Editorial
El gobierno del presidente Eduardo Rodríguez
nada puede hacer en estas circunstancias, pues no
podría modificar la ley. Lo único que
está en sus atribuciones es preparar la defensa
de los intereses de Bolivia ante el inevitable escenario
de los juicios.
Las empresas petroleras han anticipado, con demasiada
insistencia, sus intenciones de llevar al Estado boliviano
ante tribunales internacionales a partir de enero,
porque no aceptan el cambio de los contratos dispuesto
por la nueva Ley de Hidrocarburos. Los anuncios tan
reiterados llevaron las cosas demasiado lejos, a tal
punto que el Gobierno Nacional tuvo que informar que
también estaba tomando las debidas previsiones
para el momento en que se hayan iniciado las acciones
en los niveles de arbitraje. Expertos nacionales y
extranjeros fueron contratados por Bolivia para enfrentar
la situación que parece inevitable, a juzgar
por lo que dicen las empresas.
Por
otro lado, las empresas han hecho saber, con igual
pertinacia, que han cancelado todas sus proyectadas
inversiones en el país, y que están
buscando nuevos países donde operar. Todo esto
debido a la vigencia de una nueva ley que ordena el
cambio de los contratos y eleva los impuestos. Junto
con sus protestas, las empresas han hecho saber que
se están yendo a operar en países donde
existan mejores condiciones para sus inversiones.
El
gobierno del presidente Eduardo Rodríguez nada
puede hacer en estas circunstancias, pues no podría
modificar la ley. Lo único que está
en sus atribuciones es preparar la defensa de los
intereses de Bolivia ante el inevitable escenario
de los juicios de arbitraje.
El
diálogo ha sido descartado por las empresas
con sus anuncios sobre los juicios que se avecinan.
Podían haber dialogado con los parlamentarios,
que son quienes podrían modificar la ley, pero
ya es tarde.
Habrá
que esperar que los costos de este desenlace no sean
muy altos para el país, no solamente por los
montos de las eventuales indemnizaciones y reparaciones.
Lo peor sería que Bolivia quede sin recibir
inversiones ni petroleras de ningún otro tipo.
A
pesar de que todo parece ir hacia una confrontación,
los contratos a los que deberán acomodarse
las empresas todavía no han sido conocidos.
Peor todavía: faltan los reglamentos de la
ley, sin los cuales no podría entrar en vigencia.
Habría
sido mejor que los parlamentarios a cargo de la elaboración
de la ley hubieran terminado su trabajo en los plazos
necesarios, a fin de que estas falencias no conspiren
contra la reputación de Bolivia. Se demoraron
en la elaboración de los documentos complementarios
y ahora, ante la perspectiva de las elecciones, los
parlamentarios están pensando en otra cosa.
Pero las repercusiones de lo que hicieron de manera
incompleta ya están afectando al país.
La falta de inversiones en el campo petrolero amenazan
latentemente con sacar a Bolivia del escenario energético
regional. Cosa que puede suceder.
En
el balance, se podría decir que el país
pasó de una ley demasiado complaciente a una
muy severa. Los procedimientos para llegar a ambos
extremos fueron democráticos. Pero sería
mejor que el país no vuelva a tomar decisiones
tan extremas.
Por
el momento queda expresar la esperanza de que las
cosas se mantengan dentro de lo que más le
convenga al país. Los precios de los hidrocarburos
en el mercado internacional permiten alentar esa esperanza.
Esa tendencia, si se mantuviera, haría que
otras empresas lleguen con nuevas inversiones. Eso
es lo que habrá que esperar ahora.
La
Razón
es
un diario de La Paz.
Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor:
Este comentario fue publicado en La Razón,
el día 22 de Agosto del 2005. Petroleumworld
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