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Hay algo acerca del presidente boliviano Evo Morales que no inspira confianza en un futuro próspero y democrático para su país. Y no es solamente el impacto de moda que trata de hacer con la chompa a rayas que usa como si fuera uniforme.

Para un buen número de bolivianos es la erosión de los derechos ciudadanos bajo su mandato. Basta preguntarle a Marcela Nogales, una mujer de 47 años y madre de dos pre-adolescentes que cuenta con un título de maestría en auditoria y control financiero de la Universidad Católica Boliviana en un programa conjunto con la Universidad de Harvard.

La señora Nogales, que fue gerente general del Banco Central de Bolivia durante cinco años hasta mayo pasado, ha sido detenida en una cárcel boliviana durante las últimas seis semanas a pedido del gobierno de Morales. Hasta el momento no se han presentado cargos.

Esta detención, en flagrante violación a las leyes bolivianas, parece ser parte de una campaña más amplia contra cualquier persona relacionada con los esfuerzos de modernización de la pasada década. Como tal, ha encendido aún más los temores de los demócratas bolivianos, que están profundamente preocupados que su país se está dirigiendo hacia un estado policiaco autoritario bajo el mando del Sr. Morales.

Evo ya ha demostrado un grave mal manejo de la economía. La primera prueba es su decisión del primero de mayo pasado, en medio del mayor boom energético de la historia de la humanidad, de nacionalizar las inversiones de las compañías energéticas extranjeras en su país rico en gas natural. Puede ser que esta bravuconada le haya hecho sentir bien al primer líder indígena en los tiempos modernos de este país. Pero si estaba haciendo un cálculo político, omitió una variable importante: Bolivia es pobre. Al parecer, tan pobre que, no tiene los recursos ni la técnica para explotar el gas por su cuenta.

El 11 de agosto el gobierno anunció la suspensión de la toma total de los campos de gas “debido a la falta de recursos económicos.” Pero es un poco tarde. Se ha reportado que unas 30 compañías energéticas han interrumpido sus operaciones, y no ha habido nuevas inversiones. Bolivia se ha convertido en un proveedor poco confiable de energía, hiriendo seriamente a la única gallina que pone huevos de divisas de libre convertibilidad.

La teoría que circula en ambientes bolivianos – que el presidente venezolano Hugo Chávez usó al poco sofisticado Evo Morales para destruir el sector energético de su país para que Venezuela pueda llenar el vacío – es algo que vale la pena considerar. Mientras tanto, el Sr. Morales, cuya popularidad aún se mantiene alta, ahora sufre el mismo asedio de huelgas, bloqueos de caminos y protestas que él organizaba cuando era activista.

Sin embargo, como haría cualquier demagogo que se respeta, Evo no está dispuesto a confiar en su capacidad para determinar su destino. La mejor defensa es una buena ofensiva y Evo está en la ofensiva, utilizando su investidura para interrogar, investigar y hasta encarcelar a aquellos que representan una alternativa a su visión de una Bolivia Maoísta.

En abril anotamos el caso de José María Bakovic, un hombre de 67 años que, como presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC) de 2001-2006, instituyó un proceso competitivo y transparente de licitación para obras camineras en Bolivia. Evo forzó la renuncia del Sr. Bakovic en febrero y en marzo lo metió a la cárcel durante tres semanas sin el debido proceso. En el mismo mes, el Presidente firmó un Decreto Supremo para un nuevo proyecto vial, pasando por encima del proceso de licitación que había puesto en vigencia el Sr. Bakovic. El Sr. Bakovic ya salió de la cárcel pero no puede salir de La Paz sin permiso de un juez. Mientras tanto, en su esfuerzo sin límite por desacreditar a los arquitectos del limitado liberalismo de Bolivia y las ideas mismas, el Sr. Morales tiene otros peces que freír.

El pez gordo es Gonzalo Sánchez de Lozada (también conocido como Goni) que fue presidente cuando el Sr. Morales y sus secuaces lideraban los bloqueos de caminos en octubre de 2003 que paralizaron la nación. Cuando Goni trató de despejar las carreteras, la violencia mortal hizo caer su gobierno. La misma violencia también mató la idea que Goni pregonaba para terminar con el duopolio de Argentina y Brasil del gas natural y abrir mercados para Bolivia hacia el oeste y el norte. Goni dejó el país pero Evo todavía quiere su “libra de carne”. De eso se trata el encarcelamiento de la Sra. Nogales.

Durante la cúspide del desorden social que tumbó a Goni, el Banco Central cumplió un pedido de retiro de emergencia del Gobierno, de su propia cuenta y por un monto de US$ 1.8 millones. Un poco más de la mitad del dinero estaba en moneda nacional y el saldo (US$ 800,000) estaba en dólares norteamericanos.

En junio dos diputados del partido de Evo hicieron gran alharaca en la prensa boliviana alegando que la transferencia fue de US$ 100 millones y que Goni se lo llevó en un helicóptero cuando salió de La Paz. Entre las herramientas más efectivas de los acusadores se encuentra un video, obtenido ilegalmente, donde se muestra a empleados del banco sacando dinero en efectivo de la bóveda. Esto ha sido manipulado con gran habilidad en los medios bolivianos como un mega-robo de parte de la élite corrupta para complacer a Goni.

El Fiscal General no solamente ha encarcelado a la Sra. Nogales sino que ha puesto al ex presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, sobre aviso que está bajo investigación y que también podría ser encarcelado. De acuerdo a la información obtenida, él es parte de una veintena de otras altas autoridades bolivianas que ahora se encuentran bajo amenaza de cargos criminales. Más aún, ha sido difamado y calumniado en la prensa.

Dejando de lado el punto obvio que si los propios funcionarios del banco quisieran robar dinero hubieran apagado las cámaras de seguridad, el asesinato de la reputación del Sr. J.A. Morales no tiene pruebas. Como cabeza del Banco Central desde finales de 1995 hasta que Evo lo sacó a empujones en mayo de 2006, se ganó una reputación impecable por institucionalizar la independencia del banco, la transparencia y la responsabilidad. La tasa de inflación anual más alta que tuvo Bolivia entre 1996 y 2005 fue de 4.5%.

Tanto el Contralor General de la República, como los auditores independientes y el Congreso han exonerado al Banco de cualquier acto criminal. Pero el gobierno continúa su caza de brujas política; la Sra. Nogales languidece en la cárcel sin derechos y un clima de intimidación pesa sobre la sociedad civil. Si Evo prevalece, significará no solamente el haber silenciado a la oposición sino también el fin de la independencia del Banco Central. Esto quizás explique por qué, a pesar de la falta de pruebas, el caso no ha sido desechado.

Mary Anastasia O’Grady es comentarista y columnista del Wall Street Journal . Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por El Wall Street Journal el 1 de septiembre del 2006. Petroleumworld Bolivia no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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