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Una actividad económica normal es la rentista. Consiste en la obtención de recursos mediante el aprovechamiento de una riqueza ya existente. No es una actividad que genera nueva riqueza, pero puede ser un aporte importante a la economía cuando el rentista utiliza los recursos que obtiene para mejorar sus condiciones de vida, de trabajo o de producción.

En Bolivia existe, lo sabemos luego de que se han invertido centenares de millones de dólares en exploración e infraestructura, una riqueza apreciable: el gas natural. Esa riqueza, puesta a disposición de los agentes económicos, generará una renta. Esa renta es accesible a través de las regalías y de los impuestos.
Pero hay dos preguntas clave al respecto: ¿A quién pertenece esa riqueza?

¿Quién recibirá las rentas?

La primera tiene una respuesta directa y sencilla. Esa riqueza pertenece al pueblo boliviano. Así lo estipula la Constitución Política del Estado y así lo reconocen todos los países del mundo. Es parte de la soberanía, cuyo respeto es básico para las relaciones entre los pueblos. De modo que la riqueza natural del gas nos pertenece a usted y a mí, como a los pocos millones de personas que nacimos y vivimos en este territorio.

La segunda pregunta tiene una respuesta más difícil. Todos los que reclaman una parte de las rentas lo hacen asumiendo nuestra representación, y también nos exigen que salgamos con ellos a marchar y a bloquear para asegurar su tajada en la torta nacional. Y así nuestra representación se diluye en medio de pugnas y presiones, y al final no sabemos realmente quién recibe nuestras rentas (ni por qué); a no ser que nos incluyamos en alguno de esos grupos que presiona y patalea, logrando la tajadita que nos corresponde... o quizás algo más.

Pero ¿qué pasa con los que no pueden presionar? ¿Qué pasa con la mayoría de los bolivianos, que no tienen organizaciones que los lleven a marchar por calles y plazas, a bloquear caminos ni a reclamar su cuota de las rentas en nombre de todo el pueblo? Por supuesto que usted y yo lo sabemos... Ésos son los marginados y los excluidos de siempre, en cuyo nombre muchos dicen actuar, pero de quienes muy pocos se acuerdan de verdad.

La experiencia ya nos ha enseñado, además, que cuando nuestras rentas pasan por intermediarios, como por ejemplo el Estado, pueden ser fácilmente apropiadas por quienes tienen la fuerza de imponerse. Especialmente si esos intermediarios son débiles y vulnerables a la presión. Y así resulta muy sencillo que muchos queden sin beneficio alguno.

Al analizar estos problemas, debemos reconocer que vivimos días de extraordinaria importancia para nuestro futuro. Sabemos que se generarán nuevas rentas, que esas rentas incluso podrían aumentar si logramos restablecer una relación de buena sociedad con las empresas que tienen tecnología, acceso a los mercados y capitales de inversión; pero también ya podemos ver que esas rentas corren el riesgo de esfumarse en el juego de presiones que ya se ha desatado.

Un gobierno de pocos meses, cargado con la difícil misión de restaurar el orden democrático, y un Parlamento que ya se despide, han empezado a ser asediados para que entreguen nuestras rentas, las rentas de todos. No las rentas de este año, ni las de los meses que quedan hasta que asuma un nuevo gobierno, sino todas las que vengan a partir de ahora. Hay grupos organizados que amenazan, se coaligan, marchan, ponen en juego toda su fuerza para apropiarse de nuestra renta: la suya, la mía y la de Toribia Quispe, que vive en Tinguipaya y no sabe siquiera que tiene derecho a su parte de beneficio por el gas.

Las municipalidades reciben parte de los impuestos y tienen el derecho y la obligación de cobrar impuestos para proporcionar los servicios que la población requiere. Las universidades también reciben parte de los impuestos y también tienen la posibilidad de cobrar por los servicios que prestan. ¿Por qué pretenden apropiarse de las rentas que son de todos? Mañana, a la fila de las presiones podrá sumarse quizás la Policía, y luego las Fuerzas Armadas, los sindicatos de esto y las cámaras de aquello y las asociaciones de no sé qué.

El destino de esas rentas, la forma en que se utilicen para beneficio de todos los bolivianos —y no sólo de algunos— debería ser uno de los temas centrales de la campaña electoral. Cada uno de nosotros debería concentrar su atención en lo que propongan los candidatos, para ver si alguno tiene una idea clara y precisa de lo que hará para que nuestra renta se use verdaderamente en beneficio de todos. Éste no puede ni debe ser un tema resuelto por una o dos comisiones a las que se ha puesto contra la pared.

Por eso, ni el Gobierno ni el Parlamento deberían dar ni siquiera la posibilidad de negociar este tema, y mucho menos bajo amenazas y presiones. Que sea el 20 por ciento del 60 por ciento o el 15 por ciento del 32 por ciento es igualmente abusivo para con los derechos de los bolivianos. Si hoy ya se reparten las tajadas grandes de la torta, ¿sobre qué decidiremos en las elecciones y qué harán el próximo Gobierno y el próximo Parlamento?

Los candidatos deben pronunciarse de inmediato, porque mientras ellos buscan votos, se les empieza a escurrir el poder que buscan para representarnos. Y cada uno de nosotros debería apoyar al Gobierno para que no ceda a las presiones. Ésa es, por ahora, la única manera de defender lo que es nuestro y de mantener abiertos espacios para la equidad y oportunidades para el desarrollo.

Roberto Laserna es economista y PhD en sociología. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por La Prensa ( La Paz) el 4 de septiembre del 2005. Petroleumworld Bolivia no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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Petroleumworld Bolivia 05 09 05