Puntos
de Vista
Análisis
y opinión sobre energía y política
Por
qué las naciones de América Latina son pobres

Por Mary Anastasia O'Grady
Con
una creciente histeria sobre el desplazamiento hacia la izquierda
en América Latina y once elecciones presidenciales
en los próximos 13 meses, merece la pena leer la encuesta
“Hacer Negocios en 2006” del Banco Mundial.
El
reporte anual, hecho por la rama investigadora del banco,
mide la carga regulatoria y los derechos de propiedad de 155
países. Los resultados de este año demuestran
claramente que, pese a las persistentes alegaciones de que
la región ha ensayado el modelo del “libre mercado”
y lo ha encontrado insuficiente, la realidad es que América
Latina sigue embarrancada en un modelo estatista.
Cuando
de pesado gobierno o débiles derechos a la propiedad
se trata, América Latina está mejor que Africa
pero sus libertades están muy por detrás de
los países asiáticos y de los antiguos satélites
soviéticos en Europa.
Han
pasado 20 años desde que Instituto por la Libertad
y la Democracia radicado en Lima publicara “El Otro
Sendero” de Hernando de Soto donde se documentaba la
pesada carga que el gobierno peruano dejaba caer sobre las
espaldas de sus pobres aspirantes a empresarios. Infortunadamente,
poco ha cambiado en la región en dos décadas.
Más que nunca, el estado predatorio está empujando
a los empresarios a la clandestinidad y obligando a sus más
industriosos ciudadanos a emigrar, fundamentalmente a los
EEUU.
Tomemos
por ejemplo a México, con sus enormes reservas petroleras
y su libre comercio con América del Norte. Su economía
está muy mal. El ministro de finanzas de México
Francisco Gil Díaz ha manejado muy bien el lado macroeconómico
de la economía. Pero en el lado macroeconómico,
los negocios mexicanos afrontan paralizantes regulaciones
e inadecuadas protecciones legales que debilitan su potencial
para la competencia en el mercado, en las inversiones y en
las ganancias de productividad.
En
la categoría que trata de “contratar y despedir”
del Banco Mundial, México está en el lugar 125
entre los 155 países encuestados. Despedir a un trabajador
le cuesta a una firma casi 75 semanas de salarios. México
también está en el lugar 125 en “protección
a los inversionistas” contra fraudes y otros abusos
corporativos. Por otra parte, está en el lugar 100
en la categoría de “ejecución de contratos”,
lo que significa que cuando dos partes llegan a un acuerdo,
ninguna está segura de que se va a mantener.
Perú
consigue una mejor clasificación general que México
pero no se puede decir que alienta al empresariado. En la
categoría de “iniciar un negocio”, Perú
está en un lugar 106 debido a la densa burocracia a
la que De Soto se refiriera hace tanto tiempo. Despedir a
un trabajador cuesta casi 56 semanas de salarios. Esto desalienta
la contratación y significa enormes pérdidas
para los empresarios si a la empresa le va mal. Un negocio
de mediano tamaño en Perú puede esperar una
carga de impuestos que casi llega al 51 por ciento de las
ganancias brutas. Esto explica en parte porque Perú
tiene el lugar 133 en carga de impuestos. “Hacer cumplir
los contratos” lleva un promedio de 381 días,
dejando a Perú en el lugar 114 en esa categoría.
Argentina,
que todavía arrastra las leyes laborales peronistas,
tiene un mercado laboral todavía menos flexible que
Perú, en el lugar 132 en "contratar y despedir."
Por otra parte, una compañía de tamaño
medio teóricamente tiene que pagar casi 98% de sus
ganancias brutas en impuestos, lo que explica la elevadísima
tapa de evasión fiscal.
Chile,
en el puesto 25 del mundo, tiene el mejor clima de negocios
de la región pero está inexcusablemente detrás
de Malasia, Estonia y Lituania. Necesita hacer avanzar urgentemente
las reformas emprendidas en los años 80 pero, en vez
de eso, el gobierno socialista de Ricardo Lagos ha cedido
ante los activistas sindicales aumentando la carga de las
leyes laborales.
