Gobierno
considera trasladar protocolización de contratos petroleros
a Prefectura de Chuquisaca
ABI
LA PAZ
Petroleumworldbo.com 30 04 07
El presidente de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Aruquipa, señaló hoy
que el Gobierno considera la posibilidad de exigir al prefecto
de La Paz, José Luís Paredes, la devolución
de los 44 contratos petroleros para que sean protocolizados
en otra Prefectura, en este caso la de Chuquisaca, ante las
trabas interpuestas por el gobierno departamental.
"Creo que las razones están fundadas en términos
legales y técnicos, por lo tanto estamos coordinando
con el Ministerio de la Presidencia, que tiene tuición
sobre la Prefectura de La Paz y otras, la posibilidad de solicitar
la devolución de los 44 contratos para que podamos llevar
a otra Prefectura, que sí pueden aplicar en su verdadera
dimensión las normas que existen actualmente",
puntualizó Aruquipa.
Esa Prefectura
no sería otra que la de Chuquisaca,
según anunció el sábado el viceministro
de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce.
Por ello
Aruquipa mostró su preocupación porque
la Notaria de Gobierno de la Prefectura de La Paz no inició la
protocolización de los contratos y exige, previamente,
una millonaria suma de dinero por concepto de aranceles, pese
a que los mismos son de carácter administrativo y no
comercial.
Señaló que los 44 contratos son de operación
y explotación de los recursos no renovables, no hay
una cuantía y por consiguiente la Prefectura paceña
debe cobrar lo que corresponde, es decir 300 bolivianos por
cada contrato, aunque el gobierno departamental espera recaudar
por ese concepto entre 2 millones y 3 millones de bolivianos,
según el viceministro Arce.
El titular
de YPFB considera que por falta de experiencia, los técnicos de la Prefectura están cometiendo
un error de apreciación. "No quisiera creer que
haya criterio político para poner obstáculos
administrativos en la protocolización de los contratos",
aseguró.
Apuntó que son los primeros contratos que ingresan
por vía de la notaria de Gobierno y no como antes se
solía realizar, que estos documentos como de riesgo
compartido, sin ser autorizados por el Poder Legislativo, eran
protocolizados por una Notaría de Fe publica como se
trataría de una actividad privada.
De su parte,
el secretario General de la Prefectura paceña,
Alejandro Zapata, solicitó a la estatal petrolera de
YPFB instruir a las empresas petroleras pagar los aranceles
para que la protocolización de los contratos "no
ingresen en la ilegalidad".
Negó que haya intención de perjudicar al Gobierno
en el tema de la protocolización de los contratos y
la Prefectura de La Paz lo único que realiza es cumplir
con las normas legales que no discrimina ni hace diferencia.
Estas normas,
insistió, dicen que los aranceles lo
pagan las empresas y no el Gobierno y para la Prefectura es
necesario que sea así "para no incurrir en la ilegalidad".
"Existe el temor que sino pagan estaríamos incurriendo
en una irregularidad porque la norma es clara, no discrimina
el pago de los aranceles para la protocolización de
contratos de operación", reiteró Zapata.
Por la
magnitud de los contratos, Zapata, expresó que
la protocolización debería durar entre uno a
dos meses, pero para acortar este tiempo el prefecto de La
Paz, José Luís Paredes, instruyó acelerar
este proceso en 72 horas, "no por dinero sino por la importancia
que significa para los bolivianos".
La Prefectura
de La Paz designo a un equipo selecto de abogados y funcionarios
para revisar minuciosamente estos contratos
en el tiempo más breve posible.
ABI 29/04/07
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