LA
PAZ
Petroleumworldbo.com 16 05 08
El presidente de la Cámara Americana de Comercio
de Bolivia (Amcham), José Luis Contreras, advirtió este jueves
que resultado de la política de nacionalización aplicada por
el Gobierno en el sector de hidrocarburos y telecomunicaciones tendrán
su efecto a largo plazo en la disminución de inversiones.
Contreras
explicó que la recuperación de las
acciones en las empresas petroleras puede entenderse como una
continuación de la política aplicada desde mayo
de 2006; sin embargo, consideró que la nacionalización
de Entel, resulta ser más "política que
estratégica".
El empresario
consideró que el proceso nacionalizador
debió darse de acuerdo a los resultados que cada sector
presenta dentro de la economía, porque por ejemplo Entel
es una empresa productiva en el mercado competitivo.
No obstante,
indicó que este tipo de políticas
mermará a largo plazo la inversión extranjera
en el país, la cual en la actualidad se encuentra alrededor
de los 180 millones de dólares, muy baja en comparación
con la de otros países.
Si bien
a través de los nuevos impuestos aplicados
al sector de los hidrocarburos se logró captar un mayor
ingreso para el país, éste sólo está manteniendo
las reservas y no se las está incrementando.
El presidente
de la Cámara Americana indicó que
toda esta situación que se vive en el país deriva
en una "inseguridad jurídica".
El 1 de
mayo el Gobierno emitió decretos para recuperar
la mayoría accionaria en tres empresas petroleras capitalizadas
-Andina, Chaco y Tranaredes- y en una privatizada - CLHB-,
al igual que la nacionalización de Entel.
Tras esa
determinación, las empresas están
acatando la disposición y realizando la transferencia
de las acciones, en el caso de las petroleras y con relación
a Entel, aún se aguarda el inicio del avalúo
de la inversión realizada para la devolución.
La política del presidente Evo Morales apunta a recuperar
para el Estado todas las empresas estratégicas del país
y considera a los servicios del agua, la energía eléctrica
y la telefonía como "derechos de la población" por
tanto deben ser administrados también por el Estado
y no la empresa privadas.
Nota
de ABI
ABI
15/05/08
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