No tenía intención de insistir sobre temas internacionales,
no obstante, una noticia aparecida en La Razón en su
edición del 9 de noviembre da cuenta de que la Cancillería
pretende vender agua al norte chileno. Noticia sorprendente,
infausta en mi concepto donde la opinión pública,
Congreso y Fuerzas Armadas entre otras, deben analizar con extremo
cuidado y adoptar los recaudos pertinentes.
¿Por
qué tanta alarma? Contesto la pregunta sin el mínimo
afán de exagerar, pero sí preocupado seriamente
por el futuro de la República. Sabemos lo compleja, difícil
y escasa que el "agua dulce" se presenta en los países,
incluyendo el nuestro. Merced al cambio climático y calentamiento
del planeta, asistimos a verdaderos trastornos, ahí están
nuestras cumbres nevadas a punto de desaparecer, Chacaltaya
o el Tuni Condoriri y otras fuentes que nutrían a La
Paz confrontan sequía por alzas de temperatura y falta
de nieves, algo similar ocurre en ciudades como Cochabamba y
zonas del Altiplano expulsoras de gente por la sequía.
En la Amazonia, jamás se había detectado un fenómeno
parecido y la prensa ha mostrado lagunas y ríos sin caudal,
no sin razón se opina que futuros conflictos bélicos
tendrán su origen en disputas de aguas.
Chile
siente como otros la necesidad de agua dulce, elemento precioso,
irremplazable y escaso. Consiguientemente ha mirado con interés
a Bolivia: primero desvió el Lauca de mala forma, arbitrariamente,
sin reconocernos indemnización, esto originó que
surgieran en el Altiplano pueblos fantasmas, ahí está
la zona de Calacoto, Ulloma y otras que han sufrido las consecuencias
de este desvío total. Viene luego el Silala, manantial
que en su momento la Cancillería demostró tenía
ese carácter y en consecuencia esas aguas en su integridad
eran bolivianas. Las mentadas aguas van a Antofagasta para alimentar
el sistema de agua potable y se comercializan a precio de oro.
El arreglo que ofrecieron no parece llegar, no nos indican ni
porcentajes ni montos, esperamos que más allá
de las responsabilidades que correspondan en este caso por el
cambio de teoría, de llegarse a un acuerdo, contemple
indemnización por los años pasados desde el momento
que Bolivia denunció el mal uso de esas aguas que fueron
destinadas en principio a las locomotoras a vapor.
Lo
grave, en mi concepto, que significaría alta traición
es negociar todas las aguas de la frontera o cercanas como señala
la prensa. Todos sabemos que Potosí expulsa gente a las
ciudades en razón a las sequías que azotan la
zona, fenómenos similares ocurren en otras regiones.
Cómo es posible entonces que disponiendo el país
de agua dulce y ahora de gas que juntos son la combinación
ideal para el sistema de riego agrícola, se empeñe
un recurso tan valioso. Cómo es posible sin contar antes
con un plan hidrológico nacional se comprometan recursos
tan preciados. El altiplano y otras regiones pueden ser paraísos
de la quinua, la ganadería y otros rubros agrícolas
y no pignorar su futuro. Y más grave aún se aproveche
este momento en que el país, distraído en elecciones,
de mala manera, se comprometa y empeñe su futuro regalando
nuevamente sus materias primas.
Y
un último elemento, ningún tratado de aguas puede
ser posteriormente revertido, pues los países beneficiarios
exhiben razones humanitarias y de interés público.
Jorge
Soruco Villanueva es
abogado. Sus puntos de vista
no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado
por La Razón,
el 30 de noviembre del 2005. Petroleumworld Bolivia no se hace
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