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Luis Eduardo Siles:
La corrupción populista

En la creciente degradación del escenario político en Bolivia, donde ya no cuenta quién argumenta qué, sino quién repite consignas con mayor frecuencia, y moviliza turbas más agresivas y violentas, uno de los pilares de los etno populistas en el gobierno es la idea de que los niveles de corrupción han disminuido desde su llegada al poder en diciembre de 2005.

Parte de la retórica incansablemente repetitiva del señor Evo Morales es la idea de la supuesta mejoría en la costumbre boliviana de muchos funcionarios públicos y políticos de considerar el erario público como un botín.

Según él, los ladrones actuaban en gobiernos previos con total descontrol e impunidad, mientras que en el suyo, en la época del renacimiento socialista, el gobierno se comporta en forma proba y apegada a la moral y las leyes. Nada más falso. Nada más alejado de la realidad y de la verdad que este razonamiento maniqueo y primitivo, generalizador y simplista.

La nueva oligarquía estatal boliviana, encabezada por el presidente, el vice presidente y una extensa cohorte de noveles funcionarios gubernamentales está entre las más corruptas de la historia de Bolivia, solo comparable, y a menudo superando, a aquellos que se hicieron celebres por sus vínculos con niveles de corrupción de envergadura internacional ligados al narcotráfico y a las mafias transnacionales.

Al examinar los casos de corrupción y la impunidad en la que han permanecido, es razonable sostener que el fenómeno de la corrupción en Bolivia se ha agravado ostensible e indisimuladamente, realidad que las encuestas demuestran los ciudadanos de Bolivia están percibiendo con creciente preocupación.

La corrupción estuvo presente desde los primeros días de la gestión de Morales y ha concernido prácticamente todos los sectores de actividad gubernamental y una gama muy amplia de responsables, dirigentes y autoridades del partido oficialista.

Dos de las banderas más utilizadas por el MAS para exaltar los ánimos y desestabilizar la institucionalidad y la democracia bolivianas desde inicio de 2000, ilustran como pocas el cinismo y el desparpajo de quienes criticaban a los anteriores gobiernos por eventuales actos de corrupción solo para acabar desempeñando un papel muchísimo más triste, entre cómico y grotesco, de abierta corrupción, prebendalismo y de una ineficiencia de caricatura.

Tanto la petrolera YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) supuestamente “recuperada” para los bolivianos, como la Empresa EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento) que sustituyó a la francesa Aguas del Illimani, “expulsada” luego de una compensación de casi veinte millones de dólares se convirtieron en espacios de saqueo para el apetito oficialista, tratadas como lugares conquistados por un ejército de ocupación.

Con la salida de Aguas del Illimani, se perdió un proyecto para dotar de agua potable y alcantarillado a toda la mancha urbana de la ciudad de El Alto, con una inversión de 35 millones de dólares, de los cuales ya se habían ejecutado ocho millones.

El dinero había sido concedido a fondo perdido, por la Unión Europea quien luego desistió de continuar con el apoyo y los sectores periféricos de la urbe alteña siguen sin agua potable y alcantarillado como también sucede en Cochabamba donde la salida “heroica” de Aguas del tunari le costó inicialmente cerca a 9 millones de dólares al estado boliviano y podría acabar costándole 25 millones más.

En ambos ejemplos, y más allá de la absoluta falta de criterio en la definición de políticas publicas así como la ausencia manifiesta de resultados y beneficios públicos que la nueva administración trajo, lo que salta a la vista es que ante todo lo que aquí hubo es sobre todo un proceso de corrupción y más corrupción. Evo Morales y García Linera pasarán a la historia con el dudoso honor de estar entre los gobernantes más corruptos que tuvo Bolivia.

Más allá de estos dos ejemplos, este es un gobierno sometido a los designios de una potencia económica extranjera como es la Venezuela de Chávez, y es un régimen profunda y estructuralmente implicado en la generalización del narcotráfico.

