Es
necesario analizar las consecuencias de esta medida y su impacto en
el desarrollo económico del país. A corto plazo, los
ingresos por impuestos y regalías a cobrarse a las empresas
superarán los $us 300 MM al año y dependiendo de la
negociación de precios, las estimaciones del gobierno es que
superarán los $us 700 MM. Estos son importantes recursos nunca
antes vistos en las arcas del país y cuya inversión
eficiente y responsable será decisiva para el futuro de Bolivia.
Sin
embargo, es en el mediano y largo plazo cuando el impacto de la nacionalización
en la economía del país mostrará sus efectos
negativos. La mayor consecuencia de la nacionalización y de
las nuevas condiciones impositivas es la pérdida de inversiones
y mercados, indispensables para la generación de empleo y crecimiento
económico. Han sido las grandes inversiones de la década
pasada las que han viabilizado las exportaciones de gas y son necesarias
mayores inversiones si se pretende industrializar el gas, incrementar
los volúmenes de exportación a nuevos mercados e incluso
para mantener los actuales niveles de producción que corren
el riesgo de verse disminuidos. Esto significaría además
la disminución en la producción de líquidos que
se producen junto con el gas.
Han
pasado recién algunos meses y ya se pueden ver las consecuencias
de esta medida. Por ahora, lo más evidente es que el principal
cliente, Brasil y su empresa Petrobras, no realizarán mayores
inversiones ni comprarán mayores volúmenes de gas. De
la proyección ya definida de llegar a 45 Mmcd, bajo las nuevas
condiciones Bolivia apenas llegará a mantener los 30 Mmcd contemplados
en el actual contrato. A un precio de $us 4 por BTU, se dejarán
de percibir aproximadamente $us 600 MM al año. El país
ha quedado al margen de los proyectos de inversión de Petrobras
que ascienden a más de $us 22.000 MM para los próximos
años, por la inseguridad jurídica, las nuevas condiciones
impositivas y por sentirse agredidos. Bolivia ha perdido $us 1.500
MM (cerca del 20% del PIB del país) en inversiones previstas
y ahora suspendidas por Petrobras en el desarrollo de un polo gas-químico
en Puerto Suárez.
Por
las medidas tomadas en el país y el ambiente adverso a la inversión,
las empresas del sector, con o sin inversiones en Bolivia, están
planificando y realizando grandes inversiones en otros países
de la región sin tomar en cuenta al país que posee las
segundas reservas de gas más grandes del hemisferio. Esto significa
haber entregado en bandeja de plata los mercados naturales a la competencia,
que podrá vender el gas que ya no comprará Brasil a
Bolivia y aquél que podría vender a otros mercados pero
que no podrá hacerlo por falta de inversiones. Entre estos
mercados, Bolivia ya quedó fuera de los proyectos de LNG que
hubieran permitido diversificar mercados y mejorar los ingresos del
país. Los más beneficiados en este sentido serán
Venezuela, Perú y otros países de ultramar.
Dentro
del esquema de nacionalización, uno de los ejes centrales es
el fortalecimiento de YPFB. Para este propósito ya se ha planteado
la posibilidad de recurrir al BCB para acceder a $us 180MM, que seguramente
quedarán cortos para las necesidades de inversión. Esto
tiene varias connotaciones. Primero, el impacto que esto puede tener
en provocar un proceso inflacionario similar al de los años
80 cuyo costo para la sociedad y el país serían demasiado
grandes. Por otro lado el Estado estará desviando recursos
que los podría destinar a educación, salud o infraestructura
básica y dejar que los inversionistas privados, puedan realizar
las inversiones. Finalmente se ha comprobado en la historia de Bolivia
que las empresas estatales no son las más eficientes en la
administración de recursos y gestión de negocios.
Esos
son costos tangibles que ya se están percibiendo y se los puede
cuantificar. Sin embargo, el daño mayor es el causado a la
credibilidad y a la imagen del país. No sólo por el
cambio de los contratos o la elevación de los impuestos, sino
sobre todo por el mensaje agresivo y hostil que permanentemente se
da contra la inversión, que se evidencia también en
otros sectores como el forestal y agrícola. Esto tiene consecuencias,
primero de sacar a Bolivia del mapa de los inversionistas y segundo
de incrementar el costo de hacer negocios en Bolivia por el riesgo
país. Mientras en Bolivia se habla con orgullo de la tercera
nacionalización de los hidrocarburos, en el exterior el mensaje
recibido, es que ya es la tercera vez y por lo tanto un país
poco confiable en el largo plazo.
Bolivia
tiene la potestad de nacionalizar los hidrocarburos y los inversionistas
respetan esta decisión soberana, pero el mensaje que estos
han recibido es que por decisión propia Bolivia no quiere inversiones
y que las nuevas reglas las hacen económica y financieramente
inviables.
El
efecto negativo del clima de inversiones se extiende a otros sectores
como el de la manufactura en el que el país se beneficiaría
muchísimo de la inversión externa. Sólo como
ejemplo, un país de economía similar a la de Bolivia,
Honduras, gracias a la inversión extranjera y privada nacional
exporta más de $us 2.700 MM al año en confecciones.
Se
debe ser realista y asumir que Bolivia necesita capitales para desarrollarse
tanto en la industria de hidrocarburos como en otros sectores y que
estos capitales están disponibles en el mundo para ser invertidos
donde sean apreciados y tengan rentabilidad. Para esto es necesario
crear el ambiente propicio y negociar teniendo en cuenta que las inversiones
deben beneficiar a ambas partes.
Será
importante en la negociación que se lleva adelante con las
empresas petroleras, que se baje el tono y se negocie de tal manera
de no alejarlas definitivamente, sino más bien de dar señales
al mundo de que Bolivia es un país serio y que tiene interés
en atraer inversiones para su propio desarrollo. En cualquier negocio
es importante cuidar y tratar bien a los clientes que permiten generar
ingresos y no matar la gallina de los huevos de oro: la inversión.
Jorge
Gottret Siles
es economista.
Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.