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Nuevas denuncias en Yacimientos complican la situación de Ramírez
SANTA CRUZ
Petroleumworldbo.com 19 03 09Ejecutivos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de La Paz denunciaron ayer que el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez, dispuso arbitrariamente el congelamiento de más de Bs 41.000 de los aportes laborales de esta organización para reforzar la campaña del referéndum constitucional.
Además, otras fuentes señalaron que hubo irregularidades en la adquisición de medidores de gas domiciliario. El principal dirigente de la organización gremial, Tomás Jiménez, en contacto telefónico con El Deber afirmó que, en primer lugar, se recaudaron ingentes sumas de dinero (10 por ciento del sueldo) a nombre de MAS Petrol, recursos que fueron recolectados en forma obligatoria y mediante los cuales se garantizaba la estabilidad laboral de los trabajadores, y segundo, servían para pagar la campaña del referéndum.
A su vez, el dirigente Ramiro Saavedra indicó que existen serias irregularidades en la adjudicación de medidores de gas domiciliario en la Sede de Gobierno.
Agregó que ellos se vieron coartados para hacer denuncias porque desde la gestión del ex titular de YPFB, Guillermo Aruquipa, se promovió el paralelismo sindical, y desde la Presidencia se fomentó otro sindicato con trabajadores contratados por tres meses y que eran encargados de presionar a la federación paceña.LOS MEDIDORES
Por su parte, el titular de las micro y pequeñas empresas instaladoras de redes de gas, Luis Escalera, dijo que en la gestión de Ramírez, YPFB adquirió 18.000 unidades de medidores de gas de mala calidad y con sobreprecio.
"En su momento hicimos conocer que los medidores que llegaron son mezcla de coreano, argentino y hasta un poco de lo nacional. Estos medidores son de mala calidad", manifestó.
Los dirigentes enviaron cartas al Ministerio de Hidrocarburos y al Ministerio de Transparencia para que tomen cartas en el asunto.
No obstante, hasta el momento no obtuvieron respuesta de esas instancias.
En YPFB indicaron que Villegas brindará hoy una conferencia sobre las supuestas irregularidades y también se referirá al contrato YPFB-Catler Uniservice.LAS MEDIDAS EN CAMIRI
Alrededor de 30 trabajadores de YPFB, con el apoyo del Comité Cívico, decidieron tomar la gerencia distrital de Camiri, debido a que algunos de ellos fueron retirados pese a ser funcionarios antiguos, mientras que otro tanto cumplió su contrato eventual. Sin embargo, tenían el compromiso de la petrolera de renovarles sus contratos indefinidamente.
La presidenta del Comité Cívico de Camiri, Carmen Palenque, dijo que el convenio establecido el año pasado con el ex ministro Carlos Villegas (ahora presidente de la estatal) y los ejecutivos de YPFB, fue incumplido en un 100 por ciento, por lo tanto exigió la renuncia de Villegas y dio plazo hasta el próximo martes para que atienda sus demandas. Mientras tanto, en Santa Cruz, el dirigente del Distrito Comercial Oriente, Wilson Aparicio, denunció el retiro ilegal de seis funcionarios, que tenían entre 15 y 20 años de antigüedad.IMPEDIRÁN QUE "EL TICOCO" SALGA LIBRE
Luis Mamani, fiscal asignado al crimen del empresario tarijeño Jorge O'Connor, anunció que impedirá, mediante la presentación de elementos de prueba, el beneficio de libertad condicional a favor del imputado Luis Fernando Córdova, alias "El Ticoco".
El pedido de libertad interpuesto por Williams Sánchez, abogado defensor de Córdova, ante el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, fue suspendido debido a que no se notificó a la parte querellante, en este caso a la esposa del empresario tarijeño y su hermano Miguel O'Connor.
"Existen fundamentos para que el señor Luis Fernando Córdova no salga beneficiado de esa audiencia judicial para que no salga libre, ya en la audiencia que será fijada por el juez Dávila vamos a fundamentar, pero ahora no voy a adelantar criterio", dijo Mamani.
Por su arte, el abogado de Córdova señaló que tras 47 días de investigación, la Fiscalía no demostró la implicación de su cliente en este asesinato, suscitado el 27 de enero pasado, en la casa 601 de la avenida Tejada Sorzano, al considerar que el único indicio que tenía el Ministerio Público fue la declaración del detenido Franz Michel Rodríguez Caero, cuya versión fue desmentida por el propio imputado.MINISTRO ARCE DEFIENDE SU ACTUACIÓN
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, aseguró ayer que no existe ningún tipo de restricción legal para realizar una protocolización en cualquiera de los nueve departamentos del país, al referirse a su actuación en el caso Catler Uniservice.
La autoridad gubernamental apeló a una ley del año 1858 para defenderse de las supuestas irregularidades registradas en la protocolización del contrato de fideicomiso suscrito en Oruro y no en La Paz a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande Santa Cruz.
"No existe ninguna restricción legal para hacerlo en cualquier punto del país, eso está establecido en una ley de 1858, si la memoria no me falla, pero debe quedar claro, ustedes conocen al senador Guiteras y la población sabe su tarea política", manifestó.LA DEFENSA DE SANTOS RAMÍREZ DICE QUE
PLANTA SERÁ ENTREGADA EN EL PLAZO
José Luis Paredes, abogado defensor del ex presidente de YPFB Santos Ramírez, aseguró, ayer miércoles, que la empresa estadounidense Gulsby Process Systems, subcontratada por la asociación accidental Catler Uniservice, entregará las obras para la instalación de la planta de extracción de líquidos (gasolina natural y gas licuado de petróleo) en Río Grande, Santa Cruz.
Informó que las comisiones técnicas y abogados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se reunieron el 18 de febrero en los Estados Unidos con el presidente de Gulsby y otros ejecutivos que demostraron que se realizan las obras y se cumplen con los trabajos en la forma que ha pedido Catler Uniservice. "Por lo tanto se están respetado los términos del contrato", agregó.
Explicó que para este trabajo la estatal petrolera desembolsó 35 millones de dólares, de los cuales 13.3 millones fueron invertidos satisfactoriamente en esta labor, al considerar que la empresa Gulsby cumplirá el contrato y antes de los plazos establecidos.
"El avance de la obra fue objetivamente comprobada no por nosotros, sino por los comisionados", dijo.
Nota de Correo del Sur
Correo del Sur 03/19/2009
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