LA TRISTE HISTORIA DE YPFB

Uno de los hombres de mayor confianza de Morales, Jorge Alvarado Rivas, diputado del MAS y candidato a prefecto fue el primero en intentar una pantagruélica defraudación al estado al suscribir, en su calidad de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) un irregular contrato para la venta de crudo a un precio inferior al normal, haciendo uso indebido de influencias y obviando los mismos procedimientos legales que acaban de ser aprobados por el propio oficialismo para supuestamente “nacionalizar” los hidrocarburos. El negociado era tan grande que no pudo concretarse.

Alvarado, que cuando era diputado amenazaba, entre otras cosas, en tono descontrolado y violento con colgar físicamente a sus colegas mujeres fue luego nombrado encargado de negocios en Venezuela y la contraloría general de la republica estableció su responsabilidad en un caso que fue puesto a la luz por el superintendente del ramo, Víctor Hugo Sainz nombrado por el propio Morales y ratificado por el Ministerio de Hidrocarburos, lo que en ultima instancia le costó al superintendente su destitución .

Asimismo se denunció reiteradamente que la empresa petrolera era el botín laboral del oficialismo, siendo el criterio predominante para la contratación de personal no el técnico, sino el político mediante avales y recomendaciones, escándalo en el que entre otros estuvieron implicados el diputado Oscar Chirinos Alanoca y el senador “Santos” Ramírez, uno de los principales acusados en la venta de dichas recomendaciones, cuyas evidencias incluyeron recibos escritos y reiteradas acusaciones incriminatorias por parte de diferentes personas.

Luego de la renuncia forzada por el escándalo de Alvarado, el gobierno designó a Manuel Morales Olivera como Presidente de YPFB en abierta violación del estatuto de la empresa y en base a consideraciones de tipo estrictamente político y familiar, aspecto este ultimo subrayado por el vicepresidente García quien con argumentos de antología dijo que los “antecedentes familiares” justificaban el nombramiento. Como premio, Jorge Alvarado fue nombrado Encargado de negocios en Venezuela.

Morales Olivera, cuyo único merito era el de ser hijo del anciano ex diputado masista, Manuel Morales Dávila, (sin parentesco con Evo Morales) ni siquiera tiene titulo profesional en ninguna materia, mucho menos en hidrocarburos y protagonizó luego un escándalo de mayores proporciones que el de Alvarado, a quien fue sindicado de encubrir, presionado al superintendente para que cambie su informe lo que en ultima instancia derivó en su destitución por parte del Presidente de la republica, al negarse a ceder ante las presiones.

Antes de asumir la presidencia de YPFB, y mientras fungía como asesor de la empresa, Morales Olivera ya había sido denunciado de favorecer al bufete de abogados de su padre en la concesión de auditorías petroleras y de negociar con las empresas petroleras extranjeras en absoluto secreto, sin autorización del ministro del ramo y sin tener las facultades legales para hacerlo.

Destapado el escándalo, surgieron a la luz publica enrevesadas versiones sobre su proceder en concomitancia y complicidad con algunas empresas petroleras con las que acordó diferentes sistemas de pago de impuestos y regalías, algunos “rígidos” y otros “flexibles” incluyendo anexos “secretos” otros que se “extraviaron” y que fueron adulterados, firmándose una versión y enviando otra al congreso de la nación.

En esta oscurísima trama, Morales Olivera que aparentemente trabajaba con un grupo de asesores con apodos y comportamientos de caricatura, negoció algunos contratos incluso después de que los mismos habían sido legalizados. Para la elaboración concreta de los documentos, Morales contrató a la consultora jurídica norteamericana "Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Asoc." la misma que elaboró los contratos de riesgo compartido que firmó el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada con las petroleras durante el proceso de capitalización de las empresas del Estado objeto favorito de airadas letanías e inefables criticas por parte del MAS y de Morales Dávila.

Para cuando se anunciara la imputación y la inminencia de un proceso penal en contra de Morales Olivera, se denunció que una gran parte de los documentos internos relacionados con la firma de los contratos habían “desaparecido.”

