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Comentario Editorial/Opinión
Jornada: Cierto, no se puede ser
impunemente ilegal e inconstitucional
"No se puede ser impunemente ilegal e inconstitucional". Esta frase pertenece al Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, vertida en un programa de la cadena radial oficialista, en el que pidió a la oposición retornar al diálogo y buscar un entendimiento sobre la base de la necesidad de que ambas partes puedan ceder en sus posiciones. Quién podría creerle después de la maniobra que hizo al convocar a su despacho a varios parlamentarios y dejarlos prácticamente cerrados con la excusa de que retornaría, engañándolos para instalar la sesión congresal? Claro esta que, dadas las circunstancias de preaviso, en la que el cerco de campesinos y cooperativistas mineros estaba en la Plaza, fue de ingenuos abandonar el Legislativo, ¿o quizás era lo que deseaban los opositores y el Vicepresidente ingresó en la vertiente de lo que ahora se denomina "golpe a la institucionalidad y a la democracia"?.
El llamado a convocar al diálogo es el Presidente de la República, deponiendo actitudes de tinte neoliberal. La difícil situación política del país, agravada por las tensiones regionales y la inflación, requiere renunciación y una real y sincera vocación de concertación, que piense primero en los intereses del país, en la unidad de la República y la preservación de la vigencia democrática.
Lamentablemente, el doble discurso que ha caracterizado la conducta tanto del gobierno como de la oposición, ofrece desalentadoras perspectivas, después de una serie de ilegalidades, violaciones a las normas legales y maniobras al estilo de la politiquería tan criticada a los partidos tradicionales.
Las determinaciones de la media luna, al proponer la autonomía de facto, llamar a la resistencia civil y al desacato, así como la convocatoria a un referendo para aprobar un estatuto autonómico, son provocaciones al que el gobierno se presta con sus maniobras.
A la actitud de grupos fanáticos, cobijados especialmente en la Unión Juvenil Cruceñista y del grupo denominado Nación Camba, han surgido reacciones de grupos radicales, racistas, aliados del gobierno, que utilizando la bandera indigenista han efectuado demostraciones de violencia y agresiones incalificables. El gobierno, muy lejos de frenar estas expresiones fundamentalistas, las alentó en más de una oportunidad.
El cerco de grupos radicales agresivos que hostilizaron a los parlamentarios opositores, hasta el extremo de agresiones contra mujeres y un campesino que creyó en el respeto a la libertad de expresión, son el corolario de una actitud sistemática de vulneración del ordenamiento legal.
Lamentablemente, la Constitución Política del Estado, que es a su vez la Ley de Leyes, está siendo, vulnerada sin que exista un mecanismo al que se pueda acudir en demanda de legalidad.
No olvidemos que el país carece en este momento de un mecanismo que interprete y haga respetar la Constitución Política del Estado, desde que se defenestró al Tribunal Constitucional.
Solamente queda la esperanza que tanto el Presidente, como los sectores políticos radicales y las regiones, bajen la tensión y comprendan la necesidad de respetar la Ley buscando mecanismos de aproximación. La frase del Vicepresidente, que señala "que nadie puede ser impunemente ilegal inconstitucional" tiene una aplicación de doble vía, como un boomerang, que el pueblo sabrá discernir en el momento en que vuelva a ser convocado a las urnas.
Jornada es uno de lo simportantes diarios de L aPaz. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor:Este comentario fue originalmente publicado por Jornada, el 02 de marzo del 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.
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