Santiago
Berríos Caballero:
FFAA, gas y seguridad nacional
Todo
ciudadano boliviano, no interesa su condición
social, menos su credo religioso, político o
su condición económica, tiene todos los
derechos y garantías que la Constitución
Política del Estado le reconoce, de modo que
puede intervenir en cualquier actividad, siempre que
sea lícita y no esté en contra del ordenamiento
jurídico.
Esto
quiere decir que no pueden ni deben existir exclusiones,
tal como se lo estableció a partir de la fundación
de la República, subsistiendo las mismas hasta
el presente, como consecuencia de la globalización
y el neoliberalismo, las que deben ser modificadas atendiendo
los resultados que han deparado consecuencias funestas
en los países subdesarrollados e inclusive en
los desarrollados, ya que la brecha entre ricos y pobres
se ha acentuado, reconocida por el propio FMI (Fondo
Monetario Internacional), llegando al colmo de alimentar
el crecimiento de la extrema pobreza.
Bolivia
potencialmente rica por la prodigiosa benevolencia de
Dios, que en la época de la colonia alimentó
las arcas de la metrópoli española, hoy
considerada en el nivel económico de la pobre
Haití, porque los niveles de pobreza son casi
los mismos, según estudios del PNUD, es el resultado
de la imposición de recetas por parte de los
organismos internacionales que juegan en favor los intereses
de las transnacionales, cooperados por las oligarquías
de las regiones, quienes por un plato de lentejas se
constituyen en amanuenses de las mismas.
Es
preciso señalar que la Constitución Política
del Estado de nuestro país, a partir de la reforma
constitucional de 1938 introdujo en su estructura el
Régimen Económico, el mismo que fue enriquecido
en la reforma del año 1967, y cuya normativa,
a partir del Art. 132, expresa la filosofía de
la Justicia Social, de modo que se tienda a asegurar
para todos los habitantes una existencia digna del ser
humano, debiendo para ello fortalecerse la independencia
y el desarrollo de la nación mediante la defensa
y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos
en resguardo de la seguridad del Estado y en procura
del bienestar del pueblo boliviano.
Esto
último, además de declarar que los grupos
mineros nacionalizados y los hidrocarburos son propiedad
del Estado, con los principios de inalienabilidad e
imprescriptibilidad, lo que quiere decir que no se los
puede enajenar; significa que una Institución
de la Patria así como todo ciudadano boliviano,
tenemos la obligación de defender.
Cuando
se habla de Seguridad del Estado se previene que ésta
se encuentra amenazada, y lo ha estado siempre a partir
de la fundación de la República, de manera
que lo dispuesto por el Art. 133 de la Constitución
nos obliga a tomar los recaudos necesarios para la defensa
nacional.
Esto
quiere decir que así como lo tienen algunas legislaciones
y particularmente nuestros vecinos, las Fuerzas Armadas
deben ser potenciadas para hacer efectiva esa defensa,
y ella debe también estar definida en el marco
constitucional, y si de interpretación se trata
esa norma constitucional nos está señalando
cuál debe ser el camino para ese potenciamiento.
Es
cierto que la producción del gas debe favorecer
a todos, y en esto se encuentran los municipios y las
universidades del país. Pero no es menos cierto
que previamente debemos potenciarnos económica
y militarmente, de modo que podamos constituirnos en
un Estado-Potencia en el concierto latinoamericano,
cosa que no debemos considerarla como simple utopía,
sino que los bolivianos debemos ponernos manos a la
obra, recogiendo las experiencias del pasado, que por
lo demás han sido negativas.
Pero
no solamente es el gas, lo es también el hierro
del Mutún, las borateras de Uyuni, los recursos
hídricos, que en abundancia posee nuestro territorio,
para generar energía, de modo que podamos ingresar
a la era de la industrialización, con lo que
se creará empleos, se generará riqueza
y finalmente se estará cumpliendo con la Justicia
Social que pregona nuestra Carta Constitucional, que
parecen ignorar los políticos y que es hora de
que les refresquemos la memoria, a los fines de que
puedan diseñar un nuevo modelo en el marco de
la actual Constitución Política del Estado,
pese a que es necesaria la Asamblea Constituyente, donde
se podrá enriquecer los postulados que reclaman
los movimientos sociales, en función de los intereses
nacionales.
Las
Fuerzas Armadas son necesarias y su potenciamiento es
ineludible a los fines de la independencia nacional
y el desarrollo del país, a través de
la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales
y humanos en resguardo de la seguridad del Estado.
