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En nuestro segundo artículo sobre un acuerdo social planteamos que los cambios necesarios requieren disponer de un plan de desarrollo, motivación en todos los niveles sociales y un movimiento político que lo interprete y ponga en acción. En principio se puede reconocer que se dispone de lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y un movimiento político que no pretende rescatar el rol protagónico que corresponde a todo partido político, siendo la hora de que los capaces y los honestos invadan el campo de la política, superando el concepto que reza: “El que cree que la política es sucia hace sucia la política, y el que se abstiene de participar en política es cómplice de la mediocridad y la corrupción”.

Nuestra pregunta crucial es: ¿Cómo se llega a un acuerdo social?

Evidentemente, las cosas en Bolivia no han de ser fáciles. La experiencia de más de cuatro lustros de democracia así lo enseña, por lo menos en materia de consensos para superar la crisis integral heredada del manejo irracional de la década de los 70, y ciertos antecedentes en materia de participación del Estado, los empresarios y los trabajadores. Una razón podría ser que no tuvimos la capacidad de crear una imagen de futuro del país de la cual sean partícipes las fuerzas sociales. En tal sentido, el diálogo tiene que realizarse bajo el apremio de una presión intensa, por lo menos en tres campos: a) presión económica, porque la depresión viene esterilizando recursos e impidiendo el desarrollo nacional, departamental y local; b) presión social, porque se requiere aumentar el ingreso y, al mismo tiempo, distribuirlo de manera equitativa, ello sin la alternativa de crecer primero y distribuir después; y, c) presión moral, porque aquellos conceptos tan repetidos en los discursos —miseria, ignorancia, hambre, enfermedad— son realidades difícilmente soportables ya. De aquí viene la presión a que estará sometido el diálogo.

El evaluar con claridad que esta presión existe, constituye un seguro para evitar que ella sea madre de la ansiedad, que a su vez engendra la frustración. Hay, pues, que prevenirse contra el hecho de que los resultados del diálogo no sean espectaculares ni inmediatos y evitar que la ansiedad genuina termine por dar el argumento magnífico de la frustración a los interesados en mantener las cosas como están. Decidido el diálogo como ruta de acceso al acuerdo debe ser encarado sin la pretensión de lograr rápidamente compromisos, pero procurando siempre el consenso, aun reconociendo que el consenso es una mercadería muy escasa en los mercados de ideas de nuestro país. En algunos departamentos se ha hecho un ejercicio político y hasta periodístico del disentimiento; es así que existiría un ansia difundida de agresión recíproca entre distintos grupos sociales que termina siendo un estilo de vida nacional. Y, muchas veces, la falta de información del pueblo sobre los verdaderos problemas constituye la fuente de “financiamiento” de esta esgrima que hacen sus élites, la cual no tiene nada de académica, sino que se refiere concretamente al prestigio y al poder.

En la medida en que el diálogo responsable e institucionalizado reemplace progresivamente al uso de la mera puja y la influencia directa, se podrá ir llegando a definir los atributos de la sociedad a la cual se aspira, se podrá construir la convicción acerca de que determinadas instituciones e instrumentos de política deben ser perdurablemente edificados, y utilizados en sentidos precisos; y se aplicarán los grados de aceptación de determinadas políticas, y de convergencia de las conductas para lograr objetivos unívocos. Por este medio se evitará que la conducta de unos grupos sociales esterilice la acción de otros, tan sólo en el caso de que las políticas sean realmente equitativas. Y, para ser equitativas, deben ser elaboradas sobre la base de la discusión hecha con mentalidad nacional —no para defender intereses de grupo— y a partir de información correcta y suficiente.

La experiencia aconseja que no se dialogue sin documentos previos a la vista.

Buena parte de éstos existen ya y la convocatoria hecha por el Gobierno a los actores sociales es el mecanismo para iniciar el diálogo institucionalizado.

Oscar Vega López es Economista (ovegal@gmail.com). Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por La Prensa, el 25 de julio del 2006. Petroleumworld Bolivia no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.
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