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Comentario Editorial/Opinión
El Nuevo Día :
La salida de los superintendentes
Editorial
Es indispensable reconocer en el país los servicios de los funcionarios que se distinguen por su lealtad con el cargo que desempeñan, porque los que se benefician de contar con esta clase de servidores son el Estado y el Gobierno.
La anomalía fue el signo que marcó la caída de dos superintendentes de Hidrocarburos, lo que significa que no se actuó de acuerdo con la norma y menos con las consideraciones personales que merecían dos profesionales que se prestaron a cumplir un servicio público de suma importancia para el país.
El primer caso se dio con la destitución del ingeniero Víctor Hugo Sainz, por haber evitado que se consume una infracción jurídica a la nacionalización de hidrocarburos y un daño económico a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la firma de un contrato de exportación de petróleo a Brasil, a través de una empresa intermediaria, peor aún de dudosa trayectoria. El despido tuvo más características de una represalia ante la denuncia del hecho irregular de un aliado muy estrecho del Presidente de la República.La demostración de que el ex superintendente Sainz actuó correctamente provino de tres procesos investigativos. El primero, del Departamento Jurídico del Ministerio de Hidrocarburos, el segundo de una investigación del Ministerio Público y el tercero de una auditoría de la Contraloría General de la República. Algo más, el saliente superintendente Santiago Berríos declaró a la prensa que tuvo la oportunidad de corroborar el acierto de la actuación de Sainz en la denuncia que hizo en contra de la actuación de Jorge Alvarado.
El ex presidente de YPFB ha sostenido que es inocente de los cargos que se le imputan, porque no se consumó daño alguno en contra de la empresa estatal. Sin embargo, olvida que un acto administrativo que tiene el sello de la deficiencia, la incompetencia o la irregularidad conduce forzosamente al perjuicio económico. En este caso, no se llegó ciertamente a esta situación, pero ello se debió a la voz de alerta que lanzó el ex superintendente Sainz. Los argumentos de Alvarado, que lamentablemente tuvieron el respaldo presidencial, rayan en el ridículo, pues insinúan que el superintendente debía “mirar de palco” cómo se consumaba un hecho irregular y actuar, cuando el daño ya se hubiera producido y seguramente la reparación hubiese caído en el plano de los imposibles, como muchos casos que se han dado en el país.
En el caso de Santiago Berríos, que renunció a los 11 días de haber asumido la Superintendencia de Hidrocarburos, hubo también que lamentar ciertas incongruencias, pues se privilegió a una funcionaria de segundo nivel y se perdió el aporte de este profesional, de reconocida y larga trayectoria.
El infortunado manejo de estos dos casos debe dar lugar a una reflexión. Es indispensable reconocer en el país los servicios de los funcionarios que se distinguen por su lealtad con el cargo que desempeñan, porque los que se benefician de contar con esta clase de servidores son el Estado y el Gobierno. La actuación gubernamental no deja de poner en tela de juicio la lucha contra la corrupción. No se puede pensar de otra forma frente a este rechazo hacia el concepto de fiscalización.
El Nuevo Día es uno de los mas importantes diarios de Santa Cruz. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor:Este comentario fue originalmente publicado por El Nuevo Día, el 15 de Septiembre del 2006. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. Petroleumworld no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.
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