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Carlos Miranda P:
Los contratos de YPFB

Que un Estado, a través de su empresa estatal de petróleos u otro ente nacional del sector licite áreas para exploración y posible explotación, mediante contratos con empresas transnacionales, estatales y/o privadas, es un patrón de comportamiento aceptado, conocido y de probado éxito en la industria. Las motivaciones son claras: disminuir el riesgo exploratorio y lograr el concurso de la mejor tecnología y manejo gerencial a través de las empresas que resulten favorecidas en la licitación. Estas licitaciones pueden o no exigir la asociación con la empresa estatal del país sede.

Este camino ha sido y está siendo recorrido por importantes estados productores tales como Arabia Saudí, Argelia, inclusive Irán. Más cerca, tenemos al lado a Brasil que ha logrado éxitos espectaculares en los descubrimientos en el fondo del mar. Todos ellos asociados con empresas privadas. Además de estas operaciones, Petrobras tiene otras decenas de bloques trabajando en exploración con otras compañías internacionales.

Los contratos que YPFB ha sometido al Congreso muestran que YPFB ha tomado un camino diferente. En líneas rápidas, YPFB ha decidido que para la exploración y explotación en las áreas que la ley le permite tener en exclusividad, primero se deberá celebrar un convenio de estudios, cuyo costo es por cuenta del interesado. A la conclusión del período de estudios, si el informe final es aprobado por YPFB, deberá constituir una empresa de economía mixta (SAM) con YPFB, con la cual YPFB firmaría un contrato de exploración y explotación. En esa SAM, YPFB obligadamente debe tener el 60% de participación y control de la misma.

Dos contratos de ese tipo han sido firmados por YPFB con YPFB-Petroandina SAM (Petroandina es PDVSA en Bolivia). Uno para el área tradicional por 420.000 hectáreas en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y otro en el área no tradicional por más de tres millones de hectáreas en un área que toca los departamentos de Cochabamba, Beni y norte de La Paz. Los dos contratos son idénticos, con la única diferencia de que en el primero se tiene acordado un programa mínimo de trabajo por $us 646 millones en cinco años y en el segundo, tres meses después de la aprobación del contrato se acordará un plan de inversiones.

Unos rápidos comentarios. Comparando estos contratos con los de operación suscritos con las compañías petroleras que están en el país, se puede indicar, en general, que son muy esquemáticos y poco detallados. Existen grandes omisiones, tales como la ausencia de un calendario de eventos y sus obligaciones de inversión como es de rigor en todo contrato de exploración. El contrato en el área tradicional incluye un plan de inversiones a modo indicativo. Ambos contratos son por áreas muy por encima de los máximos que permite la ley, 40 parcelas en la zona tradicional y 400 en la no tradicional, frente a las 168 y 1.292 respectivamente. No se establece una unidad de seguimiento para control y supervisión de la operación, como se tiene en todos los otros contratos.

En general, se puede indicar que los contratos dan una clara indicación de una fuerte voluntad política para que se firmen los documentos y merezcan la aprobación congresal, al margen de la evaluación que se plasmen en realidades. Sobre este tema, lo más preocupante es que siendo YPFB mayoritaria en la SAM, también tendrá que ser la que soporte el grueso de las inversiones. Es pertinente tomar en cuenta que YPFB está muy limitada en fondos. Al presente, YPFB-Refinadora es la única actividad que le puede generar ingresos, que los necesita urgentemente, para la ampliación de esas facilidades de su programa. Los otros ingresos son por los contratos de operación que ha firmado, cuyo rendimiento está en discusión hasta que se aclaren las cuentas sobre costos reembolsables.

El país está necesitando que se reinicie la exploración en busca de nuevas reservas. Hace casi cinco años que no se cuenta con un dato oficial y, en ese lapso, para atender la exportación al Brasil y el mercado interno, con pequeños excedentes para la Argentina, se está produciendo a un ritmo de 1/2 TCF por año, sin que en ese lapso se hayan reportado descubrimientos que reemplacen por lo menos lo producido.

Es una doble lástima que YPFB tome el camino descrito para reiniciar la exploración. Por un lado, deberá asumir el grueso del riesgo financiero sin tener un socio de gran trayectoria en exploración, sobre todo de gas, en zonas como las serranías bolivianas. Para agravar nuestra preocupación, el área en la zona no tradicional entre Cochabamba, Beni y el norte de La Paz es casi gigantesca para un solo contrato, y en ella están ubicadas las áreas de afloramientos de petróleo, que simbolizan la esperanza de contar con yacimientos comerciales, sobre todo para La Paz. Inclusive, el Presidente casi ha apostado su cargo a la seguridad de contar con producción comercial en esas áreas. Sinceramente desearía equivocarme pero, por las consideraciones anteriores, las posibilidades de éxito son escasas.

Finalmente, el reiniciar la exploración en la forma acostumbrada en todo el mundo, descrita anteriormente, requiere de que los inversores vuelvan a tener confianza en el país. Situación cada día más difícil por la anunciada política de nacionalización de las empresas eléctricas y la virtual estatización de las inversiones privadas bolivianas realizadas en la difusión del gas natural vehicular, que hasta la fecha han sido tan exitosas.

 

 

 

Carlos Miranda P. es ingeniero petrolero. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor:Este comentario fue originalmente publicad en El Deber, el 17 de julio 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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Petroleumworld 17 07 08

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