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Boris Gómez Úzqueda:
Industria hidrocarburífera: otro año perdido

La dirigencia estatal es hábil para desviar la atención: nos confronta con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y tapa, en lo principal, el fracaso rotundo de su ‘nacionalización’. Estamos por concluir el año 2007 y el balance de la actividad en hidrocarburos es negativo. No soy pesimista, pero la fuerza de la realidad nos obliga a sincerarnos.

No arrancó ningún proyecto multimillonario de industrialización en derivados de gas y la carencia diaria de combustibles (gasolina, diésel y GLP) es notoria. No hay conexiones de gas domiciliario a áreas periféricas ni ‘refundaron’ YPFB como dijeron, y las multinacionales –espantadas por escándalos políticos propiciados, armados y patrocinados desde la dirigencia gubernamental– esperarán la definición de la Asamblea Constituyente (AC) y el nuevo texto constitucional para confirmar nuevas inversiones. Pero como va la mano, es obvio que la segunda ‘bandera’ política de la propaganda gubernamental –la AC– se irá a la tumba, como se fue a pique la nacionalización.

Las ‘santas’ alianzas con el régimen fundamentalista religioso de Irán, la dictadura comunista cubana y la pseudodemocracia venezolana posicionaron el miedo y la incertidumbre en Bolivia para las inversiones en hidrocarburos, recordando que el negocio es de ciclo largo, complejo y muy sensible a cambios bruscos de temperatura política –como sucede aquí–, cuyo Gobierno central, a duras penas, controla menos del 30% del territorio y confronta autoritariamente a Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, departamentos donde –y para desgracia de la dirigencia estatal– se encuentran el gas, el petróleo y la industria energética. La autonomía, en este acápite, más que desde la perspectiva de ‘regalías’ o ‘participaciones’, debe ser orientada para que gobernadores de regiones productoras tengan capacidad política legislada a fin de dirigir nuevos negocios energéticos.

Y a ello se deben agregar las constantes amenazas de dirigentes gubernamentales contra contratistas y operadoras multinacionales de retirarles áreas concedidas, persistiendo de manera perversa el ciclo incertidumbre-falta de inversiones-incapacidad de producción y suministro de gas. De ahí los problemas de provisión a Brasil y Argentina. Probablemente, el capital multinacional tiene planes de expansión de actividades en proyectos de exportación de gas e industrias de valor agregado, pero las condiciones políticas reflejan ingobernabilidad, lo que les debe desanimar para poner un pie firme en Bolivia. El año que concluye las inversiones energéticas (en electricidad, gas, petróleo e industrias derivadas) están en su nivel más bajo y las perspectivas para 2008-2010 no son alentadoras. Lo que sí han abundado fueron ‘acuerditos’ con Venezuela; empero, sigue fallando lo medular: coherencia en política energética, ¿acaso tendrán alguna?

Nadie puede entender, por ejemplo, si a alguna compañía se le ocurre invertir dos o tres mil millones de dólares en proyectos de LNG, GTL, electricidad o petroquímica, que luego serán objeto de nacionalización como producto de reglas cambiantes de un modelo socialista constitucionalizado, que no garantizará la propiedad privada y que, en todo caso, fomentará el surgimiento de ‘miniestados’ indigenistas originarios, sindicalizados, no democráticos, altamente convulsionados y dirigidos por un régimen central totalitario ‘marionetizado’ desde Caracas.

Es impensable, entonces, vislumbrar una Bolivia como distribuidora continental de energía.

 

 

Boris Gómez Úzqueda es Máster en Administración de Empresas. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este articulo fue originalmente publicado por El Deber, el 26 de Noviembre del 2007. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

Petroleumworld no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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Petroleumworldbo.com 29 11 07

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