Preámbulo necesario para el análisis: establecer
tácitamente que la nacionalización de los
hidrocarburos, decretada por el actual Gobierno de Bolivia,
es una aberración política sin objetivos nacionales
concretos, ni considera el principio doctrinal de que los
recursos hidrocarburíferos que se encuentran en el
subsuelo del territorio de Bolivia, son por naturaleza y
origen, propiedad inalienable e imprescriptible del Estado,
y así lo expresa claramente la Constitución
Política de la República de Bolivia.
Es
más coherente frente a la realidad económica
y social del país, concretar la nacionalización
de la Explotación y del Aprovechamiento de los hidrocarburos
en Bolivia -ahora en poder de los intereses supranacionales.
En suma, implementar un nuevo proceso energético
en beneficio de la Nación y del pueblo boliviano,
sin distinciones sociales, y emprender en consecuencia un
nuevo proceso con las siguientes determinaciones.
Primero,
refundación de YPFB con todas sus cualidades a las
que dieron origen las leyes de nacionalización del
petróleo de 1936 y 1937, germinadas en la Guerra
del Chaco. Una empresa estatal rigurosamente autárquica,
que asume la responsabilidad del manejo integral de los
recursos hidrocarburíferos de la nación en
todas sus fases: exploración, explotación,
refinación, transporte, comercialización y
administración del nuevo proceso, libres de los intereses
privados y políticos.
Su
primer objetivo será recuperar los campos de producción
de petróleo, las refinerías, los oleoductos
e instalaciones comerciales que ahora se encuentran en manos
extranjeras, y cumplir el autoabastecimiento de petróleo,
gas y derivados, vale decir lograr la independencia energética
de Bolivia. En consecuencia, asume también el monopolio
del mercado interno petrolero y sus magníficas ganancias
que ahora se las exporta a otros países.
Segundo,
crear una empresa autárquica similar a YPFB, denominada
Electrogas Bolivia, con la responsabilidad de ejercer el
manejo integral de la generación, distribución
y uso de la energía eléctrica en todo el territorio
nacional, en beneficio del país y del pueblo boliviano.
Producir también energía eléctrica
abundante y barata con gas natural boliviano que ahora se
exporta a precio regalado.
Un
nuevo proceso energético que cambiará la calidad
de vida de los habitantes en todo el territorio de la nación.
Tercero,
recuperar ENFE, que ahora se encuentra en manos chilenas,
para cumplir los siguientes objetivos concretos: Reacondicionamiento,
modernización y electrificación de la red
ferroviaria boliviana.
Iniciar
el cambio en el ferrocarril Corumbá - Puerto Suárez
- Santa Cruz - Yacuiba - Salta - Antofagasta, es decir montar
el gran puente interoceánico que revolucionará
la economía de las regiones fronterizas de Brasil,
Bolivia y norte argentino.
Seguir
el cambio, con el FC Cochabamba - Oruro - La Paz y el ramal
Oruro - Antofagasta y subramal Tupiza - Potosí -
Sucre, más el FC Arica - La Paz. Completar también
el viejo proyecto del FC Cochabamba - Vila Vila - Aiquile
- Santa Cruz.
En
síntesis, Bolivia tendrá tres grandes empresas
estatales autárquicas, con ingresos económicos
sólidos y permanentes, lo cual permitirá lograr
financiamientos eventuales a fin de cubrir sus costos operativos
y los costos de ejecución de sus proyectos, un esquema
financiero aparentemente difícil que puede superarse
mediante el siguiente régimen de aportes.
YPFB
sólo precisará financiar eventualmente sus
gastos operativos que serán cubiertos con sus propios
ingresos y utilidades generales que giran sobre los 400
millones de $us/año.
Electrogas
Bolivia, pese a tener ingresos sólidos y permanentes
a través del uso de la energía eléctrica
en todo el país, precisará del apoyo estatal,
Gobierno Central, Prefecturas y Alcaldías para ejecutar
sus proyectos de producción de energía eléctrica
con gas natural.
El
caso de ENFE es financieramente más complicado, por
la magnitud de sus responsabilidades en el cambio del proceso
ferrocarrilero boliviano, lo que obligará en ciertos
casos a asociarse con empresas ferroviarias internacionales.
La realidad por encima de los prejuicios políticos.
Y
al fin y al cabo, el emprendimiento del nuevo proceso es
de responsabilidad del primer mandatario de la Nación,
Evo Morales, quizás desprendido de la inútil
carga política de Ministerios, Viceministerios, Superintendencias,
asesores, etc.