Es patético
el espectáculo que los parlamentarios nos están
ofreciendo, en sesiones donde se está transando la ley
sentándose precedente funesto respecto a la obligatoriedad
y vinculatoriedad de los fallos constitucionales. Se está
colocando a la justicia y su administración en una posición
donde lo político y lo coyuntural prima en relación
a lo jurídico
Nos jugamos
muchas cosas en diciembre. Deseo seguir pensando -optimista--
que en ese mes concurriremos a las urnas a definir con el voto,
el destino de nuestro país. Así viene la mano.
A una sola partida, a una sola jugada, la definitiva en términos
de buscar una salida democrática a la descomposición
que los últimos años ha desbancado la Nación.
Espero que
los parlamentarios no sean capaces-- desprestigiados como están--
de pensar que la partida aún tiene varias manos y que
en alguna de ellas pudieran aún caber con posibilidades
de triunfo. No lo creo. La estupidez tiene límites y
considero que en los parlamentarios bolivianos ese límite
ya llegó. Abrigo esperanzas de que por lo menos se hayan
percatado de aquello y que su actuación no sea nada más
que la de viabilizar el país siendo parte de la solución
y no del problema.
Porque resulta
que es tan claro y evidente el proceso de descomposición
institucional, que en Bolivia cuesta aprender a respetar la
ley. Dejó de ser un marco de conducta para pasar a una
pose. Y así no fuera, hace mucho que este problema hubiera
dejado de ser problema e, incluso, nunca hubiera sido tal porque
en una sociedad habituada a acatar la ley y cumplirla, no se
estaría discutiendo si se obedece un fallo constitucional
y menos se estarían gestando propuestas cuyo sustento
pasa por negociar la norma sin disimulo.
Un asunto
que debió siempre ser manejado como principio y no como
más o menos números de diputados, puede determinar
la presencia de gobiernos inconstitucionales o incluso, el derramamiento
de sangre si del debate parlamentario pasamos a la acción
callejera. Dramáticas consecuencias de la conducta que
provoca no respetar la ley y estar acostumbrado a transar sobre
ella. Es realmente inaudito. No cabe aquí cavilación
alguna respecto a si Oruro, La Paz o Potosí pierden diputados
o si Santa Cruz y Cochabamba ganan otros tantos. Aquí
el razonamiento pasa por respetar principios que son base de
un Estado de Derecho y que no pueden ser desconocidos porque
un grupo de gentes, claramente identificadas con un partido
político, recurren al expediente de la huelga de hambre,
de la presión y amenaza de desobediencia civil si se
cumple una sentencia constitucional. Esto es intolerable.
De acuerdo
a la Carta Fundamental, el sufragio constituye la base del régimen
democrático representativo y se funda en el voto universal,
directo, individual, libre, obligatorio, y secreto; en el escrutinio
público y en el sistema de representación proporcional.
En la misma Constitución se establece que los diputados
son elegidos en votación universal, directa y secreta;
en la circunscripción uninominal por simple mayoría
de sufragios y en la circunscripción plurinominal mediante
el sistema de representación. Al amparo de ese principio
constitucional no hay nada que discutir ni nada que negociar.
La ley no puede ser colocada en ese terreno, mucho menos la
Carta Fundamental.
Por lo tanto,
es patético el espectáculo que los parlamentarios
nos están ofreciendo, en sesiones donde se está
transando la ley sentándose precedente funesto respecto
a la obligatoriedad y vinculatoriedad de los fallos constitucionales.
Se está colocando a la justicia y su administración
en una posición donde lo político y lo coyuntural
prima en relación a lo jurídico. Miren ustedes
el país que estamos construyendo. Todo al revés.
Se están negociando principios constitucionales y se
está conculcando uno de los pilares del sistema democrático
representativo y participativo, esto es, la independencia y
coordinación de los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial como base del gobierno, al transarse con el contenido
de una sentencia proferida por el TC.
Potosinos,
orureños y paceños han sido claros al no haber
hecho cuestión de estado respecto a si se pierde uno
o dos diputados; el desprestigio de éstos pesó
más a la hora de medir fuerzas. Lógicamente quienes
sí están en esos afanes son dirigentes de ciertos
partidos políticos a los cuales no les conviene perder
presencia donde supuestamente tienen mayor preferencia, y como
pesan más los intereses políticos que el respecto
a la Ley Fundamental, estamos transitando por un terreno fangoso
que puede terminar por destruir lo poco que nos queda.
Aguardo
que la cordura y dignidad pese a la hora de justificar la presencia
parlamentaria en un curul y respetándose la ley, se cumpla
lo que debe cumplirse.
