Comentario
Editorial/Opinión
La
Razón: La
guerra del aceite
El Gobierno ha lamentado mucho que las exportaciones de gas no cubran
los volúmenes convenidos. Con ese mismo criterio debería
mirar este caso, pues se trata de que productores bolivianos no cumplirán
su compromiso de entrega de un producto.
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el Gobierno
nacional tiene cifras equivocadas sobre las exportaciones de aceite en los dos
primeros meses del año, lo que le habría llevado a tomar decisiones
igualmente equivocadas para este sector.
Las medidas, anunciadas el miércoles, consisten en la prohibición
para las exportaciones de aceite comestible, lo que se decretó como represalia
por el incremento en el precio del producto para el mercado interno.
Los empresarios
del sector han dicho que en el país hay un
millón de hectáreas dedicadas a la producción
de soya, y que la demanda interna se atiende con la producción
de 150.000 hectáreas. Es decir que con 15% del área cultivada
se puede producir el aceite necesario para cubrir la demanda interna.
Esto muestra que
estamos ante una industria que se basa en la atención
de la demanda interna, pero que se proyecta a la exportación
de los excedentes. Si el complejo oleaginoso del país sólo
se dedicara a producir el aceite suficiente para atender la demanda
interna, los cultivos se reducirían, así como los demás
factores. Por ejemplo, si en vez de un millón de hectáreas
se tuvieran 150.000, los puestos de trabajo que genera el sector no
serían 300.000, sino sólo 45.000. Del mismo modo, los
ingresos por exportaciones desaparecerían.
La prohibición
se presenta como un chantaje del Ejecutivo a los aceiteros para que
bajen el precio del producto en el mercado interno,
si es que quieren que se les vuelva a autorizar las exportaciones.
El daño que se provoca con esta medida es más grande
que el perjuicio que podrían obtener los empresarios por las
exportaciones interrumpidas. Es el nombre del país el que ha
sido afectado. Una exportación comprometida significa que alguien
en el exterior cree en la palabra de una empresa boliviana. Hay documentos
de garantía que los productores deben firmar y que pueden ser
convertidos en sanciones contra ellos. Abrir mercados es una de las
tareas más difíciles en este mundo competitivo y globalizado;
colocar la producción boliviana en un mercado supone mucho esfuerzo.
Supone haber ido aumentando la confianza poco a poco, año tras
año, hasta que el comprador llega a pedir volúmenes mayores.
El Gobierno ha
lamentado mucho que las exportaciones de gas no cubran los volúmenes convenidos. Con ese mismo criterio debería
mirar este caso, pues se trata de que productores bolivianos no cumplirán
su compromiso de entrega de un producto en el momento y en el precio
acordados.
Golpear a los industriales
aceiteros no es algo que pueda ser considerado un éxito para ningún gobierno. Es frenar la culminación
de un esfuerzo hecho por ciudadanos que participaron en una larga cadena
que comenzó en la siembra, siguió en el cuidado del cultivo,
la cosecha, la industrialización, el embalaje y el embarque.
Lo que ha ocurrido ahora es que el Ejecutivo ha frenado el embarque,
la última etapa, el último paso de esta larga marcha.
Lo peor de todo es que, según coincidieron ya varios especialistas,
esta polémica medida no ayudaría a bajar el precio del
aceite en el mercado interno, con lo cual el Gobierno no conseguiría
su propósito.
La
Razón es
un diario de La Paz. Sus puntos de vista no necesariamente son los de
Petroleumworld.
Nota
del Editor:Este comentario fue originalmente publicado porla Razon,
el 24 de marzo del 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los
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