El Gobierno tiene
en la mira a 30 comercializadoras mineras
La
Prensa
LA
PAZ
Petroleumworldbo.com 23 07 07
La política minera del Gobierno apunta a hacer desaparecer 30 comercializadoras
de mineral que, aunque operan legalmente en el
país, alteran la cadena de producción de la
industria y merman los réditos que debería recibir
el Estado.
La principal función que cumplen estos negocios es
comprar el mineral de las cooperativas mineras y exportarlo
bajo sus normas y reglas. Esas casas definen cuánto
pagarán al operador por su producción, de acuerdo
con el peso, ley y humedad del metal, que se define en sus
laboratorios técnicos.
El viceministro de Minería, Pedro Mariobo, dijo que
el Ejecutivo definió dos mecanismos para “eliminar” a
las comercializadoras. Uno, vía coerción, y otro,
de la competitividad.
La autoridad explicó que el primero consiste en ejercer
una mayor fiscalización a aquellas empresas que engañan
a los productores con precios bajos.
El segundo se orienta a crear una entidad estatal
o a potenciar Comibol para que se encargue de concentrar
el mineral y de
ofrecer a los productores pagos más altos que los intermediarios
por el mineral extraído.
En la actualidad, existen 30 intermediarias
legalmente constituidas, las cuales operan en Oruro, Potosí, Llallagua y algunas
en La Paz. Entre ellas están el Banco Minero Victoria,
Cami y Urkupiña.
Según el Código de Minería, en la actualidad
son libres e irrestrictos la tenencia y el comercio de minerales
y metales por cualquier persona, individual o colectiva, nacional
o extranjera, así como la utilización.
El negocio
Las casas comerciales que hacen la intermediación en
la compra de concentrados de estaño se instalan cerca
de las poblaciones donde se extrae mineral.
Un informe sobre Desarrollo Humano señala que esas
compañías captan la atención de los cooperativistas,
mineros chicos y jucus (traficantes) con la entrega de anticipos
en dinero, materiales, insumos, ropa, artefactos eléctricos,
muebles, bebidas o alimentos de primera necesidad. De esa manera,
los obligan a cancelar la deuda con la entrega del mineral.
Las empresas ganan por doble partida. Al entregar
víveres
por adelantado, ganan el precio de los productos y, al hacer
la compra del mineral, pagan a los productores un menor valor
que el comerciante oficial.
Otra ventaja de algunas empresas es que no
efectúan
las retenciones para el Impuesto Complementario a la Minería
(ICM), aportes a la Caja Nacional de Salud (CNS) y a las Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP), y si lo hacen, no depositan esos
montos donde corresponde.
Fuentes del sector minero contaron que las empresas intermediarias
obtienen una utilidad neta de entre 15 y 20 por ciento, mientras
que los cooperativistas, por ejemplo, que son sus principales
proveedores, obtienen como ganancia neta un 5 por ciento del
negocio.
Precisaron que es muy difícil calcular la ganancia
total de los comerciantes porque no se conocen “realmente” los
gastos de funcionamiento ni el método de cálculo
que emplean para definir el precio de la compra.
El ex secretario ejecutivo de la Federación Nacional
de Cooperativas Mineras (Fencomin) Pascual Guarachi dijo que,
de las 556 cooperativas registradas en la organización,
sólo dos, Ánimas y Siete Suyos, ubicadas en el
sur de Potosí, exportan de manera directa plomo y plata,
el resto necesariamente acude a las casas comerciales para
monetizar lo extraído.
Guarachi calcula que el negocio se queda con
al menos el 37 por ciento, por lo tanto, “de mil bolivianos que un cooperativista
individual gana por la producción de mineral, unos 370
bolivianos deja en la intermediaria. El resto es para él”.
Con los 630 bolivianos que le quedan (el 63
por ciento), el cuentapropista tiene que cubrir sus gastos
de producción.
“No es como dicen que el cooperativista gana el cien
por cien” de todo su trabajo.
Empero, reconoció que, gracias a los precios altos
de los minerales en el mercado internacional, existe un “buen
ingreso”.
El ex dirigente señaló también que muchas
de las casas comerciales aparecen para hacer algunas compras
de mineral y después dejan de funcionar.
Frente a esta situación, el Gobierno aprobó el
13 de junio el Decreto 29165, que crea el Servicio Nacional
de Registro y Control de la Comercialización de Minerales
y Metales (Senarecom) con el objetivo de llevar un registro
de todos los operadores.
El Viceministro de Minería dijo que, de acuerdo con
las estadísticas de las empresas extranjeras, durante
2006 el país exportó 1.200 millones de dólares
oficialmente, pero en datos internacionales, incluidos los
minerales como el renio e indio, figura con más de 2.000
millones de dólares.
Por tanto, dijo, el Estado no controla la producción
y la está perdiendo casi toda por no tener capacidad
de registro y fiscalización.
Los mineros estatales presentaron un proyecto para que Vinto
compre minerales.
Más datos
Las cooperativas no venden directamente porque
no están
agrupadas.
Según expertos, si se unieran, podrían
entregar la carga a la fundidora de Vinto.
De esa forma los cuentapropistas obtendrían
mejores precios por los minerales.
De momento están organizados en federaciones,
pero no empresarialmente.
Los cooperativistas aportan en impuestos, pero
muy poco, según
el Gobierno.
Ese sector depreda los yacimientos para obtener mayores beneficios.
El Estado quiere participar en la cadena productiva
para ser más competitivo.
La
Prensa 23/07/07
Copyright ©2006 La
Prensa.Todos
los Derechos Reservados.
Envie
esa nota a un amigo
