Si un período de transición se prolonga más
allá de lo esperado o de lo que podría considerarse
como racional, no cabe duda de que los efectos negativos propios
de una transición, tenderían a incrementarse y,
consiguientemente, a configurar un estado de riesgo mayor.
En
el contexto del desarrollo histórico de las naciones
la duración de un período de transición
no depende de acciones bienintencionadas o aisladas; sin embargo,
no se puede desconocer que el comportamiento de actores representativos
de las fuerzas en disputa, puede ser determinante.
Las
invocatorias de la gente, difundidas a través de los
medios de comunicación, sobre la necesidad de superar
el actual estado de situación caracterizado por la incertidumbre
y la inestabilidad, apuntan a diferentes actores que —de
una u otra manera— están llamados a despejar una
serie de trabas que se encuentran entorpeciendo la realización
de las elecciones generales de diciembre, como un mecanismo
para resolver el actual empantanamiento existente entre fuerzas
antagónicas y representativas de visiones diferenciadas
sobre la realidad nacional.
Si
bien existen fundadas dudas sobre la eficacia del mecanismo
electoral, dadas las actuales tendencias en las preferencias
de los futuros votantes que difícilmente darían
un mandato contundente a una de las dos candidaturas más
fuertes, lo evidente es que se trata del único mecanismo
posible en el marco de nuestro ordenamiento democrático.
De hecho, a partir de la última sentencia del Tribunal
Constitucional, la posibilidad de forzar nuevos acuerdos extralegales
se hace cada vez más remota, independientemente de la
legitimidad de los mismos.
La
gran mayoría de los problemas de la actual coyuntura
tiene un común denominador: la falta de definiciones
en los ámbitos público y privado. En efecto, una
etapa de transición tan prolongada y que, con mayor o
menor intensidad, abarca a las gestiones gubernamentales que
se sucedieron durante los últimos cinco años,
ha provocado que se posterguen importantes decisiones y que
no se encaren adecuadamente una serie de demandas ciudadanas.
Durante
esta prolongada transición, en el ámbito público
—donde inclusive en períodos de estabilidad no
se evidencia un desempeño eficiente y eficaz—,
se observan elevados índices de improvisación
y negligencia, y en el caso del sector privado, una recurrente
postergación en la toma de decisiones. De esa forma,
en los dos ámbitos está presente una visión
de muy corto plazo que descuida las tareas de planificación
y la posibilidad de encarar proyectos de magnitud e impacto,
capaces de dar respuestas sostenibles y de largo plazo a los
grandes problemas del país.
De
hecho, a manera de dramático ejemplo, se debe apuntar
que el problema del desabastecimiento de GLP en importantes
mercados internos guarda una estrecha relación con los
aspectos señalados. En efecto, la sombra de la improvisación
y de la visión de muy corto plazo que abarca tanto a
la burocracia estatal como a los agentes económicos privados,
está directamente relacionada con las penurias de miles
de familias bolivianas.
La
transición no puede ni debe prolongarse. De lo contrario,
podríamos pasar de la carencia de un insumo básico
como el gas licuado, a la pérdida de un derecho básico
como el ejercicio pleno de las libertades democráticas.
