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Comentario Editorial/Opinión
Los Tiempos :
Referéndum anticonstitucional
La Corte Nacional Electoral tiene la palabra y en sus manos está preservar la democracia y hacer respetar la Constitución y la Ley sin someterse a los intereses circunstanciales del poder político.Desde el pronunciamiento oficial que emitió el Tribunal Constitucional, recomendando a la Corte Nacional Electoral la suspensión del referéndum del 10 de agosto hasta que no sea resuelto el recurso incidental de inconstitucionalidad planteado en contra de la Ley de Convocatoria de la consulta revocatoria, son cada vez más evidentes e irrebatibles los cuestionamientos en torno a la legalidad del nuevo proceso con el que se pretende determinar, en las urnas, la permanencia o no en sus cargos del Presidente y Vicepresidente de la República, y de ocho prefectos departamentales.
Como es bien sabido, y siguiendo las directrices del Gobierno, la Corte Nacional Electoral ha hecho oídos sordos al decreto emitido por la única magistrada en funciones del Tribunal Constitucional, y ha determinado seguir adelante con la administración y organización del referéndum revocatorio.
Con la determinación del máximo organismo electoral, la institucionalidad democrática, que atraviesa por la peor de sus crisis desde que Bolivia logró superar su azaroso tránsito por gobiernos dictatoriales, está a punto de sufrir un nuevo y artero golpe de consecuencias imprevisibles para la vida democrática del país.
El referéndum del próximo 10 de agosto, además de antidemocrático, porque desconoce el principio universal del respeto a la voluntad de las mayorías por sobre las minorías, reúne hoy todas las condiciones para ser calificado como un acto a todas luces anticonstitucional.
El Gobierno, como autor y más entusiasta defensor de la Ley de Convocatoria al Referéndum Revocatorio; el principal partido político de oposición (PODEMOS), como responsable de su aprobación y sanción en el Senado Nacional; y la Corte Nacional Electoral, en su calidad de administrador de dicho proceso, están todavía a tiempo de evitar la consumación del mayor despropósito que pudiera haberse cometido en la historia democrática de Bolivia.
Para ello, resultaría prudente que se tomaran en cuenta los pronunciamientos que han comenzado a emitirse desde distintos círculos vinculados al sistema judicial boliviano.
Sobre este particular, habría que tener muy en cuenta, por ejemplo, la opinión del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que -en su calidad de cabeza del Poder Judicial- ha recomendado acatar la recomendación del Tribunal Constitucional, por estar debidamente apegada al Derecho.
En esa misma dirección, más de un colegio de abogados y la propia Asociación Nacional de Magistrados han respaldado, en las últimas horas, el pedido de detener la realización del referéndum revocatorio hasta que no sean resueltas las dudas sobre su legalidad.
La última -y probablemente más contundente- señal de alerta sobre la ilegalidad de la consulta del próximo 10 de agosto, acaba de emitirse desde la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca, que ha recomendado a su entidad matriz (la CNE) dejar en suspenso el referéndum revocatorio "hasta que el Tribunal Constitucional legalmente conformado se pronuncie" sobre su constitucionalidad.
Como se verá, la Corte Nacional Electoral tiene la palabra y en sus manos está preservar la democracia y hacer respetar la Constitución y la Ley sin someterse a los intereses circunstanciales del poder político.
Los Tiempos es un ndiario de Cochabamba. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por Los Tiempos, el 25 de julio del 2007. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.
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