LA
PAZ
Petroleumworldbo.com 20 02 08
Para superar la crisis política, el Gobierno
planteó conformar una Comisión Especial, unificar las agendas
del nuevo texto constitucional y las autonomías departamentales, pero
Podemos y el MNR respondieron que "es legal" el estatuto autonómico
de Santa Cruz y desconocieron al proyecto de la nueva Constitución Política
del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente.
El
pleno del Congreso, en su afán de recuperar sus
atribuciones como primer poder del Estado y con el quórum
correspondiente, inició el debate político con
el propósito de impedir que comités cívicos
u otras organizaciones se asuman prerrogativas legislativas
que no les corresponden, como llevar adelante el referéndum
sobre el estatuto autonómico de Santa Cruz el próximo
4 de mayo.
En
ese marco, el presidente nato del Congreso Nacional, Álvaro
García Linera, propuso a los congresistas que el Poder
Legislativo reasuma su función de primer Poder del Estado
e inicie la búsqueda de acuerdos en el marco del consenso,
el respeto a la Constitución Política del Estado
y las normas vigentes en el país para superar la crisis
política.
Demandó concretar un acuerdo político que permita
viabilizar la unificación de las agendas del nuevo texto
constitucional y los estatutos autonómicos, además
de consolidar en uno sólo los referéndums dirimidor,
autonómico y de revocatoria de mandato.
Que
se conforme una Comisión Especial de Alto nivel
entre las cuatro fuerzas políticas para que elabore
recomendaciones de corrección al nuevo texto constitucional
y de los estatutos autonómicos, las mismas que serán
puestas a consideración de la Asamblea Constituyente.
Además, García Linera pidió priorizar
la aprobación de la Ley de Desastre Natural, un acuerdo
político económico, la elección de las
autoridades del Poder Judicial y otros temas a ser considerados
en la comisión de alto nivel.
Sin
embargo, el opositor Poder Democrático Social
(Podemos), secundado por el MNR, cerró filas en defensa
del referéndum cruceño convocado por el prefecto
Rubén Costas que intenta validar el estatuto autonómico
redactado por un grupo corporativo.
El
diputado y presidente de la junta autonómica de
Santa Cruz, Carlos Klinsky (Podemos), desconoció la
legalidad del nuevo texto constitucional aprobado por la Asamblea
Constituyente, el 9 de diciembre de 2007 en Oruro.
Y,
por el contrario, afirmó la "legalidad y constitucionalidad" de
la consulta autonómica del 4 de mayo, para validar el
estatuto autonómico cruceño, por lo que aseguró que
la única solución para establecer un acuerdo
político nacional es aceptar "el fracaso" de
la Asamblea Constituyente y que el Congreso "reencauce
la legalidad" de ese proceso.
"El tema de lo que significa la puesta en vigencia de
los estatutos autonómicos, ni el Poder Ejecutivo ni
el Legislativo tienen las atribuciones establecidas en los
artículos 96 y 60 de Constituyente vigente de definir
de lo que es legal o ilegal, la única entidad que puede
hacer eso es el Tribunal Constitucional", aseguró,
a sabiendas que ese tribunal se encuentra paralizado por falta
de quórum.
"El único camino para hacer un verdadero cambio
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es el reconocimiento
del estatuto autonómico que ya no tiene vuelta, por
lo que la voluntad de este Congreso no debe ser la confrontación
o llamar a las Fuerzas Armadas o la Policía", advirtió Klinsky.
"La Asamblea Constituyente ha fracasado porque no ha
sido capaz de redactar un documento que incorpore todos los
sentimientos de los bolivianos, por lo tanto si no se reencamina
el proceso constituyente en un ambiente de consenso no se podrán
consolidar los cambios", manifestó el podemista.
Con
ese criterio coincidieron el presidente de la Cámara
de Senadores, Óscar Ortiz, y el titular de la Comisión
de Constitución Luís Vásquez Villamor,
ambos también de Podemos.
A
su vez, el diputado por Unidad Nacional (UN), Alejandro Colanzi,
sugirió que el Congreso Nacional retome el
diálogo nacional convocando a los asambleístas,
prefectos, comités cívicos y Poder Ejecutivo
para encontrar una solución a la crisis política
por la que a traviesa el país.
Además, demandó aprobar a la brevedad la ley
contra la corrupción para acabar con los delitos de
cuello blanco.
Sin
embargo el diputado, René Martínez (MAS),
dejó claro que la posición intransigente de la
oposición muestra que existen dos agendas que están
polarizando al país; una que busca concretar cambios
estructurales a través de una revolución democrática
en respeto a la Constitución y las leyes vigentes.
Y
otra que no respeta la normativa vigente e impulsa iniciativas
de confrontación y división de la integridad
del territorio nacional.
"La oposición señala que lo que no está escrito
en la Constitución es permisible, y eso es un absurdo
jurídico, porque de ser así vía una resolución
prefectural se declararía emperador a un Prefecto y
como eso no prohíbe la Constitución habría
que admitirlo", acusó.
En
ese escenario se declaró cuarto intermedio hasta
las 17.00 de este miércoles para retomar el debate,
previa reunión de jefes de bancada que se iniciará a
las 15.00 para sintetizar las propuestas y definir la agenda
de debate, y en caso de no alcanzar un acuerdo declarar cuarto
intermedio por tres o cincos días el debate congresal.
Sin
embargo, el Vicepresidente de la República manifestó que
en caso de que no haya voluntad de diálogo y sin condicionamiento
y la búsqueda de acuerdo no funciona "habrá que
prepararse para lo que venga".
"Tenemos que acudir al diálogo y la legalidad.
El Estado tiene sus principios para defender sus institucionalidad
que se basan en hechos constitucionales", manifestó García
Linera.
Lcr/Dgav ABI
Nota
de ABI
ABI 20/02/08
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