Una vez
más el pueblo atónito observa la actitud irresponsable
de los congresales que dilatan, con argumentos leguleyescos,
la aprobación de una Ley que subsane la Sentencia del
Tribunal Constitucional que derogó el Art. 88 del Código
Electoral, relacionado con la asignación de asientos
electorales.
Ante la
inoperancia del Legislativo y la intransigencia de los cívicos,
el Presidente propuso una solución encuadrada en la normatividad
constitucional, invocando a los legisladores su pronta aprobación,
por la posibilidad de que los plazos no permitan la realización
de las elecciones generales y el país se vea envuelto
en conflictos sociales y políticos de imprevisibles consecuencias.
Inicialmente tanto cívicos como legisladores rechazaron
la propuesta, calificándola según sus expectativas
sectarias.
Causa estupor
la conducta de los legisladores, a los que poco les importa
la suerte del país, mientras ellos puedan medrar del
cargo con total impunidad, como denunció un diputado
que calificó a los legisladores como “viciados
de venalidad y servilismo”. Los legisladores, parapetados
en sus bunker (curules), quieren ser celosos guardianes de la
Ley, pero muchas veces la han violado siguiendo directivas del
Ejecutivo y/o detentadores del poder.
El Legislativo,
con más sombras que luces, casi nunca ha cumplido con
sus funciones de fiscalización, por lo que la corrupción
goza de impunidad. La función de legislar tampoco ha
sido cumplida con responsabilidad y patriotismo. Las leyes aprobadas
poco o nada han contribuido al desarrollo del país y
a su bienestar. Convenios aprobados por exigencia del Brasil
y Chile han contribuido al desemembramiento del territorio nacional,
como el Tratado de 1904. Los contratos de créditos casi
siempre han sido leoninos para la nación, como el empréstito
Nicolaus, calificado de monstruoso por sus condicionamientos,
ante la incapacidad de los negociadores bolivianos.
Los legisladores,
desconociendo que la soberanía reside en el pueblo y
que éste les delega su representación, ponen en
riesgo la estabilidad política, económica y social
del país, atrincherándose en la defensa de sus
intereses, y siguiendo el juego de las oligarquías orientales,
influenciadas por los intereses transnacionales y los sectores
políticos del gobierno desplazado en octubre de 2003,
que pretendía la formación de un gobierno en Santa
Cruz, para consolidar el poder oligárquico. Ellos argumentaban
que no formaban parte del Tawantinsuyo, del Alto Perú,
por lo que no estaban de acuerdo con la Asamblea Constituyente,
contraponiendo a ésta la autonomía, para preservar
sus intereses frente a la corriente Kolla, creadora de desconfianza
e inestabilidad según algunos dirigentes cívicos.
Se observa
estas dos visiones en el Legislativo, por la intransigencia
de los legisladores que supeditan las funciones y atribuciones
del Poder Legislativo a las resoluciones de sus entes cívicos,
que postulan incluso la “resistencia civil” a cualquier
medida gubernamental contraria a sus “derechos’
e intereses regionales, promoviendo incluso un “poder
paralelo” al legalmente constituido.
Los legisladores
nunca asumieron una defensa instransigente de los derechos e
intereses nacionales, porque aprobaron, sin enterarse, las Leyes
de Capitalización y Privatización, y permitieron
la entrega de las empresas y recursos hidrocarburíferos
a los consorcios internacionales, sin pasivos, con mercados
cautivos, y con la sola promesa de invertir un monto de capital.
Pero ahora hacen una defensa cerrada de sus intereses, para
no quedar desocupados, esgrimiendo ser defensores a ultranza
de la Constitución y las leyes, aunque éstas fueron
violadas por ellos, subordinándose incluso a caudillos
militares y civiles golpistas, para concederles la “confirmación”
como gobiernos constitucionales, a cambio de prebendas. Aprobaron
el Código Davenport; las leyes de Capitalización,
y otras contrarias al interés nacional, causantes de
la crisis económica, política y social.
Los legisladores,
que deberían representar los intereses del pueblo, lo
traicionan al alinearse con políticos e intereses sectarios
que ponen en riesgo la estabilidad del país, no obstante
ser generosamente retribuidos. El enorme sacrificio fiscal para
solventar a este poder del Estado no guarda relación
con los magros resultados que reporta, por lo que se debería
reducir su composición y gastos a un tercio, para buscar
eficiencia y eficacia. Un ex parlamentario ha recomendado esclarecer
el incremento sustancial del presupuesto de 56.8 millones de
bolivianos a 1.134 millones en el período 1992-57. El
incremento del 20% anual de gasto situó en 244.079 dólares
el costo de cada parlamentario en 1998, para alcanzar en 2001
a 323.529 dólares (EL DIARIO 20/11/01); al presente debe
ser mayor el gasto. Es inaceptable que los congresales se rasguen
las vestiduras para cubrir su incapacidad.
Diógenes
Bustillos Zeballos
es
colaborador del Diario ( La Paz) . Sus
puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado
por El Diario
( La Paz), el 7 de
noviembre del 2005. Petroleumworld Bolivia no se hace responsable
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