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Los recientes acontecimientos por los que el país se estaría encaminando a una nueva «forma de pensar» y de actuar, basado en un «cambio» que –parece- indefectiblemente nos hará navegar por las aguas del estatismo, inciden directa e ineludiblemente sobre el negocio energético.

El escenario en el que Bolivia está inmerso es complejo en extremo, desde que se impuso la doctrina del «control» de la renta petrolera -producto de la tercera nacionalización- agregando a ello el no menos difícil relacionamiento entre Bolivia y Chile, Perú, Argentina y Brasil a los que nos une, para bien o mal, negocios (futuros o presentes) que tienen que ver con energía.

Con Chile está la inexcusable negociación sobre una futura y necesaria venta de termoelectricidad o ¿gas por mar? Con Perú resta el largo trecho de ver si efectivamente se tenderá el gasoducto para el puerto de Ilo, desde donde se ¿exportará realmente? gas a ultramar. El tema argentino no deja de preocupar porque si bien subió el precio y volumen de venta, ambos elementos tienen un «pero»: el precio debe ser revisado nuevamente y el volumen mayor de exportación exige obras de ingeniería que no sabemos cuándo se encararán (un nuevo gasoducto) y Brasil esta «plantado» en no subir precios de gas más allá de sus posibilidades contrariamente a las pretensiones de Bolivia.

En lo interno hay corrientes empatadas entre centralismo vs. autonomía. Y se está haciendo difícil la incorporación de YPFB a los nuevos modelos de management corporativo para situarla como una «multinacional» más o menos competitiva, pero muy lejana de su idealizada PDVSA.

La proximidad de la Asamblea –con toda su importancia teleológica política- le puso un candado a los mercados energéticos externos por incertidumbres.
Ningún negocio puede surgir (con inversión intensiva), si es que no sabemos el resultado de la Constituyente.

¿Invertir después de la Constituyente o después del referendo aprobatorio/negatorio de aquella Constitución parida en la Asamblea? En éste ambiente de semiparalización política ¿cómo discutir algo tan técnico y complicado como hidrocarburos? si aún no hemos pactado el modelo de Estado ni las formas de generación/distribución de riqueza que -en Democracia- todos tenemos derecho.

La alta politización y cansador debate con relación al IDH y a la indefinición con relación a ingresos adicionales por venta de gas a la Argentina junto con previos anuncios como una «venta de gas» a Paraguay han puesto de plato de segunda mesa a la prometida industrialización del gas, por la que lucharon.

En el contexto de autonomías las regiones potenciales de promover e impulsar el negocio energético y que –junto al Estado central- tendrían directa influencia en la materia (Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca) no consolidaron programas de desarrollo y energía. Las regiones han olvidado el asunto, excepto Tarija que tiene una dirección a cargo de hidrocarburos en su estructura prefectural que podría diseñar planes de administración Descentralizada de acceso a electricidad y combustibles, viendo nuevas formas de encarar desde el precario suministro de diesel hasta la promoción para incentivar la capacidad de generación energética.

Boris Gómez Uzqueda es Abogado. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por Jornada, el 14 de junio del 2006. Petroleumworld Bolivia no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.
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Petroleumworld Bolivia 20 07 06