Gobierno
revierte al Estado el 47% de Entel de manos de las AFP y
garantiza pago de Bonosol
ABI
LA PAZ
Petroleumworldbo.com 24 04 07
El Gobierno resolvió este lunes
revertir para el Estado boliviano, el 47 por ciento de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (Entel) que estaba en manos
de las Administradoras de Pensiones (AFP) y garantizó el
pago anual del Bono Solidario (Bonosol) para mayores de 65
años.
Con esta
base, el Gobierno continuará las negociaciones
con la italiana Telecom para recuperar el resto de las acciones
que aún se encuentra en manos de la transnacional.
El ministro
de la presidencia, Juan Ramón Quintana,
y el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor
Arce, en conferencia de prensa conjunta, anunciaron la decisión
gubernamental sobre Entel.
"El Gobierno aprobó dos decretos supremos, ambos
orientados a la recuperación del patrimonio estatal
en favor del Estado", afirmó Quintana en Palacio
Quemado.
El primer
Decreto autoriza la transferencia de 47 por ciento de las
acciones de Entel (que administraba las AFP) a manos
del Estado, para lo cual, hay un plazo de 24 horas. Mientras
tanto continuarán con las negociaciones con Telecom
para lograr un acuerdo sobre el 50 por ciento restante.
Entre tanto,
Héctor Arce explicó que lo que
se está haciendo el Ejecutivo mediante este Decreto
es recuperar para el Estado boliviano ese 47 por ciento de
acciones, garantizando expresamente como se lo hizo con los
hidrocarburos, el pago del Bonosol
Un segundo
Decreto abroga el DS 28172 emitido el 19 de mayo de 2005,
que autorizaba de manera ilegal al Ministerio de Desarrollo
Económico certificar las inversiones de las empresas
capitalizadas.
En función a este Decreto Supremo se dictó la
resolución ministerial 194 de 12 de agosto de 2005,
durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé,
en la que se certifica que la empresa capitalizadora habría
cumplido con todo el plan de inversión que tenía
comprometido durante el contrato de capitalización.
Asimismo,
se declaró extinguido ese contrato de capitalización
en un claro desconocimiento a la Ley 1600 de Sistema de Regulación
Sectorial (Sirese) que concede la facultad de certificar las
inversiones de las empresas capitalizadas a las instituciones
reguladoras, y en este caso, a la Superintendencia de Telecomunicaciones.
"Se ha violado un procedimiento y se ha cometido un acto
jurídico administrativo incorrecto, y por eso, el Gobierno
abroga este decreto y la resolución respectiva para
que se proceda de manera correcta de acuerdo al ordenamientos
jurídico legal", dijo Héctor Arce.
ABI
23/04/07
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