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Comentario Editorial/Opinión
Jornada:
Ley de Fiscalización y Transparencia
Editorial
Un nuevo conflicto se suma a la tensa situación política que vive el país, cargada de susceptibilidades. Se trata de la intención de fiscalizar y destituir a los Prefectos de Departamento, mediante el anteproyecto de una nueva norma que el gobierno entregó al Parlamento.
Según los argumentos del gobierno, solamente se trata de llenar un vacío legal que surge a raíz de que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia No. 0064/2006 de 17 de julio de 2006, declaró inconstitucional los Artículos 11, 12 y 16 de la Ley de Descentralización Administrativa.
Pero la reacción de la mayoría de las autoridades departamentales fue radical ya que seis de los nueve Prefectos decidieron romper todo diálogo y contacto con el gobierno y no concurrir a ninguna convocatoria del Poder Ejecutivo, mientras se mantenga la intención del gobierno.
La decisión fue anunciada en un comunicado suscrito por los Prefectos de Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba, Tarija y Pando. Las prefecturas de Oruro, Potosí y Chuquisaca, que están bajo control de los partidos oficialistas, no se han pronunciado hasta el momento.
Lamentablemente se ha producido una situación en la que, evidentemente existe un vacío legal no solamente por la decisión del TC en relación a la aplicación de la Ley de Descentralización, sino porque existen contradicciones con el ordenamiento legal. Corresponde recordar que oportunamente se advirtió que la elección de Prefectos traería problemas legales, ya que en el momento en que se convocó a la elección se estaba vulnerando la Constitución Política del Estado, ya que el Art. 109 señala que “en cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto, designado por el Presidente de la República”. Por presión de un cabildo de Santa Cruz y la debilidad del gobierno de Carlos Mesa, se comprometió la elección de Prefectos, sin que se haya modificado previamente la Carta Magna.
De cualquier manera, la elección de Prefectos, efectuada mediante las urnas y voto secreto, se convirtió en una conquista y un avance del proceso democrático.
Se dice que es necesario que se fiscalice la labor de los Prefectos, ya que administran dinero que es del pueblo. Pero para que se efectúe una fiscalización existen los mecanismos legales plenamente habilitados. La Contraloría General de la República tiene atribuciones específicas sobre la materia.
El Presidente de la República, Evo Morales, entre los argumentos que esgrime para justificar su proyecto, señala que el anteproyecto de Fiscalización y Transparencia busca que todas las autoridades puedan responder por sus actos y se proteja el patrimonio nacional, ya que las Prefecturas, en este momento, manejan enormes cantidades de dinero producto de los hidrocarburos.
Recordó que la Prefectura de Santa Cruz el año 2004 recibía 449 millones de bolivianos, suma que subió este año a 742 millones y que en la próxima gestión recibirá 946 millones de bolivianos. Pando, que recibía 43 millones, subirá a 390 millones para el próximo año.
Tarija, que el 2004, recibía 676 millones, ahora recibe 1.979 millones y el próximo año dispondrá de 2.490 millones de bolivianos. Este incremento ha sido logrado gracias a los movimientos sociales que defendieron los hidrocarburos, pese a que algunas regiones se encontraban muy a gusto con la anterior forma de distribución de los recursos del gas y el petróleo. El gobierno considera que ahora que las Prefecturas reciben más dinero deben ser fiscalizadas también por los movimientos sociales que hicieron posible la recuperación de los hidrocarburos.
Evidentemente, las Prefecturas manejan el 40 por ciento de la inversión pública y es necesario que se perfeccionen los mecanismos de control, eficiencia y fiscalización. Pero este propósito, no puede ir paralelo a una actitud de intervención o vulneración de la voluntad popular.
Jornada es un diario de La Paz . Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.Nota del Editor:Este comentario fue originalmente publicado por Jornada, 21 de Noviembre del 2006. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. Petroleumworld no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.
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