para administrar las industrias recientemente nacionalizadas.
Este tipo de asistencia
es similar a la que la fundación prestó
en países de la antigua Unión Soviética
para ayudarlos a adoptar democracias. En la Organización
de Estados Americanos (OEA) a principios de mes, el
propio George Soros dijo que el fuerte de su fundación
es ayudar a gobiernos a cumplir sus promesas en países
donde "un grupo previamente excluido llega al poder
con buenas intenciones pero sin capacidad".
Soros y Cooper son,
sin embargo, la excepción a la regla. En general,
la actividad filantrópica, al igual que el dinero,
detesta la inestabilidad. Como lo puso Soros en su discurso
en la OEA "a los filántropos no les gusta
involucrarse en cosas que puedan ser políticamente
polémicas".
Las donaciones corporativas
son particularmente vulnerables en un ambiente hostil
como el de Bolivia. Pero un estudio elaborado el año
pasado indicó que la incertidumbre también
afecta las donaciones dentro de cada país a nivel
nacional y local. Jeffrey Davidow, ex embajador estadounidense
y ahora presidente del Instituto de las Américas
con sede en la Universidad de California en San Diego,
ha encontrado que en México "la voluntad
de empresas locales de hacer donaciones… guarda
relación directa con la confianza que tienen
sobre su propio futuro en ese país".
En la medida que
el cambio político o las posturas antinegocios
disminuyen la confianza entre los empresarios, éstos
pasan más tiempo pensando en ventajas a corto
plazo para sí mismos incluida la manera de sacar
su dinero del país, dijo Davidow. En Bolivia,
donde la riqueza nacional se concentra fundamentalmente
en la parte este del país se ha discutido incluso
la opción de una secesión de la región
montañosa y más pobre del oeste.
También existe
el temor de que políticas populistas debiliten
iniciativas diseñadas para crear autosuficiencia.
Nancy Birdsall, presidenta del Center for Global Development
con sede en Washington, advierte que el populismo puede
"desintegrarse rápidamente en clientelismo…
que termina lastimando a los pobres" al desplazar
iniciativas locales legítimas nacidas de las
comunidades y preferidas por donantes internacionales.
Bolivia no ha llegado
a ese punto. De hecho, Morales está gastando
mucho más de lo que esperaba en la nacionalización
de la industria del gas y el petróleo —lo
que ha dejado menos fondos para programas sociales—.
En agosto, el gobierno boliviano anunció que
el proceso de nacionalización sería "suspendido
temporalmente" debido a escasez de recursos.
La popularidad de
Morales está cayendo, a medida que el descontento
popular aumenta y la amenaza de violencia ronda al país.
En ese ambiente la labor de organizaciones sin ánimo
de lucro probablemente se hace aún más
arriesgada y ayudar a los pobres en Bolivia aún
más difícil.
Marcela
Sánchez
es
columnista del diario The Washington Post y del Washington
Post Writers Group.
Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
