El presidente Eduardo Rodríguez se encuentra en el peor
momento de su relación con el Poder Legislativo, debido
a su actitud respecto del cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos.
La luna de miel entre los dos poderes terminó, al margen
de los esfuerzos que realice el Presidente del Congreso. La
reacción del Congreso ante el envío de una especie
de Memorando de estado de situación respecto de las relaciones
del Gobierno con las empresas petroleras, en lo referido a la
aplicación y cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos,
ha sido de una inusual virulencia con el Presidente.
El Ejecutivo
cometió un garrafal error estratégico al pretender
enviar un estado de situación, con dos mensajes subliminales,
pero muy claros, diciendo no puedo aplicar la ley porque tiene
errores estructurales y pidiendo al Congreso que vea lo que
hará. No conozco quién asesora al Presidente en
estos temas, pero no hay dudas que está mal asesorado.
Al enviar como interlocutor de semejante mensaje a un Ministro
que fue censurado por la Cámara de Diputados y que hasta
horas antes de su presentación al Congreso estaba en
el limbo jurídico y político de ser un ministro
censurado pero no ratificado, aumentó las razones para
que el Ejecutivo sea vapuleado sin misericordia por el Legislativo
y se proponga incluso un juicio de responsabilidades al propio
Presidente, por no cumplir la Ley.
La suma
de errores incluye al menos los siguientes aspectos. En primer
lugar, no es posible que el Ejecutivo deje semejante tema sin
definición de ningún tipo hasta el día
antes de la culminación del plazo para dar cumplimiento
a la famosa migración de los contratos de riesgo compartido
firmados bajo las reglas de juego de la anterior Ley de Hidrocarburos.
Esta actitud al menos generó sospechas que fue un acto
intencional de llegar al límite del tiempo establecido
en la Ley para obligar a una acción de último
momento que ponga al Congreso contra la pared y forzar una decisión.
En segundo lugar, es inconcebible que el Ejecutivo no fije una
posición y la defienda, actuando solamente como una especie
de emisario que relata una situación y no se compromete
con alguna solución que tiene la obligación de
hacer. Si el problema pasa por la modificación específica
de la Ley en algunos artículos críticos, debe
indicar cuáles son y cuál la redacción
alternativa. Si el problema es un mayor plazo para la adecuación
de los contratos también debería solicitarlo al
Legislativo de manera concreta. En tercer lugar, es inconcebible
que el Ejecutivo no esté informado que para la gran mayoría
de los parlamentarios su gran obra durante toda su gestión
legislativa es precisamente la Ley de Hidrocarburos y peor aún
en un momento electoral tan próximo, donde la competencia
por quién es el mayor nacionalista es el pan de todos
los días, lo que hace imposible imaginar modificaciones
a la Ley actual. En consecuencia no se puede inferir del famoso
informe del Ejecutivo que la Ley no sirve y no atreverse a enfrentarlo
abiertamente o, inteligentemente, pidiendo solamente la ampliación
del plazo para la adecuación y esperar que un nuevo gobierno
defina con mayor poder el tema de fondo que es la concepción
de la actual Ley de Hidrocarburos.
Temo
que con los tremendos errores cometidos por el Ejecutivo y las
reacciones del Legislativo, ahora ni siquiera será posible
la ampliación del plazo, con lo que quedaremos en un
limbo jurídico hasta el nuevo Gobierno, con enormes perjuicios
para el país.
José Guillermo Justiniano es
Senador por Santa Cruz (MNR). Sus
puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado
por El Nuevo Día
( Santa Cruz), el
22 de noviembre del 2005. Petroleumworld Bolivia no se hace
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