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Comentario Editorial/Opinión

 

 

 

La Razón: La guerra del aceite


El Gobierno ha lamentado mucho que las exportaciones de gas no cubran los volúmenes convenidos. Con ese mismo criterio debería mirar este caso, pues se trata de que productores bolivianos no cumplirán su compromiso de entrega de un producto.

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el Gobierno nacional tiene cifras equivocadas sobre las exportaciones de aceite en los dos primeros meses del año, lo que le habría llevado a tomar decisiones igualmente equivocadas para este sector.
Las medidas, anunciadas el miércoles, consisten en la prohibición para las exportaciones de aceite comestible, lo que se decretó como represalia por el incremento en el precio del producto para el mercado interno.

Los empresarios del sector han dicho que en el país hay un millón de hectáreas dedicadas a la producción de soya, y que la demanda interna se atiende con la producción de 150.000 hectáreas. Es decir que con 15% del área cultivada se puede producir el aceite necesario para cubrir la demanda interna.

Esto muestra que estamos ante una industria que se basa en la atención de la demanda interna, pero que se proyecta a la exportación de los excedentes. Si el complejo oleaginoso del país sólo se dedicara a producir el aceite suficiente para atender la demanda interna, los cultivos se reducirían, así como los demás factores. Por ejemplo, si en vez de un millón de hectáreas se tuvieran 150.000, los puestos de trabajo que genera el sector no serían 300.000, sino sólo 45.000. Del mismo modo, los ingresos por exportaciones desaparecerían.

La prohibición se presenta como un chantaje del Ejecutivo a los aceiteros para que bajen el precio del producto en el mercado interno, si es que quieren que se les vuelva a autorizar las exportaciones.

El daño que se provoca con esta medida es más grande que el perjuicio que podrían obtener los empresarios por las exportaciones interrumpidas. Es el nombre del país el que ha sido afectado. Una exportación comprometida significa que alguien en el exterior cree en la palabra de una empresa boliviana. Hay documentos de garantía que los productores deben firmar y que pueden ser convertidos en sanciones contra ellos. Abrir mercados es una de las tareas más difíciles en este mundo competitivo y globalizado; colocar la producción boliviana en un mercado supone mucho esfuerzo. Supone haber ido aumentando la confianza poco a poco, año tras año, hasta que el comprador llega a pedir volúmenes mayores.

El Gobierno ha lamentado mucho que las exportaciones de gas no cubran los volúmenes convenidos. Con ese mismo criterio debería mirar este caso, pues se trata de que productores bolivianos no cumplirán su compromiso de entrega de un producto en el momento y en el precio acordados.

Golpear a los industriales aceiteros no es algo que pueda ser considerado un éxito para ningún gobierno. Es frenar la culminación de un esfuerzo hecho por ciudadanos que participaron en una larga cadena que comenzó en la siembra, siguió en el cuidado del cultivo, la cosecha, la industrialización, el embalaje y el embarque. Lo que ha ocurrido ahora es que el Ejecutivo ha frenado el embarque, la última etapa, el último paso de esta larga marcha. Lo peor de todo es que, según coincidieron ya varios especialistas, esta polémica medida no ayudaría a bajar el precio del aceite en el mercado interno, con lo cual el Gobierno no conseguiría su propósito.

 

La Razón es un diario de La Paz. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor:Este comentario fue originalmente publicado porla Razon, el 24 de marzo del 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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