En
YPFB desaparecen papeles referidos a los petrocontratos
La
Prensa
LAPAZ
Petroleumworldbo.com 25 05 07
Los abogados de la Dirección Jurídica de YPFB denunciaron la
desaparición de documentos confidenciales de la empresa, “especialmente” los
referidos a los contratos de operación suscritos entre el Estado y las
compañías petroleras. Por esto, solicitaron que la Fiscalía
de Distrito investigue el caso.
Cuatro
abogados de ese despacho hicieron conocer esa irregularidad
al director legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Alejandro Aspiazu, en una carta que enviaron
el 15 de mayo y a la que tuvo acceso La Prensa.
“Lamentablemente (...) dentro de la Dirección
Legal General vienen desapareciendo documentos oficiales de
los archivos, como ser informes legales, cartas, comunicaciones
internas y otros, en especial documentación relacionada
a los contratos de operación (...) por lo que solicitamos
a su autoridad, se formule la denuncia oficial ante el Ministerio
Público para el inicio de las investigaciones...”
Ayer, durante
todo el día, este diario trató de
comunicarse con el presidente de YPFB, Guillermo Aruquipa,
para consultarle al respecto, pero hasta el cierre de edición
no atendió el requerimiento periodístico.
Indagaciones
Esa denuncia
surge en momentos en que la Fiscalía solicitó información
a la empresa para esclarecer la negociación y firma
de los contratos petroleros, en especial la redacción
del Anexo D, relativo a los gastos contables, de los campos
San Alberto, San Antonio y Río Hondo.
Alaín De Canedo, uno de los fiscales asignados a ese
caso, dijo que por una cuestión de reserva no podía
precisar el tipo de papeles que solicitó, pero admitió que
cuando el proceso salió a la luz pública la empresa
se cerró y no quiso dar datos.
A ese óbice se sumó ayer la paralización
de la investigación. Esto debido a la recusación
presentada por Manuel Morales Dávila, padre del ex presidente
de YPFB Manuel Morales Olivera, a quien Podemos acusa de haber
incurrido en irregularidades en la emisión de los anexos
D.
El investigador
dijo que el recurso no tiene asidero legal porque el Ministerio
Público no convocó a declarar
a Morales Olivera ni inició oficialmente una pesquisa
en su contra.
De Canedo
no precisó el tipo de datos que solicitaron
a la petrolera estatal, pero admitió que desde que el
proceso salió a la luz pública las fuentes se
cerraron. A la fecha, la Fiscalía citó a una
treintena de funcionarios de la estatal y a miembros de las
petroleras Petrobras, Repsol YPF y Total, que operan en los
campos de los contratos observados.
Dentro
del proceso de investigación, el Ministerio
Público convocó al equipo técnico que
colaboró con Morales Olivera, los denominados “rugrats”.
Esto porque ellos, según fuentes del ramo, participaron
en la redacción de los documentos en reuniones que sostuvieron
en el piso ocho del edificio de YPFB.
En su momento,
el ex asesor legal de la empresa Roberto Botero denunció que en esa oficina retuvieron los contratos
varias semanas por órdenes del entonces presidente ejecutivo.
Cuando
iniciaron las declaraciones informativas en la Fiscalía,
a fines de marzo, los “rugrats” se acogieron al
derecho de silencio. Dos semanas después se presentaron
voluntariamente. Según De Canedo, todos coincidieron
en que no tuvieron nada que ver en la redacción de los
contratos y no precisaron quién los elaboró.
Sin embargo, uno de ellos, César Santagadea, dijo que
un miembro de la empresa Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle
Asoc., que había asesorado a Gonzalo Sánchez
de Lozada, explicó los documentos.
De Canedo
aseguró que parte del equipo de los “rugrats” continúa
trabajando en YPFB, el resto se fue con Morales Olivera hace
poco más de un mes.
El Directorio pide informe sobre pago de Bs 72 millones
El Directorio
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) solicitó ayer un informe al presidente
ejecutivo de la empresa, Guillermo Aruquipa, para que responda
por los 72 millones de dólares que erogó la compañía
por “negligencia” en sus funcionarios.
Según fuentes del sector, el máximo ente de
decisión se reunirá esta semana con el objetivo
de establecer responsabilidades.
La Prensa
denunció ayer que YPFB había pagado
en efectivo 72 millones de dólares a las refinerías
por el diésel oil que importa, debido a que la estatal
petrolera no emitió a tiempo las notas de crédito
fiscal (Nocre) con las que cubre ese gasto.
Bolivia
produce el 70 por ciento del diésel oil que
consume el mercado. El resto lo importa. Como el costo del
combustible en el mercado nacional está congelado, Yacimientos
paga (subsidia) la diferencia con el precio internacional al
internar el carburante.
Para no utilizar recursos propios, el Estado debe emitir las
Nocre (papeles) para que la empresa refinadora pueda descargarse
el valor ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Este diario
insistió para hablar con el Presidente
de YPFB, pero en su oficina de prensa informaron que durante
todo el día no habían logrado consultarle al
respecto y que no iba a hablar.
La
Prensa 25/05/07
Copyright ©2006 La Prensa.Todos
los Derechos Reservados.
Envie
esa nota a un amigo
