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Fernando Mirabal P. :
El propósito de una Constitución

El rosario de reivindicaciones, presentadas como derechos constitucionales, sólo garantiza una pesada burocracia.

El propósito de cualquier Constitución Política del Estado es establecer la estructura fundamental de la autoridad del Estado, las facultades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las reglas básicas para las elecciones y el ejercicio de la ciudadanía, principalmente. Una Constitución define la autoridad legal y política; no define políticas particulares que un gobierno, una vez que es electo, puede o no puede implementar.

La Constitución Política del MAS aborda políticas públicas, está llena de declaraciones políticas y supuestos derechos. Estas políticas son mayormente definidas en términos de “objetivos” y, en este sentido, el Estado se compromete a proteger la “función social” y la “justicia comunitaria”, a “garantizar el empleo”, la “solidaridad”, la “igualdad de oportunidades”, la “diversidad cultural”, el “control social” y el “equilibrio entre los sexos”. Desea “desarrollo sostenible”, “la paz”, “el respeto mutuo entre los pueblos”, y el “vivir bien”, conceptos tan abstractos que son difíciles de definir. La introducción de conceptos tan subjetivos es una receta para las disputas políticas permanentes. Parecería que esta falta de claridad fue el objetivo de los redactores, puesto que la constante confusión le permitirá al MAS incrementar su poder, mediante paros y bloqueos exigiendo que se cumplan sus “derechos” constitucionalmente garantizados.

El texto propuesto, en lugar de proteger los derechos de los individuos contra abusos del Gobierno, confiere privilegios a ciertos grupos con el nombre de supuestos “derechos fundamentalísimos” que incluyen una larga lista de servicios que deben ser garantizados por el Estado, como la educación gratuita, capacitación vocacional, servicio gratuito de salud, inmovilidad laboral, empleo en sí mismo, así como asistencia para la vivienda, protección ambiental y para el consumidor, acceso a medicamentos, a seguridad alimentaria y una larga lista de exigencias. De hecho, la expresión “el Estado garantizará” se reitera ¡88 veces! Los derechos constitucionales en otros países protegen a sus ciudadanos de transgresiones a sus vidas, libertades y propiedades. Tienden a defender los derechos de los individuos y no son una lista de reclamos a servicios que el Estado debe proveer. El insertar derechos y objetivos de políticas en la Constitución es un intento por sacar del debate ciertas políticas públicas. Si la Constitución del MAS es aprobada, estos derechos y objetivos de políticas serán imperativos constitucionales que el Congreso estaría facultado para “requerir” su implementación, y el Estado “proveerá los medios necesarios para alcanzar dichos objetivos”.

Este rosario de exigencias y reivindicaciones, presentadas como derechos constitucionales, sólo garantiza una pesada burocracia. La insistencia en objetivos de políticas públicas no hace más que disminuir grados de libertad para el ejercicio de una política democrática, con el agravante de generar un gasto público siempre en aumento. La mayoría de los bolivianos no apoyan esta propuesta, las encuestas así lo señalan claramente. Hay que sentarse a analizar, proponer y consensuar un nuevo texto constitucional antes que se convierta en ley. Quienes afirman que el proyecto constitucional no se modifica están confundiendo la firmeza con la parálisis mental.

 

 

 

Fernando Mirabal P. es Economista (fernandomirabal@yahoo.es). Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por La Prensa, el 13 de abril del 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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