El
Poder Legislativo heredó todos los errores
del sistema político y de los partidos, convirtiéndose
en rostro visible al que se podía señalar
desde todos los frentes. Pero un hecho es concreto:
las decisiones adoptadas por la legislatura que se
fue pasaran a la historia, no solo porque se aprobó
y se sanciono como Ley de la República la recuperación
de 177.125 hectáreas del Salar de Uyuni a favor
del Estado boliviano, la Ley de Hidrocarburos que
recupera la propiedad de los recursos naturales, sino
porque acortó su propio mandato para dar paso
a una solución política de una crisis
que amenazó dividir al país. Ahora,
los bolivianos podrán elegir en diciembre a
un nuevo gobierno y legisladores que se enmarquen
en la nueva correlación de fuerzas que las
circunstancias han precipitado.
El
Poder Legislativo renovó sus directivas cambiando
tanto al Presidente del Senado como al de la Cámara
de Diputados. Con el respaldo de sus bancadas, el
Senador Sandro Giordano y la diputada Norah Soruco
asumieron las presidencias de ambas cámaras
para una nueva legislatura recortada que durará
cuatro meses, hasta las elecciones de diciembre próximo.
Las
gestiones de Hormando Vaca Diez y Mario Cossío,
se convirtieron en las más controversiales
de los últimos tiempos y solamente la historia
podrá valorarlas con precisión, previa
auditoría de sus gestores ya que elevadas tensiones
del momento dificultan una consideración imparcial
tanto de la ciudadanía como de las instituciones
sociales y políticas.
Lo
cierto es que el Parlamento ha soportado las más
duras críticas y se ha convertido en la piedra
de toque de la crisis. El Parlamentó resultó
ser el objetivo visible al que se le podía
pedir cuentas, criticar, atacar y hasta pedir su cierre,
amen de las acciones de desestabilización desde
el Poder Ejecutivo en la gestión de Carlos
Mesa Gisbert, que inclusive planeó su cierre.
La
legislatura que concluyó su gestión
ha sancionó mas de 500 leyes en un año,
hecho inédito, ya que las gestiones pasadas
desde 1982 a 2002 apenas lograban un promedio que
rondaba las 100 disposiciones legales aprobadas. Pese
a ello resultó la más criticada y zarandeada,
debido a condiciones políticas y sociales que
dejaron mal parado a todo el sistema político.
Pero como no era posible pedir cuentas directamente
a los responsables de la crisis, el Parlamento apareció
como blanco propicio de todas las protestas.
Queda
ahora un camino lleno de dificultades que la nueva
legislatura debe afrontar, no solo para contribuir
al proceso electoral sino a los mecanismos de solución
que múltiples problemas sociales que, de alguna
manera, van a derivar en determinaciones que tengan
que adoptarse desde el Poder Legislativo. Pero una
de las acciones de mayor importancia, tiene que ver
con la recuperación de la confianza de la ciudadanía
en el sistema, en sus representantes nacionales, en
los Partidos Políticos, en la Corte Electoral
y las instituciones sociales. Esta es una labor en
la que deben intervenir los tres Poderes del Estado
y las organizaciones mas representativas de la comunidad,
pero la función de fiscalización del
Parlamento será definitivamente clave para
que el país vuelva al camino de la democracia,
que se ha visto tan comprometida en el último
tiempo.
La
credibilidad en las instituciones del Estado, en los
partidos y el Parlamento, va a tener directa relación
con lo que ocurra en el proceso eleccionario y las
garantías que reciba la ciudadanía para
un proceso limpio y libre, en el que todos los ciudadanos
tengan la oportunidad de decidir y respete esa voluntad
ciudadana.
La legislatura 2004-2005, concluyó, pero deja
una agenda complicada, urgente e insoslayable que
tiene que resolverse.
Guido
Pizarroso Durán
escribe para Jornada. Sus
puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Este
comentario fue originalmente publicado por Jornada
un diario de la Paz, en 8 agosto del 2005. Petroleumworld
publica este comentario en beneficio de los lectores.
