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Roberto Laserna:
La ley de la "Renta Dignidad"

El Senado tiene la palabra y todos tenemos la oportunidad de revisar nuestros conceptos acerca del desarrollo y la democracia. Al ponerse en cuestión nuevamente la propiedad efectiva de los recursos naturales y por tanto el destino de las rentas que generan, se nos permite revisar nuestros hábitos de dependencia corporativista de un Estado prebendal

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea la renta dignidad, mediante la cual se buscaría hacer realidad el principio de que el dinero del gas es de todos los bolivianos, otorgando una pensión vitalicia a los mayores de 60 años.

El Senado ha acogido la iniciativa y sus autoridades han ofrecido "mejorarla". Es oportuno y necesario que eso se haga, pues el proyecto adolece de serias deficiencias, incluyendo errores de redacción e imprecisiones conceptuales que los legisladores deberán subsanar y corregir.

El proyecto de ley propone destinar una parte del impuesto directo a los hidrocarburos al pago de la renta de vejez. Al hacerlo, confirma la intención de eliminar el Bonosol y da un paso más en la confiscación de los recursos que estaban destinados a dicho pago al liberar a YPFB de cualquier responsabilidad al respecto.

La nacionalización se justificó en parte con la expropiación del Fondo de Capitalización Colectiva y su entrega, sin retribución alguna, a YPFB, que debía seguir contribuyendo al pago del Bonosol como lo ordenaba el Decreto Héroes del Chaco. De aprobarse esta nueva ley será urgente discutir el rol de la empresa estatal, que no solamente recibió las acciones de los bolivianos sin pagar nada por ellas ni compartir sus rendimientos, sino que además recibe cada año una suma similar a la que se destinaría ahora a los 600 mil futuros receptores de la renta dignidad.

No se puede negar la contribución de YPFB en el nacimiento de la industria petrolera en Bolivia, pero los últimos años nos demuestran que es prescindible. De hecho, cuando YPFB quedó reducida a una empresa residual, el país estuvo a punto de convertirse en una potencia gasífera. La obsesión política por revitalizarla ha puesto al sector al borde de la crisis, pues no puede ni siquiera cumplir sus compromisos de exportación. Y el daño es también interno, pues soportamos escasez de gas y de diesel y vemos cómo declinan los servicios a los transportistas y demás consumidores. De modo que es dudosa la racionalidad de destinarle rentas petroleras a una empresa que debiera generarlas, sobre todo cuando se trata de sumas que podrían cubrir hasta dos bonosoles al año.

En lo que hace a la renta dignidad, el proyecto de diputados mantiene la discriminación entre los que reciben y no alguna jubilación, castigando a quienes ahorraron durante su vida laboral con un descuento del 25% de la renta dignidad. Esto es injusto y complica la administración de esta renta, pues los ancianos deberán acreditar residencia en Bolivia y mostrar certificaciones de que no reciben jubilación ni otra remuneración del Estado para poder cobrar la renta completa. La industria clandestina de las certificaciones florecerá tanto como el abuso de la burocracia hacia los ancianos. Esta es historia conocida.

En el proyecto se otorga al Ejecutivo la decisión sobre la periodicidad del pago, y es de esperar que sea anual pues eso reduce los costos tanto para los administradores como para los beneficiarios. Pero mantiene la idea de pagarlo en especie, como si los ancianos no tuvieran la inteligencia ni la dignidad suficientes para administrar su propio dinero. Además no es aconsejable, pues podría dar lugar al surgimiento de enormes dificultades de administración y crearía oportunidades de corrupción e ineficiencia en las compras y adquisiciones de los bienes.

El Senado tiene la palabra y todos tenemos la oportunidad de revisar nuestros conceptos acerca del desarrollo y la democracia. Al ponerse en cuestión nuevamente la propiedad efectiva de los recursos naturales y por tanto el destino de las rentas que generan, se nos permite revisar nuestros hábitos de dependencia corporativista de un Estado prebendal. Si "el dinero del gas es de todos", como correctamente nos lo recuerda el gobierno, la propuesta del momento debería ser, entonces, "a la gente su plata". Y que las burocracias, en vez de pelearse por lo que no es suyo, trabajen para convencernos de que vale la pena pagar impuestos y confiar en ellas.

© www.columnistas.net

Roberto Laserna es investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), docente de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, y de la Princeton University, en Princeton, New Jersey. Presidente de Fundación Milenio, La Paz. Es miembro de la red de intelectuales columnistas.net. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este articulo fue originalmente publicado por columnistas.net, el 01 de Noviembre del 2007. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

Petroleumworld no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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Petroleumworldbo.com 01 11 07

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