Luego de que fuera destituido de la presidencia de YPFB el régimen perseveró en mantener a la empresa al abrigo de genuinos técnicos petroleros y nombró a Guillermo Aruquipa un dirigente masista, en base al apoyo político del senador Santos Ramírez.

El nuevo presidente dijo que la empresa sufría de un “relajo” administrativo, incluyendo entre otras cosas cuatro planillas de sueldos simultáneamente y los propios empleados de la Empresa calificaron de “desastre total” la administración de la misma, una resultado que a decir de un medio de comunicación era “lamentado por todo el país”. A Finales de 2007 la empresa ni siquiera tenía un Plan Operativo anual.

LA ADUANA Y LOS TRÁFICOS DE INFLUENCIAS

Sin que haya cambiado absolutamente nada en el fondo, el pobre estado boliviano ha sido repartido entre unas cuantas familias, de supuesta diferencia ideológica con las supuestas “oligarquías” de algunos gobiernos anteriores, pero mucho más desfachatadas en términos de concebir al estado como un botín a ser repartido.

A Manuel Morales Olivera hay que agregar el caso de su hermana Marcia Morales Olivera que se desempeñó en la Aduana Nacional debido a las mismas credenciales familiares solo para alejarse de la institución aduanera en medio de su propio escándalo.
Comunicadora de formación, la Sra. Morales Olivera dispuso de las atribuciones de la Aduana con una discrecionalidad propia de una emperatriz, instruyendo, entre otras cosas, que se exima del control aduanero a ciertos vehículos y se mantenga el mismo en otros, a tiempo de prácticamente avalar el contrabando de salida de gas y gasolina.

Para reemplazar a la hija de Morales Dávila, el gobierno nombró entonces como Director Ejecutivo de la Aduana al General César López Saavedra, quien curiosamente había sido el comandante del ejercito en el derrocado gobierno del Presidente Sánchez de Lozada y activo actor en los enfrentamientos de octubre de 2003, habiendo sido identificado, por los familiares de los heridos como uno de los protagonistas de los hechos.

Hoy por hoy, no obstante el control de la aduana de Bolivia sobre vastas porciones del territorio es cada vez más precario. “Habrían siete “zonas negras”, territorios prácticamente perdidos, donde esa institución no puede operar: tres en La Paz, tres en Oruro y una en Tarija. Son puntos fronterizos donde la mafia del contrabando se mezcla con la del narcotráfico y se hacen invencibles.”

A pesar de ellos, y también en consonancia con el proceso de reversión de lo que se había avanzado en temas de institucionalidad publica, el 14 de marzo de 2008 fue destapado por el propio general César López una serie de escándalos de corrupción en la Aduana nacional incluyendo extorsiones y falsificaciones en los que aparentemente estaban involucrados funcionarios de alto nivel, incluido el propio gerente general designado por César López quien alegó desconocimiento total de lo denunciado.

En apariencia menos influyente que el clan Morales, pero de sostenida presencia, el grupo familiar de la Familia Peredo, a la cabeza del senador Antonio Peredo, su hermano Oswaldo que es concejal del MAS en Santa cruz y su yerno Alfredo Rada, protagonista, entre otras cosas de la violenta represión gubernamental en Sucre que se saldó con tres muertos y varias docenas de heridos.

También han sido reiteradamente mencionados los casos de la familia del dirigente Isaac Avalos, del canciller Choquehuanca , y del vocero Adalid Contreras, entre otros. En este último caso las acusaciones han sido insistentes y provenientes de diferentes fuentes sobre tráfico de influencias en el nombramiento de su hermano en SEMAPA , así como de pasados hechos de cohecho.


La corrupción populista (parte I)

 

 

Luis Eduardo Siles es diplomado del Instituto de Ciencias Políticas de Burdeos, ex diputado por el MNR . Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por HoyBolivia, el 26 de marzo del 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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Petroleumworldbo.com 26 03 08

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