Lastimosamente
en menos de tres años, el sistema democrático
nacional se ha visto peligrosamente debilitado y por muy enajenado
que parezca, la vulneración de los derechos humanos en
perjuicio del propio pueblo, llegó a convertirse en el
instrumento más efectivo para conseguir premeditados
propósitos, perdiendo el Estado cada vez más el
control de su sociedad pluricultural.
La ingobernabilidad
es resultado de varios factores, entre ellos podemos citar:
el rol que desempeñan actualmente los países subdesarrollados
dentro del nuevo orden mundial, la generalización de
la corrupción que conlleva la pérdida de credibilidad
de los poderes públicos que constituyen la base del gobierno,
la incapacidad política para afrontar el problema de
la crisis económica, sumados a una agobiante deuda externa,
el desempleo, analfabetismo, falta de liderazgo e interés
estatal en la tecnología y el desarrollo del conocimiento.
Todos estos
factores generan mayor oportunismo, intransigencia y anarquía
en el país, que siendo estos problemas coyunturales,
no son solucionables a corto plazo mediante salidas legislativas,
cambios de modelos o paradigmas, imposición de fórmulas
o cálculos políticos. El fondo de la problemática
responde a la pérdida de los valores fundamentales del
ser humano que si no son desarrollados individual y colectivamente,
aún existiendo el mejor marco normativo resultará
improductivo regular adecuadamente el comportamiento.
En los albores
de la Asamblea Constituyente es menester que exista un ambiente
propicio, absolutamente contrario a la confrontación
y la anarquía, pues hemos decidido instaurar aquel escenario
para debatir ideas no para librar contiendas bélicas,
máxime si la democracia confiere a dicho proceso, un
aura de protección a los derechos y garantías
de los ciudadanos, no debiendo ser distorsionadas en asambleas
populares dictatoriales, ni convertidas en instrumentos para
un gobierno despótico y autárquico, pues ambos
extremos restringen la convivencia normal de los seres humanos.
Ya es hora
que en Bolivia prime el respeto por la legalidad, retomando
el principio de autoridad en resguardo de los derechos fundamentales
y garantías constitucionales, conservando el orden instituido
del sistema democrático, evitando la contradicción
de garantías y libertades con libertinaje y expansión
del uso de la violencia y de la fuerza.
La Constituyente
nos ofrece un momento histórico para la renovación
del plan de vida institucional, que sin constituirse en el antídoto
de solución a todos los problemas del país, amerita
un ambiente de sosiego para el análisis de propuestas
que den cobertura a los principios y valores supremos en respeto
de la libre expresión, sin arengas ni insultos. Debiera
primar los discursos sapientes con enorme visión de futuro
hacia una nueva Constitución que genere unidad en la
diversidad, ponderando el individualismo de las regiones, sin
subyugación ni opresión egocéntrica.
En un mundo
globalizado, no debemos perder la perspectiva de la paz social
y la integración, mediante una democracia cosmopolita,
puesto que Bolivia no es una isla desértica, con mayor
razón debemos ser responsables de nuestras vidas y conflictos,
dando soluciones coherentes y visionarias, sin crear grandes
codependencias ni autodestrucción, siendo honestos con
nosotros mismos y con los demás, teniendo la capacidad
de trabajar con las demandas foráneas, dentro de un ámbito
normativo para entonces vigente.
Ciro
áñez Núñez
es
es abogado constitucionalista.
Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Este comentario
fue originalmente publicado por La Razón,
el 27 de julio del 2005. Petroleumworld publica este comentario
en beneficio de los lectores.
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