Colombia
– en el lugar 66 – tiene una pésima calificación
en "contratar y despedir" (130) y en "pagar
impuestos," donde una empresa de mediano tamaño
tiene que pagar un total de 75% de sus ganancias brutas. Venezuela
no protege los contratos (lugar 129), no protege a los inversionistas
(lugar 142) y ha convertido el pago de los impuestos en una
pesadilla burocrática (lugar 145). Hay algunas notables
mejorías entre los pequeños países. Honduras
ha mejorado su calificación por haber aumentando la
eficiencia del registro de la propiedad. El Salvador ha acelerado
su "inscripción de negocios" pero todavía
tiene malas calificaciones en esta categoría debido
al costo de iniciar un negocio. .
La
correlación entre la libertad económica y la
prosperidad está clara de la lectura de las clasificaciones
del Banco Mundial. Como uno esperaría, el exceso de
impuestos y de regulaciones de la actividad económica
paraliza el crecimiento, como también lo hace la debilidad
de los derechos de propiedad. Las cargas inflingidas por el
gobierno son responsables, en gran medida, del estancamiento
de la región.
¿Por
qué no ha producido cambios la democracia en América
latina? La respuesta puede encontrarse en la teoría
de la opción pública -- una escuela de economía
hecha famosa por James Buchanan, ganador del Premio Nóbel.
La opción pública ve la política como
un mercado, donde los que más ofrecen tienen el poder
de “comprar” lo que quieren. La desregulación
puede ser lo mejor para la mayoría pero los políticos
no tienen incentivos para hacerlo cuando los más poderosos
y mejor organizados de sus electores, los que los ponen en
el poder, prefieren el status quo. Esos no solo incluyen los
sindicatos sino también a las ricas y establecidas
oligarquías y a los burócratas del gobierno.
La mayoría de los países de América Latina
no tienen clases medias lo suficientemente grandes como para
contrarrestar esas fuerzas opresivas, gracias a la doble maldición
del exceso de regulaciones y la debilidad de los derechos
de propiedad..
Al
costo de una guerra civil, El Salvador ha tenido algún
éxito en despertar a las elites gobernantes sobre la
necesidad de cambio. Pero la mayor parte de la región
es más parecida a México, donde los sindicatos
y un puñado de poderosos – como el magnate de
las telecomunicaciones Carlos Slim y Ricardo Salinas Pleigo
– no ven la necesidad de reformar un sistema que les
sirve tan bien.
Al
revisar el estudio del Banco Mundial, merece la pena observar
que las fuerzas externas también militan contra la
reforma. El Fondo Monetario Internacional, la Agencia de EEUU
para el Desarrollo Internacional, los funcionarios de préstamos
del Banco Mundial y las Naciones Unidas proveen dinero fácil,
“ayuda” para sostener gobiernos fallidos y su
atrincherada clase gobernante. La "condicionalidad"
ha sido un fracaso. La ayuda del FMI a la Argentina trabajó
contra los que desafiaban el peronismo en las elecciones del
2003 y garantizaron la victoria del actual gobierno anti-mercado.
Los
burócratas de los países ricos frecuentemente
vinculan sus regalos a objetivos favorecidos por grupos de
presión de los países ricos como los ambientalistas
y las “protecciones” laborales que, a nombre de
la justicia social, añaden más burocracia y
destruyen la iniciativa individual. Mientras tanto, el enorme
aparato gubernamental está dejando a los pobres de
América Latina viviendo en favelas y con muy pocas
esperanzas de un futuro mejor.
Mary
Anastasia O'Grady es
miembro de la junta editorial del Wall Street Journal y editora
d ela columna "Americas" que se publica todos los
Viernes en el Wall Street Journal. Sus puntos de vista no
necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota
del Editor: Originalmente este articulo se publicó
en El Wall Street Journal, el 25 de Noviembre del 2005. Lo
reproducimos en beneficio de los lectores. Petroleumworld
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y análisis. Aceptamos colaboraciones previa evaluación
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Bolivia 11 18 05
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