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Antonio Bazoberry:Silala,
entre la política y los grupos de poder

En Bolivia el presiente Evo Morales, en plena campaña electoral, manifestó que Chile pagará por el 50% las aguas bolivianas. Sin embargo, conforme al Acuerdo Inicial sobre las Aguas del Silala, el Gobierno chileno hizo conocer a Bolivia que

Codelco y el Ferrocarril de Antofagasta son los que tienen que pagar por el uso de las aguas del Silala, incluyendo la deuda histórica, como llaman los bolivianos.

En Chile los grupos de poder estarían presionando a la presidenta Michelle Bachelet para que no ceda en el cambio del preacuerdo sobre el uso compartido de las aguas del Silala solicitado por el gobierno de Bolivia.

Doctora Michelle Bachelet, usted como presidenta de la República de Chile, tiene la oportunidad política y geopolítica para promover la solución de la controversia entre Chile y Bolivia, sin prescindir de la propiedad y soberanía de la naturaleza de aguas bolivianas, ni dejar de asegurar el abastecimiento de agua a los usuarios privados y públicos de Antofagasta.

Las empresas privadas y públicas de Chile, interesadas de comprar aguas bolivianas, deberían firmar un contrato con la entidad autorizada de Bolivia.

La gestión coordinada entre Bolivia y Chile para solucionar la controversia sobre la propiedad y naturaleza de las aguas bolivianas, sería de carácter estrictamente comercial, amparado legalmente por los principios que originaron la Agenda de los 13 puntos.

El Gobierno de Bolivia por su parte, sin duda, estaría de acuerdo con la acción positiva de la Presidenta de Chile y sería la oportunidad para restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países, suspendidas hace mucho tiempo.

De convertirse en realidad esta solución ideal, Chile y Bolivia dejarían de perder tiempo y dinero por enfrascase en un acuerdo sobre el uso compartido de las aguas del Silala, que da señales de fracaso por tratarse de un preacuerdo complejo, lleno de fallas en aspectos hidráulicos, geológicos, políticos y geopolíticos, que obligan a Bolivia y Chile, proceder a solucionar la controversia relativa a la propiedad y naturaleza de las aguas bolivianas en una forma práctica, útil y conveniente para intereses mutuos.

De no hacer realidad esta solución ideal y patriótica se previene a los dos gobiernos que el rechazo de una de las partes dejaría el problema en fojas cero. Los grupos de poder chilenos continuarían utilizando aguas bolivianas con el pretexto que su gobierno los protege aduciendo que los canales artificiales, que los agricultores llaman zanjas rudimentarias excavadas con pala y pico, mientras Chile insiste que corresponden a un río internacional de curso sucesivo que ingresa a Chile en “forma natural”.

Respecto a la propiedad del 100% de las aguas del Quetena, procedería a instalar plantas de bombeo para llevar agua potable a los centros de turismo de Laguna Colorada, a la Reserva Avaroa y a la comunidad que se asentaría en el lugar para desarrollar proyectos de ganadería de camélidos contando con el respaldo económico del Gobierno para la construcción de viviendas y proporcionando energía eléctrica.

Chile no podría acudir a organismos internacionales para que reconozcan como “río” internacional unas zanjas de tierra de cuatro kilómetros de longitud y la inexistencia en el cantón Quetena de una cuenca hidrográfica, donde se originen aguas superficiales y aguas subterráneas físicamente interconectadas en un sistema hidrográfico (Asociación de Derechos Internacionales y Normas de Helsinki, 1966).

Antonio Bazoberry Q. es ingeniero civil y ambientalista.Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado en La Razón, el 17 de septiembre del 2009. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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Petroleumworld 17 09 09

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