Editorial
Es
impostergable que el gobierno, sobre la base de experiencias
anteriores del país y de otros Estados, considere
con propiedad las demandas que se avecinan por parte
de las empresas petroleras que operan en Bolivia.
El Ministro de la Presidencia, Iván Avilés,
confirmó que ya son cuatro las empresas que
apelaron a acuerdos de protección de inversiones
y a convenios bilaterales, para resguardar sus intereses.
El
Ministro considera que es necesario analizar cómo
puede «armonizarse» este hecho con la
migración obligatoria de contratos, pero la
realidad es que ya ha pasado el tiempo en el que se
podía lograr un arreglo sin resistencia. Bolivia
es signatario de varios acuerdos y convenciones internacionales
que protegen las inversiones extranjeras. Asimismo,
ha suscrito convenios bilaterales con países
de los que recibe cooperación.
Esta
situación, sin duda, obliga a Bolivia a una
serie de consideraciones que debieron ser tomadas
en cuenta al momento de aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos.
Lamentablemente, se han dejado algunos cabos sueltos
que pueden ser utilizados por las contratistas para
enredar el proceso de recuperación de la propiedad
de los hidrocarburos.
Son,
hasta el momento, cuatro las empresas que han planteado
una cláusula de salvaguarda de inversiones
y por lo tanto eso llevaría a un escenario
de conciliación internacional, escenario en
el que el país, si no adopta previsiones oportunas
y claras, verá seriamente afectada su posición.
El
gobierno del Presidente, Eduardo Rodríguez,
ha quedado entre la cruz y la espada, ya que tiene
el deber de cumplir el plazo de 180 días que
establece la nueva Ley de Hidrocarburos para la migración
obligatoria de contratos a las nuevas reglas de juego
que rigen desde el mes de mayo, por la que las petroleras,
además del 18% de regalías, deben pagar
un impuesto del 32%.
El
problema es que debido a que la anterior administración
dejó pasar un valioso tiempo, ha dejado sin
margen al nuevo gobierno que tiene que aplicar la
Ley de manera inmediata, para lo, cual se elaboraron
mas de 50 contratos que ahora deberían ser
suscritos previa armonización de criterios
con las petroleras. El descuido ha permitido a las
petroleras organizarse y armar un esquema de defensa
que ahora se traduce en la apelación a cláusulas
de salvaguardas para las inversiones internacionales.
Hasta
ahora, las empresas Brithis Gas, la española-argentina
Repsol-YPF, la compañía petrolera estadounidense
Vintage y Total, apelaron a los Tratados de Protección
Recíproca de Inversiones que suscribió
el Estado boliviano.
Aunque
el Canciller considera que es muy prematuro hablar
de arbitraje, debido a que en este momento deberían
efectuarse negociaciones y conversaciones amigables,
lo cierto es que el tema puede derivar en un escenario
de conciliación internacional, aunque por el
momento, lo que han demandado las petroleras es un
período de negociación al amparo de
los Tratados vigentes entre Bolivia y España,
Francia y el Reino Unido, en un plazo que vence el
8 de enero de 2006, antes de recurrir a un arbitraje
internacional.
Bolivia,
como Estado soberano, tiene el derecho de imponer
cargas impositivas o modificarlas dentro de su territorio
nacional, pero algunos convenios que dejó amarrados
el régimen de Sánchez de Lozada, pueden
perjudicar nuevamente los intereses del país.
Jornada es
un diario de La Paz. Sus
puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Este
comentario fue originalmente publicado por AIPE,
en Julio del 2005. Petroleumworld publica este comentario
en beneficio de los lectores.
