Bolivia, país polarizado
Por
Milenio de Mexico
El
gobierno de Evo Morales, con once meses en el poder,
se enfrenta a la derecha política y el empresariado,
que se oponen al reparto de tierras y exigen autonomía
regional.
Bolivia cierra 2006, año
de intensas transformaciones, inmersa en una profunda
división que ha obligado al presidente indígena
Evo Morales a pedir tregua y llamar al diálogo
a sectores civiles y políticos antagónicos
que lo tienen acorralado con demandas de mayor participación
en la Asamblea Constituyente, encargada de redactar
una nueva Constitución.
También exigen autonomía
en cuatro importantes regiones, entre ellas la próspera
Santa Cruz, que dinamiza con su producción
agroindustrial la economía del país,
y Tarija, cuyo territorio alberga 85 por ciento
de las reservas bolivianas de gas natural.
Morales atribuye esta situación
tensa a una reacción de la elite y la derecha
que pierden privilegios: “Defender a los pobres
tendrá costo. Hay castas, logias, terratenientes,
que no quieren el cambio”, pero los “vilipendiados
de la historia [indígenas y campesinos, excluidos
desde la fundación de la república
en 1825] vamos a cambiar nuestra historia”,
dijo recientemente a la prensa.
El gobernante asumió el 22
de enero, con un amplio respaldo de 54 por ciento
de los sufragios, una votación inédita
en el último medio siglo, en medio de una
gran expectativa de los bolivianos, por su promesa
de cambio y honda preocupación de la derecha
y de las multinacionales petroleras por su voluntad
de nacionalizar los hidrocarburos y de virar hacia
la izquierda, luego de veinte años de modelo
de libre mercado.
A poco más de tres meses
de haberse ceñido la banda presidencial,
Morales, primer indígena en ocupar ese sitial
en 181 años, empezó a aplicar sus
promesas electorales: el 1 de mayo anunció
la nacionalización de los hidrocarburos,
que concretó a fines de octubre, con la firma
de nuevos contratos con una decena de transnacionales
que operan en el país y que otorgan a Bolivia
la propiedad sobre el gas y el petróleo.
Con esa decisión, el país
cuadruplicó sus ganancias y obtuvo condiciones
de beneficio en contraste con los contratos firmados
en 1996 en su primer mandato por Gonzalo Sánchez
de Lozada, que entregó a las multinacionales
el control de la segunda reserva de gas más
importante de América del Sur.
Actualmente está autoexiliado
en Washington adonde huyó tras ser obligado
por una rebelión popular –zanjada con
60 muertos y 500 heridos de bala– a dimitir
a su segunda gestión, en octubre de 2003,
a causa de su política petrolera.
En otra medida que hizo trepar su
popularidad, Morales redujo después de asumir
a la mitad su propio salario, el de sus ministros
y de los funcionarios públicos jerárquicos,
dinero con el que creó más puestos
en la educación y salud públicas.
También eliminó los gastos reservados
de la administración, que en el pasado había
provocado corrupción.
En julio cumplió otra promesa
electoral al conducir la elección de la Asamblea
Constituyente y un referéndum sobre autonomías,
en el que la mitad de Bolivia: Santa Cruz, Tarija,
Beni y Pando, autodenominada “media luna”
por su ubicación geográfica, votaron
por el sí, mientras La Paz, Cochabamba, Chuquisaca,
Potosí y Oruro, las regiones andinas más
empobrecidas, la rechazaron.
La amplia popularidad que había
forjado, especialmente con la nacionalización
de los hidrocarburos –que no expropió
ni confiscó– duró poco.
A comienzos de noviembre, promulgó
una ley agraria que luego de un proceso de verificación
revertirá latifundios ociosos al Estado,
que después cederá gratuitamente esas
tierras a comunidades indígenas, campesinas
u originarias.
Según el propio Morales,
el anuncio de esa medida, que afecta a grandes terratenientes
de Santa Cruz, Pando y Beni, desató la protesta
de “las oligarquías que no quieren
perder sus privilegios” disfrazada en pedidos
de autonomía regional y respeto a un sistema
de voto de dos tercios en la Asamblea Constituyente.
Dicha institución, otra de
las promesas electorales, se había instalado
en agosto y en ella el oficialista Movimiento al
Socialismo (MAS) quedó con el control de
54 por ciento de los escaños, menos de los
que había proyectado el mandatario.
En una interpretación de
la ley de convocatoria a la Constituyente, el MAS
aprobó que las decisiones se tomarían
por un sistema mixto de mayoría de 50 por
ciento más uno, del que dispone de antemano,
en los asuntos administrativos y dos tercios de
voto en los temas de fondo.
La oposición y las organizaciones
civiles de la medialuna insisten en que todas las
definiciones deben ser aprobadas por dos tercios.
La batalla de los dos tercios –a
la que pronto se ligó el asunto de las autonomías–,
se mantiene con las deliberaciones en receso hasta
enero de 2007 tras fracasar un nuevo acercamiento
y después de que una huelga de hambre de
unas dos mil personas fracasara en su intento de
torcer el brazo al oficialismo.
Para imponer los dos tercios y las
autonomías, las organizaciones civiles, dominadas
por los empresarios y las elites, llamaron a mediados
de diciembre a multitudinarios cabildos populares
en la medialuna, donde decidieron no reconocer la
nueva carta política si no es aprobada por
dos tercios y si no contempla regímenes autonómicos
en estas regiones de acuerdo a su conveniencia.
La propuesta autonomista de las
cuatro regiones, que han formado una Junta Autonómica,
para preparar el camino hacia una descentralización
de facto, significa, según el vocero presidencial,
Alex Contreras, restar competencia al gobierno de
Morales en la recuperación del gas para el
Estado y especialmente la distribución de
las tierras entre campesinos pobres.
En el plano externo, Morales mantiene
también divergencias con Estados Unidos,
que le recortó 25 por ciento –de 45
a 33.8 millones de dólares– la ayuda
para la lucha antidroga, por la decisión
de La Paz de aumentar en 66 por ciento los cultivos
de coca legal.
Además
tiene reparos a la intensa relación del gobernante
con su archienemigo el presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, que denunció hace una
semana en Caracas un supuesto plan apoyado por EU
para que “caiga el gobierno de Evo Morales”
y pidió a los gobiernos de Sudamérica
que apoyen al presidente boliviano.
