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No me referiré al grito exultante del grumete Rodrigo de Triana cuando, desde la cofa del palo mayor de la nave capitana Santa María, fue el primero en divisar las playas de lo que el mismo Colón creía que eran las Indias. No, el tema a tratar aquí es local y muy poco exultante.

Hace años que en Bolivia se veían venir los conflictos por la injusta distribución de la tierra. Ni la Reforma Agraria de 1953 ni la Ley INRA fueron suficientes. En los cinco últimos años, las gestiones de saneamiento, catastro y titulación han costado al país la desmedida suma de 43 millones de dólares. Y todo para dejar el problema candente. Las supuestas buenas intenciones de la ´Revolución Agraria´ que trata de implantar el Gobierno, están siendo sobrepasadas por las invasiones ilegales y hasta violentas de predios, muchas de los cuales cumplen su función económico-social, como Dios manda. En algunos casos, los invasores ignorantes o vengativos —o ambas virtudes a la vez— sacrificaron el ganado de raza para darse la gran comilona, destruyeron los cultivos y las instalaciones para la fabricación de productos agropecuarios. Destruir para no construir nada.

A pesar de que lo dicho es inadmisible y sancionable, sin embargo, por razones, ante todo de justicia distributiva y social, es urgente encarar con audacia, prudencia y equidad bien calculadas la redistribución de la tierra, en beneficio de los miles de personas que carecen de ella, para producir sus propios alimentos y comercializar lo restante. También aquí, la seguridad jurídica es imprescindible. Hay que formalizar ante la ley el derecho propietario de esas parcelas. La consolidación de la propiedad, más la creación de infraestructura rural, arraigan dignamente al campesino a su terruño y reducen la desesperada migración a las villas-miseria de las ciudades en donde malviven muchos miles de ex campesinos o semicampesinos (porque casi siempre conservan la sayaña que heredaron de sus mayores). Muchos de estos migrantes, sin trabajo y sin techo, agravan los problemas sociales de las ciudades.

Para que este ordenamiento sea pacífico, hay que arrancar la mala hierba de los politicastros, embravecidos por la proximidad de las elecciones para la Constituyente y el Referéndum Autonómico. Y aún cuando los asaltos ilegales se están produciendo en varias partes del país, sin embargo, adquieren especial intencionalidad en el oriente, en donde, por una parte existen mayores latifundios en pocas manos, regalados a los ´cumpas´ de algunos presidentes, y así se calientan los ánimos, envenenando la atmósfera política.

Como el diablo tentador, los demagogos prometen abundantes fundos rústicos: Todo esto te daré si votas por mí. La política agraria debe terminar con los latifundios improductivos. Pero también ha de prever el fenómeno contrario, la atomización de la propiedad en minifundios o, llevando el caso a la caricatura, los ´surcofundios´ que no sirven ni a sus propietarios ni hace posible una mínima producción agropecuaria racional. Además, hay que tener en cuenta que, o por falta de conocimientos agropecuarios o por carencia de medios e infraestructura o por incuria de los nuevos ocupantes, dentro de cinco o 10 años esas tierras serán eriales.

José Gramunt S.J. es director de ANF. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue publicado originalmente por , el 14 de junio del 2006. Petroleumworld Bolivia no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis .