Estaba ya previsto que las acciones de los bolivianos tenían
un destino, por lo que a las AFP sólo les quedaba la obligación
de acatar. Si había algunos enredos legales, como se dijo
antes, debieron haberlos resuelto en forma oportuna. Han tenido
el tiempo.
La decisión del Gobierno de disponer la transferencia de
las acciones que tienen los bolivianos en las empresas petroleras
y que se hallan en fideicomiso de las Administradoras de Fondos
de Pensiones (AFP), a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), es un acto que se ajusta a la ley, lo que únicamente
estaba pendiente de definición es el procedimiento, como
reconoció el propio presidente de Previsión BBVA,
Ildefonso Núñez.
Sin
duda, lo ideal habría sido no llegar al extremo de que
se dicte un decreto para disponer que se cumpla lo que estaba
ya dispuesto por la Ley de Hidrocarburos, peor aún que
se tenga que dar un plazo perentorio. Ambos extremos pueden resultar
irritantes y ser mal comprendidos por la comunidad internacional,
ante la posibilidad de que se piense que se está aplicando
un acto de fuerza contra las AFP, que tienen sus casas matrices
en España y en Suiza.
Lastimosamente,
la información que se difundió en el exterior es
que a las AFP se les estaba arrebatando acciones propias de las
empresas petroleras, cuando no es éste el caso, pues se
trata de valores que pertenecen a los bolivianos y que las AFP
eran solamente fiduciarias de su tenencia y administración.
Esto hace mucho daño al Gobierno y en particular al país,
debido a que se estaría dando la imagen de que existe arbitrariedad
en la conducción de los intereses nacionales.
Sin
embargo, viendo el caso con la debida equidistancia, se puede
decir que fue un error de las AFP no viabilizar rápidamente
la transferencia de las susodichas acciones. Debían ser
las primeras en orientar al Poder Ejecutivo sobre la forma de
destrabar las complicaciones legales que pudieran existir. La
prueba de ello es que el propio presidente de Previsión
BBVA ha expuesto, en declaraciones a La Razón, que “el
Gobierno entiende que debería ser de una manera y nosotros
entendemos que debería ser de otra”.
En
última instancia, el Decreto 28711 es simplemente de carácter
reglamentario, una vez que la transferencia de las acciones de
los bolivianos —previstas por la Capitalización—
tiene el respaldo de un pronunciamiento popular, a través
del Referéndum nacional llevado a efecto el 18 de julio
de 2004, que tuvo un apoyo del 67 por ciento de la población.
De
manera adicional, la Ley de Hidrocarburos 3058, de 17 de mayo
de 2005, dispone en su artículo 6 que “se refunda
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperando
la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las
empresas petroleras capitalizadas…”.
Con
tales antecedentes legales, por más discutibles que puedan
ser, estaba ya previsto que las acciones de los bolivianos tenían
un destino, por lo que a las AFP sólo les quedaba la obligación
de acatar. Si había algunos enredos legales, como se dijo
antes, debieron haberlos resuelto en forma oportuna. Han tenido
el tiempo suficiente, lo que aparentemente les faltó fue
voluntad. Y esto no cabe por parte de un fiduciario.
El
compromiso que asume el Gobierno, en cambio, es que se mantendrá
el pago del Bonosol a las personas de la tercera edad, para lo
que YPFB deberá hacer el aporte respectivo, con los dividendos
de las inversiones que realizará con el dinero de las acciones
que va a recibir en forma gratuita.
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Razón
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Nota
del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por La
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Petroleumworld Bolivia 17 05 06
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