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Es muy sugestivo que el Gobierno hubiera elegido este momento para cobrarse sus cuentas pendientes con la DEA (agencia Norteamericana de lucha contra el narcotráfico).

Sugiere mucho pero no llama la atención puesto que sabemos que existe el propósito de sacar del país todo lo que tenga que ver con los EE.UU de Norteamérica, por razones que van más allá de una folclórica antipatía contra la potencia del Norte.

Sospechamos que este precalentamiento responde a acciones de la calistenia bélica con la que se preparan algunos países para asaltar al gigante norteamericano.

Está claro que existe la decisión de que el hilo del ovillo comience a jalarse precisamente desde este punto del continente que cumplirá el papel de comenzar a infectar al planeta de un virus bélico del que aún pocos se atreven a hablar y al que muchos prefieren interpretar como el eco de un teléfono descompuesto.

La consigna es que todas las organizaciones y organismos dependientes de los EEUU salgan de Bolivia, y en este cometido se están dando los primeros pasos, que parecen insignificantes, pero son sustantivos porque precisamente se inaugura con el país pequeño que se atreve a desafiar al águila.

La esfinge está ya planeando su acertijo a las puertas de Tebas. Y por supuesto que está preparada para devorar a todos los que no identifique con la fórmula incestuosa del poder por el poder y con el poder que se está construyendo.

Si el gobierno de los EEUU responde con desmesura, se dirá que el águila sigue sin tener escrúpulos, y si responde con benevolencia el ratón no perderá la ocasión de iniciar su mutación para convertirse en la serpiente que pondrá la manzana en la boca de quien pecará por acción u omisión para dar paso a la clara posición bipolar que la crisis mundial plantea dentro del espíritu bélico que la anima.

La expulsión de la DEA es otro paso para probar el termómetro y mostrar que tras el estandarte racial y el emblema de nuevas búsquedas de empoderamiento-marginamiento, se plantea el nuevo sello de una reorganización global de la hegemonía que se pretende instaurar.

Los jinetes del Apocalipsis ya han abierto el sello de la raza, decretando que lo blanco-blancoide-occidental-occidentaloide es hoy el albo de todos los males y se constituye en el agujero por el que muchos poderes deben comenzar a caer en caída libre y vertiginosa.

El ratón prueba su habilidad para transmutarse en serpiente y desafiar al águila que no está convencida de que debe romperse el pico, desgarrar sus garras, sacarse las plumas y concretar el ciclo de renovación de fuerzas que tiene pendiente.

El Gobierno boliviano está mostrando que no descansará con la expulsión del organismo de control del narcotráfico (DEA), puesto que adelanta que propondrá la modificación de la Ley 1008, aduciendo a que esta vulnera los "derechos humanos".

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien comandó la operación de Pando en la que se llegó a una confrontación de la que ahora se tratan de borrar las evidencias para convertirla a fines del poder en "genocidio y masacre" y que no ha escatimado esfuerzos por allanar domicilios, secuestrar ciudadanos con encapuchados militares, confinar, resistirse a cumplir los fallos judiciales, es quien precisamente ha reaparecido para dar un amplio informe de las supuestas violaciones cometidas por la DEA, al tiempo de advertir que se debe eliminar la ley 1008 debido a que esta vulnera los derechos humanos.

La Ley 1008 es excesiva, no nos queda duda que se han cometido muchos atropellos y violaciones bajo la vigencia de esta Ley, pero nos resulta incongruente que estas violaciones de derechos sean censuradas cuando se admiten e incluso se ha generado una práctica cotidiana de la violencia de Estado, el terrorismo, persecuciones y apresamiento indiscriminado de quienes son opositores al actual régimen.

Para que aquilatemos el tenor de los justificativos y los guardemos en nuestro anecdotario de políticas que aunque parezcan folclóricas no lo son, ni tampoco son erráticas a pesar de la doble moral que detentan, concluyamos con la declaración con la que el ministro Quintana justifica los pasos que seguirá el gobierno: "La Ley (1008), desde nuestro punto de vista, tiene que ser modificada, porque esta ley viola uno de los derechos constitucionales fundamentales de cualquier ciudadano en Bolivia y es la presunción de inocencia".

Tres días después de esta declaración el ministro Quintana comandó una nueva operación en la que siete ciudadanos fueron secuestrados desde Pando e internados en el cuartel de Viacha de la ciudad de La Paz en calidad de confinados.

Los activistas civiles fueron capturados sin orden de arresto y sin gozar del derecho a la presunción de "inocencia". Como se dice por estos lares, impera la 1008 con otra pollera.

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