LA
PAZ
Petroleumworldbo.com 18 02 08
Opositores, oficialistas, Gobierno, Corte
Nacional
Electoral (CNE) y analistas demandaron al Congreso Nacional
a debatir y pronunciarse
sobre la polémica convocatoria a referéndum cruceño
sobre el estatuto autonómico a fin de evitar violaciones flagrantes
al estado derecho, la Constitución y las leyes, con consecuencias
políticas y sociales imprevisibles.
La
línea del análisis de los diferentes actores
políticos del Ejecutivo, analistas y parlamentarios
de los estatutos autonómicos se basa en su procedencia "legal
o ilegal" de la convocatoria para el 4 de mayo a un referéndum
para validar el estatuto autonómico cruceño,
que en ausencia de un Tribunal Constitucional, amerita un inmediato
pronunciamiento del Parlamento Nacional.
Se
perfilan conjeturas catastróficas como la división
del país, enfrentamiento entre bolivianos, desobediencia
civil, ausencia de autoridad hasta llegar a un colapso democrático.
"El Congreso de la República debe abrir un debate
sobre este tema (…) no es posible que el Congreso permanezca
al margen de semejante tarea que conlleva tanta importancia",
afirmó el viceministro de Coordinación Gubernamental,
Héctor Arce.
Por
orden del Consejo Departamental, el prefecto Rubén
Costas convocó para el 4 de mayo a la consulta departamental,
para lo cual instruyó se desembolso 10 millones de bolivianos
del presupuesto interno, mientras la Corte Departamental Electoral
de Santa Cruz organiza la consulta.
Según el análisis del viceministro Arce, prefecto
cruceño Rubén Costas y sus colegas de los otros
ocho departamentos fueron seleccionados en las urnas y designados
por el presidente Evo Morales, es decir no fueron electos;
en tanto que los consejos departamentales fueron nominados
a dedo.
En
cambio la CDE cruceña justificó la administración
de ese referéndum para el 4 de mayo argumentando que "se
presume que es constitucional", pese a la evidente violación
de la actual Constitución Política del Estado
y la Ley del Referéndum.
ANALISTAS
El
constitucionalista y ex viceministro Carlos Alarcón,
dijo que no hay cabida para la autonomía departamental
con la actual Constitución Política del Estado
(CPE), por lo que es necesario darle una solución, que
debe pasar necesariamente por el Congreso Nacional.
En
consecuencia dijo que los estatutos autonómicos
que pretendan validarse en un referéndum, también
carecen de legalidad. "Es necesario un inmediato pronunciamiento
del Legislativo", agregó.
A
su vez el analista político, Carlos Cordero, considera
que el Congreso Nacional es quien debe definir en el marco
de un análisis y debate, sobre la determinación
que tomaron las autoridades de Santa Cruz de efectuar el 4
de mayo el referéndum para aprobar sus estatutos autonómicos.
Ve
un momento delicado que puede verse complicado sino hay un
debate
político profundo en el primer Poder del Estado,
pues se perfila una cadena de conflictos a partir del referéndum
para sus estatutos, que puede verse reproducido no sólo
en Santa Cruz sino en los departamentos que propugnan las autonomías.
"El Congreso Nacional debe intervenir para que no se
cometa un atropello a la Constitución Política
del Estado, y sobre todo, para lograr una salida rápida
política, jurídica y constitucional y evitar
con ello no existan enfrentamientos y tampoco se produzca una
desinstitucionalización y fractura del orden institucional
democrático en el país", aseveró.
A
su vez, el constitucionalista y ex legislador, Benjamín
Miguel Harb, calificó como una vulneración de
la norma jurídica y un peligro para la unidad del país
la decisión de la Corte Departamental de Santa Cruz
de administrar el referéndum cruceño, toda vez
que "ese tipo de consulta podría terminar descuartizando
al país".
Por
lo que desde su punto de vista, el Gobierno tiene todos los
argumentos para iniciar un proceso a los vocales de la
Corte Departamental Electoral de Santa Cruz por el delito de
prevaricato y exceso de ejercicio de atribución. "es
urgente el pronunciamiento del Congreso Nacional", agregó.
OPOSITORES Y OFICIALISTAS
Dos
senadores de la alianza política de oposición
Poder Democrático Social (Podemos) coincidieron que
el referéndum autonómico convocado por el prefecto
de Santa Cruz, Rubén Costas, para validar su estatuto
autonómico, no es legal, sino anticonstitucional.
El
senador Carlos Böhrt calificó la intensión
del referéndum como inconstitucional mientras la Carta
Magna no incorpore en la estructura del Estado boliviano el
régimen autonómico.
"Ese evento plebiscitario es inconstitucional, no tiene
bases en la Constitución. ¿A quién le
corresponde dilucidar esto? al Tribunal Constitucional, pero
ya sabemos que el Tribunal está descabezado", afirmó a
tiempo de señalar que es el Congreso el que debe asumir
una posición este proceso.
De
su parte, el senador Luís Vásquez Villamor,
también de Podemos, dijo que la CDE de Santa Cruz no
puede administrar el referéndum para validar el estatuto
autonómico, al margen de que haya sido redactado por
un grupo de destacadas personalidades cruceñas, porque
esa entidad lamentablemente no tiene ninguna competencia ni
mandato popular.
Vásquez Villamor dijo que los estatutos autonómicos
redactados por los consejos departamentales de Beni, Pando,
Tarija y Santa Cruz, bien podrían ser presentados o
propuestos como proyectos de ley, para que sobre esa base el
Congreso Nacional sancione una ley que permita realizar la
consulta departamental en el marco constitucional y legal.
El
jefe de bancada del MAS, César Navarro, dijo que
su partido está dispuesto a debatir este tema en el
Congreso para darle una salida urgente.
Además manifestó que están dispuestos
a acelerar el proceso de elección de magistrados del
Tribunal Constitucional para que defina la legalidad de una
serie de acciones que promueven los autonomistas.
CNE - TRIBUNAL
El
presidente de la CNE, José Luis Exeni, reconoció que
ellos no interpretan las leyes, sino que corresponde a otras
instancias como el Parlamento Nacional y el Tribunal Constitucional.
Por
ello dijo que para el tema de los referéndums
para estatutos deben ser pronunciados por las instancias correspondientes
como el Congreso nacional.
"No es parte de nuestras competencias el interpretar
la ley, si hay una norma que es objeto de interpretación
le corresponde al Congreso. En estos temas nuevos existen temas
de debate normativo y político, y lo que vamos a pedir
es claridad en la norma para tomar competencia", afirmó Exeni.
Aclaró que cumplen con la tarea técnica administrativa
de verificar las firmas y luego la convocatoria a los referéndums
para retomar el trabajo técnico.
"Estos procesos son parte del ámbito de democratización
del país, es bueno leer todos estos mecanismos como
parte de democracia de alta intensidad a la que estamos avanzando",
agregó.
Exeni
manifestó que es imprescindible y urgente contar
con un Tribunal Constitucional y que también depende
del Congreso Nacional.
Rq ABI
Nota
de ABI
ABI 17/02/08
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