Limbo jurídico para las petroleras en Bolivia
Por Coco Cuba
AFP
LA
PAZ
Petroleumworld Bolivia 25 04 05
La indecisión sobre lo que hará el Congreso con los contratos petroleros -declarados susceptibles de ser anulados a comienzos de abril por un Tribunal Constitucional (TC)- ha generado un limbo jurídico en torno a la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales en Bolivia.
El pronunciamiento del TC observa un déficit constitucional en 68 contratos de exploración, explotación, comercialización y transporte de hidrocarburos, suscritos y en aplicación desde hace ocho años, por no haber sido ratificados por el Congreso.
Tras esa declaración, el presidente Carlos Mesa anunció que enviaría los contratos al Congreso, donde la mayor parte de las bancadas se resisten a considerar siquiera el tema.
En cambio parece fortalecer la posición de los defensores de una nueva ley de corte nacionalista, actualmente en discusión en la Cámara de Senadores tras ser aprobada en su par de Diputados.
En caso de que el Congreso obligue a las compañías a ajustarse a nuevas condiciones derivadas de la nueva legislación petrolera o, en el menos probable de los casos, de que se anule su vigencia legal, "el país estaría ingresando en un limbo legal", según el ex secretario estatal de Energía, Carlos Alberto López (1997-2000).
"Esto es válido no sólo en relación a los contratos del sector petrolero sino también con relación a todos los contratos y concesiones que de una forma puedan tener algo con la explotación de recursos naturales", en el país, advirtió.
Una decisión parlamentaria en ese sentido "tendría un impacto sumamente negativo e implica un precedente imposible de manejar para cualquier inversión de explotación de riquezas naturales" en Bolivia, según López, también ex asesor de la Cámara de Hidrocarburos, que reúne a las petroleras que operan desde 1997 en el país.
La coyuntura generada por el dictamen es, en cambio, "la más favorable a los intereses del país" en la perspectiva de aplicar a 20 compañías de Europa, Asia, EEUU, Brasil y Argentina, una nueva política de explotación de hidrocarburos, de acuerdo con el diputado socialista Santos Ramírez.
Tras la declaración del TC, "los contratos tienen serias dificultades porque no han cumplido con lo que mandan la Constitución, de ahí nace la coyuntura favorable, la coyuntura para trabajar un proyecto que atienda los interés nacionales", esgrimió.
El proyecto de nueva ley de hidrocarburos postulado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), del cocalero Evo Morales, busca equiparar en 50% los ingresos de las petroleras y el Estado generados por el negocio petrolero.
A la luz de la ley promulgada en 1996, el Estado percibe tan sólo un 18% de las ganancias y no controla la explotación ni la comercialización de hidrocarburos.
La polémica se registra en momentos en que el MAS intenta enjuiciar al presidente Carlos Mesa, a Sánchez de Lozada y al predecesor de éste, Jorge Quiroga, por medio de un trámite radicado este lunes ante la Fiscalía de la República, por otorgar vigencia legal a los contratos petroleros que no fueron reconocidos por el Congreso, como ordena la Constitución.
El domingo el embajador de Argentina en Bolivia, Horacio Macedo, advirtió que su gobierno no puede "esperar indefinidamente" un acuerdo energético con su par boliviano y fijó como plazo para una definición abril o mayo.
"Sin perder interés en el gas boliviano, vamos a empezar a hacer obras dentro de la Argentina, que podrían ser contraproducentes para el desarrollo binacional", señaló.
"Si el tiempo parlamentario boliviano (que discute hace medio año los términos de una nueva ley de hidrocarburos) se demora, nosotros avanzaremos con nuestro desarrollo interno", añadió.
El abogado José Luis Gutiérrez opinó que "a partir de la declaración del TC se puede ingresar a un nivel de equidad y al mismo tiempo de seguridad jurídica tanto para el Estado boliviano cuanto para las transnacionales que han realizado inversiones en Bolivia".
AFP 18/04/05 21:47:46
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